Alberto Núñez Feijóo ha activado la alerta electoral y quiere que esa tensión que se traslade a los territorios, de donde necesita la máxima movilización para conseguir esos 10 millones de votos que, a su juicio, le permitirán gobernar en solitario. Una cita con las urnas que el PP no descarta que se adelante ante “el calvario judicial” que espera a Pedro Sánchez a partir de septiembre, motivo por lo que ya se hacen cálculos en varias autonomías para convertirlo en un auténtico superdomingo electoral.
En Génova se encuentran prevenidos ante la posibilidad de que ese escenario se produzca más pronto que tarde pero, en los últimos días, han dejado de utilizar el horizonte temporal con el que situaban en otoño el fin de la legislatura. El propio Feijóo trasladó a sus barones que cree que la intención de Pedro Sánchez pasa por mantenerse en el poder para “defenderse” de los casos de corrupción que cercan al PSOE. “Necesitan al Estado para esconderse porque temen que en un futuro venga un Gobierno que les destape”, ilustró. “Sienten pánico ante la posibilidad de que los españoles digan lo que piensan”, diagnosticó en su intervención ante el Comité Ejecutivo.
En paralelo, algunos presidentes autonómicos tienen la decisión tomada de adelantar sus comicios en caso de que a Sánchez no le quede más remedio que apretar el botón del adelanto electoral. Con el viento a favor por la situación que atraviesa el PSOE y muy cercanas a completar su legislatura se encuentran Castilla y León y Andalucía.
En el primer caso, según las fuentes consultadas por Artículo14, el presidente Alfonso Fernández-Mañueco disolvería las cortes regionales si Sánchez adelanta las generales para hacer coincidir las urnas. Su legislatura finalizaría en el primer trimestre de 2026, por lo que se consideraría un adelanto técnico. Castilla y León ya se encuentra preparando este escenario y fija su foco electoral en los electores de entre 35 y 65 años como principal caladero de votos. A ellos, el PP está dedicando buena parte de su estrategia ya con la “tarjeta social”. Transporte gratuito por toda la comunidad para todos los empadronados, entre otras medidas, según detallan en la comunidad.
Aprovechar el “voto castigo”
Mismo ejemplo seguiría el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. De fondo, un presidente autonómico reflexiona sobre la oportunidad que se abre para las comunidades colocando las urnas autonómicas junto a las generales. Podrán nutrirse del “voto castigo a Sánchez” mientras que, si apuestan por respetar los tiempos electorales, esa baza desaparecerá.
“El voto castigo se va a producir una vez, no más”, advierte un presidente autonómico, en conversación con este periódico. Es un análisis que también se contempla en la dirección nacional del PP, en contacto directo con sus Gobiernos autonómicos. Para el PP, todo lo que sea ampliar su base electoral por la vía del descontento ciudadano con Pedro Sánchez es una estrategia bienvenida. Y adelantar elecciones en algunos territorios supondría ser capaces, piensan, de canalizar ese voto “castigo” por la corrupción que cerca al PSOE.
En Baleares, la presidenta Marga Prohens tiene intención de agotar la legislatura aunque, explican en su entorno, también valoraría la opción del adelanto según el momento que elija Sánchez. En Extremadura, son varias las veces que la presidenta María Guardiola ha amagado con adelantar elecciones ante la inestabilidad política y tampoco descarta la fórmula.
Situación distinta vive Galicia, la Comunidad Valenciana o Aragón. En estos momentos, no se plantean una campaña electoral y dudan de que fuese ventajoso para sus intereses tomar esa iniciativa si el escenario nacional cambia. Además, no creen que el líder del PSOE esté pensando en adelantar elecciones. “Sánchez no adelanta ni aunque le cojan con las manos en la mesa”, reflexionan en el Gobierno de Jorge Azcón.
En Comunidad Valenciana ni se plantean ese debate, que sí apareció en el despacho de Carlos Mazón tras la Dana. “Nosotros estamos en la reconstrucción”, zanjan en el entorno del presidente valenciano. Y es que, sus tiempos y su situación es totalmente diferente por el reto al que se enfrenta el jefe del Consell.
“Derogar el sanchismo”
Más allá del posible calendario electoral, Feijóo quiso enseñar a su partido cuáles serán las primeras cartas maestras que descubrirá cuando llegue a La Moncloa. Una legislatura que prometió reformista para “sanar la democracia”. Y es por eso que, anunció, llegará a septiembre con un listado de “leyes sanchistas” para derogar y otro con las normas legislativas a “sustituir”. El PP siempre ha hablado de revertir la ley de Vivienda, memoria, Trans y Amnistía. “Para que el primer día del nuevo Gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo”, dijo.
Además, a puerta cerrada, Feijóo sacó pecho de su “fortaleza” electoral frente a un PSOE que dibujó en una situación “muy complicada” e “incapaz de digerir la realidad demoscópica”. Según ha podido saber este medio por fuentes presentes, el líder popular dio credibilidad a las encuestas que en estos días sitúan al PSOE en la horquilla de los cien diputados –sin posibilidad de revalidar La Moncloa por la caída de su izquierda- mientras que el bloque de la derecha sumaría 207 diputados, según el sondeo de Sociométrica.
Con esos datos, Feijóo quiso comprometerse todavía más a gobernar sin Vox, como explicitó en el Congreso Nacional de julio. “El PP puede gobernar solo”, sin Vox, es la frase con la que quiso despejar las dudas entre los suyos en una reunión con muchas ausencias como la del presidente de Aragón, su homóloga en Baleares o en la Comunidad de Madrid, debido a su agenda oficial. Aun así, este mensaje lo podrán oír repetido el jueves, pues feiFeijóo se dirigirá a los medios para hacer balance del curso político y en Génova saben que Vox será uno de las preguntas de la prensa.