El Gobierno de Pedro Sánchez vació de contenido el pleno escoba de este martes en el Congreso de los Diputados, el último del curso político hasta después del verano, precisamente para reducir el riesgo de sufrir una nueva derrota. Ni las negociaciones para aprobar la ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, ni para superar el debate de totalidad de la reducción de la jornada laboral, habían llegado al necesario punto de cocción para evitar un nuevo varapalo parlamentario.
Las dos normas han quedado fuera del pleno que marca el inicio de las vacaciones parlamentarias, que arranca a las 11.00 horas con Sánchez ausente, de viaje oficial en latinomérica. Y se disponen a saldar el curso sin atisbos de avances hacia la confección y aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado: esto es, sin poner siquiera la primera piedra para construir una ley que permita superar las cuentas de 2023, prorrogadas durante los dos últimos ejercicios.
La sucesión de golpes que le propinó Junts per Cataluña en el último pleno extraordinario antes de las vacaciones veraniegas de 2024 les generó dolor durante bastante tiempo. Además, tras el estallido del escándalo de supuesta corrupción del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán -hoy en prisión provisional-, Sánchez rechazó someterse a una cuestión de confianza y Moncloa hizo muchos esfuerzos por vender que aún tienen las riendas de la mayoría parlamentaria. Se demuestra “ganando votaciones”, afirmaron entonces.
Este martes, Podemos amenaza con ponerlos frente al espejo. En concreto, el partido de Ione Belarra advierte de que votará en contra de convalidar el real decreto ley de medidas tras el apagón del 28-A. La norma que, según el portavoz morado, Pablo Fernández, “no toca un pelo del oligopolio eléctrico”, bebe del informe sobre las causas del corte de energía que redactó un comité creado por el Gobierno.
El mismo organismo que Iberdrola ha llevado ante el Tribunal Supremo para exigir que lo invalide. Pero la norma “atiende lo que las grandes energéticas susurran al oído al Ministerio”, acusó Fernández en rueda de prensa el lunes. A esto añadió que el Gobierno “ha colado” una subvención a las macrogranjas en el texto, algo que también rechazan.
El decreto tiene el aval público de organizaciones como Greenpeace, pero los morados entienden que sus medidas no impedirían nuevos apagones, ni acotarían el ámbito de actuación de las energéticas. El texto, según fuentes conocedoras de las conversaciones en el lado socialista, “ha recogido las aportaciones de todos los grupos”, menos de Podemos y del PP, que son quienes no accedieron a reunirse con el Gobierno, abundan. Vox, como es habitual, ha quedado fuera de estas rondas. A Podemos, como al PP, se les remitió el texto y no consta que formularan aportaciones.
Una vez más, el Gobierno vuelve a la casilla de salida: a intentar salvar contrarreloj un escenario que se antoja muy complejo, con la aritmética parlamentaria en contra. Mientras en el PSOE afirman que hay conversaciones abiertas con los morados, también afirman que su voluntad de buscar una salida es escasa.
Por su parte, desde Podemos inciden en que llevan tiempo advirtiendo de que su relación con el Gobierno, que ya llegó muy tocada al estallido del caso Cerdán, ha cambiado. Votarán lo que consideren beneficioso para la mayoría social, suelen repetir y tumbarán todo lo que no cuadre con sus posiciones políticas.
Contando con Junts per Catalunya, que aún no ha desvelado sus posiciones, con José Luis Ábalos y con Àgueda Micó (Compromís), como máximo sumarán 175 votos a favor de convalidar el decreto. Si en el bloque contrario no hay bajas, PP, Vox, Podemos y UPN igualarán esa cifra, y por lo tanto el decreto ley, ya en vigor, descarrilará. No se contempla una abstención de Vox, pero tampoco hay signos de que el PP se mueva en esta dirección.
En el PSOE descartan la abstención del PP
“El PP nunca, nada”, sintetizan desde la cúpula socialista. En un contexto de guerra total entre los dos grandes partidos, con los de Alberto Núñez Feijóo tildando de “mafia” a los socialistas por los casos de Cerdán, Ábalos o Koldo García, el PSOE contraataca esgrimiendo la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. No hay visos de que ninguno de los dos esté dispuesto a acercar posturas.
Los socialistas tienen la convicción de que los conservadores únicamente votan por electoralismo, con la premisa de hacer todo el daño posible al Ejecutivo. Pueden abstenerse cuando Sánchez se garantiza salvar los muebles, pero lo tienen más difícil cuando su voto es decisivo. “Cuando el PP huele la sangre”, sostiene un ministro, siempre opta por morder. Los suyos no creen que este martes se produzca una excepción. Aseguran que el Partido Popular está recibiendo presiones de la industria energética, aunque ven poco probable que les convenzan de rebajar sus posiciones para pasar a la abstención
Por lo pronto, los de Feijóo han rechazado avanzar sus posiciones, y han tratado de centrar la atención en las dificultades del Ejecutivo para lograr los votos que necesita. “El foco está en el bloque de investidura de Pedro Sánchez, no en el PP. La Legislatura arrancó con los 178 votos a favor de que fuera presidente del Gobierno. Entendemos que mantiene intactos sus apoyos”, ironizaron.
Como adelantó Artículo14, además de este decreto el Congreso someterá a debate y votación la convalidación de otros dos decretos leyes: el que oficializará las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por valor de 158.000 millones de euros, y por 28.000 millones para las entidades locales, y el de beneficios fiscales y eventos culturales. Y abordará la reforma del Reglamento para habilitar sanciones a los agitadores ultras acreditados como informadores.
A su vez, dará el ‘sí’ definitivo a tres normas que retornan del Senado; la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), el proyecto de ley de seguros de vehículos a motor y la Agencia Estatal de Salud Pública.
Sin atisbo de Presupuestos
Hace exactamente un año y un día, en el último pleno extraordinario antes del verano, el Ejecutivo recibió un sonoro portazo de Junts con la senda de déficit, la primera piedra para construir unas cuentas públicas. El Gobierno ni siquiera ha hecho el amago de volver a llevarla a la Cámara Baja antes de las vacaciones este año. Técnicamente, tendría tiempo para aprobarla en Consejo de Ministros antes del parón, para después remitirla al Congreso y votarla antes del 1 de octubre.
La frontera para poder presentar los presupuestos en tiempo y forma está delimitada por la Constitución en el último día de septiembre. El año pasado el Gobierno se tragó sus palabras sobre que presentaría las cuentas acorde a lo que establece la Carta Magna, y este año va incluso más rezagado. Durante meses también afirmó que sí se arriesgaría a defender ante el Congreso las cuentas para 2025, y aún no ha asumido públicamente que, en esto, ha tirado la toalla.
Hacienda no aclara si prevé llevar la nueva senda al Consejo de Ministros antes del 29 de julio, cuando el Gobierno bajará definitivamente el pistón de la actividad política. Se remiten a las palabras de la ministra del ramo, María Jesús Montero, que la semana pasada dio patada hacia adelante y se mantuvo en la versión de que efectivamente intentarán impulsar unos nuevos Presupuestos. La voluntad política sigue siendo presentarlos, aseguran en el Ejecutivo, pero de momento no han iniciado siquiera la fase previa.
“Todo lo que tiene que ver con la elaboración presupuestaria seguirá su curso. A lo largo de los próximos meses estaremos en condiciones hablar con los grupos, de ver efectivamente cuáles serán las cuentas para 2026”, respondió la vicepresidenta primera. “Las cosas se plantearán en los momentos oportunos”, remató. A partir del 1 de septiembre, el margen de actuación si aspiran a cumplir la Constitución será de apenas 30 días.
En el PSOE defienden el contenido del texto
El contenido del decreto es bastante técnico. Sin embargo, en el PSOE rebaten a los morados y afirman que el texto sí incluye elementos de control y supervisión del sistema eléctrico: se potencia la función de supervisión del sector eléctrico por parte de la CNMC, y se plantea una evaluación por parte de Red Eléctrica sobre la necesidad de implantar sistemas adicionales para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia de la red.
Según fuentes socialistas, también recoge iniciativas pensadas para evitar futuros apagones, como algunas modificaciones puntuales de la planificación vigente. Y presumen de que favorece el autoconsumo y la hibridación de baterías en plantas renovables, además de agilizar permisos. Ninguno de sus argumentos convence a los morados, cuyos 4 votos decidirán el futuro de la norma.