La titular del Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid, María Isabel Durantez Gil, ha acordado remitir al Juzgado nº 9 de la capital —que ya investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez— una nueva denuncia contra ella presentada por el partido político Iustitia Europa, al apreciar “la posible existencia de una infracción penal” en los audios en los que se le escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
En un auto fechado el 13 de agosto, la magistrada acuerda incoar diligencias previas por delitos que podrían incluir tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y organización criminal, pero a la vez declara la inhibición del procedimiento en favor de su compañero Arturo Zamarriego, titular del Juzgado nº 9, “por estar investigando con anterioridad los mismos hechos”. Este último imputó a Díez a finales de julio y la citará como investigada en noviembre.
La jueza subraya que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las normas de reparto, cuando dos juzgados de la misma circunscripción conocen de los mismos hechos, debe darse preferencia al que primero incoó la causa, en este caso, el nº 9 de Madrid.
El procedimiento original en el Juzgado nº 9 incluye también la citación como testigos —el mismo día que Díez— del abogado Jacobo Teijelo (actual defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán), del empresario Javier Pérez Dolset y del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’.
Con este, ya son tres los juzgados madrileños que han abierto diligencias sobre las actividades de la exmilitante socialista, junto al nº 9 y el nº 2 —que actúa por denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC)—, a la espera de que el nº 26 resuelva otra denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
La versión de Díez
Leire Díez, que fue teniente de alcalde del PSOE en Vega de Pas (Cantabria), defensora de Pedro Sánchez en redes y directora de Relaciones Institucionales en Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, sostiene que el contenido de los audios responde a un trabajo periodístico para un libro sobre las supuestas “cloacas del Estado”, “en ningún caso en nombre de nadie ni en representación de nadie”. “Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, dijo en junio.
El juez del nº 9 admitió a trámite —como solicitó la Fiscalía— la denuncia de Hazte Oír contra Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero descartó investigar el supuesto delito de revelación de secretos por unas fotos íntimas de un fiscal al no mediar denuncia de la persona afectada.
Según el instructor, la denuncia afirmaba que Díez, entonces militante socialista, recibió un encargo para frenar investigaciones de la UCO sobre dirigentes del PSOE. En febrero de 2025 se habría reunido con el empresario acusado de fraude de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, acompañada de Pérez Dolset y Teijelo, ofreciéndole un pacto con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de información contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO.
La acusación sostiene que en marzo de 2025 se reunió también con Rubén Villalba para proponerle protección judicial y un cargo en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de datos que permitieran “desmontar” a la UCO y anular causas que afectan al PSOE. Además, el juez ha citado para el 11 de noviembre a la representante de Hazte Oír y a varios periodistas que publicaron los audios para que declaren como testigos.