La instrucción judicial que afecta Fiscal General del Estado llega a su fin. Apenas quedan diligencias por hacer y los mensajes que intercambió los días de la filtración no son recuperables. Pero las fuentes del caso consultadas por Artículo14 aseguran que las comunicaciones de Álvaro García Ortiz que tanta expectación crearon no son imprescindibles para sentarlo en el banquillo.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado “tiene indicios suficientes”, aseguran las fuentes consultadas. “Está clarísimo que fue él”, deslizan. E indican a este periódico que la apertura del juicio oral está cerca.
Movimiento que provocaría la caída de Álvaro García Ortiz. “Con la apertura del juicio oral se aplica la ley orgánica del poder judicial y se le tiene que suspender”, explican las mismas fuentes.
Pendientes hay dos testificales: la de los peritos que firmaron el registro del despacho del fiscal el próximo 16 de mayo y la del querellante, Alberto González Amador el próximo día 23.
Hasta este miércoles, el foco estaba puesto en las comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos e Irlanda para que Whatsapp y Google remitieran al juez Ángel Hurtado toda la información que pudiera recuperar de las cuentas del fiscal, después de que el propio Álvaro García Ortiz borrara su móvil.
Sendas compañías enviaron carpetas zip con metadatos que la UCO no ha conseguido traducir en los mensajes que envió el fiscal general los días de la filtración de datos de González Amador. “No existe ninguna información inédita de interés para la investigación “, reza el informe remitido al juez.
Por tanto, el magistrado no va a poder conocer a ciencia cierta si fue García Ortiz quien pulsó el botón de enviar y remitió a un periodista el polémico correo del abogado de la pareja de Ayuso reconociendo delitos fiscales al fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
Eso es lo que lleva casi un año persiguiendo, pero no es necesario algo tan evidente, según afirman las fuentes del caso. En el informe de la UCO, destacan un correo electrónico recibido por el fiscal general dos horas antes de que se filtrara a la prensa el polémico correo. Lo envió la fiscal jefa de Madrid con la información sobre la denuncia por fraude tributario y falsedad documental interpuesta el 6 de marzo anterior contra González Amador, actualmente en trámite en los Juzgados.
Esto no acredita que el fiscal general tuviera en su poder el correo objeto de la filtración horas antes y, mucho menos, que lo enviara a los medios. Pero sí prueba, al menos, que tenía algunos datos de la pareja de Ayuso y que ya se estaba planteando emitir una nota de prensa aclaratoria desde la fiscalía general.
¿El objetivo? Desmentir que hubiera sido el ministerio público quien había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador, tal y como filtró Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, a la prensa.
Precisamente, a eso tendrá que responder González Amador cuando acuda a declarar testigo el próximo 23 de mayo. Por qué se querelló contra la fiscalía por la filtración de unos datos fiscales cuando fue él mismo el primero en enviar sus problemas con Hacienda a Miguel Ángel Rodríguez para que este los remitiera a los medios.
El caso no escala a Moncloa
Lo único que queda paralizado es que el caso identifique posibles culpables de la filtración en el palacio de la Moncloa. Al no haber mensajes, no se podrá saber si fue García Ortiz quien también hizo llegar a algún alto cargo de Moncloa el polémico correo. Es algo que para el juez Ángel Hurtado está claro. De hecho, en uno de sus autos aseveró que el e-mail salió de la fiscalía general “con destino presidencia del Gobierno”.
Por ello, citó a declarar a la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera. Pero en su declaración dijo no recordar quién le envió el mensaje que después rebotó a Juan Lobato, ex secretario general del PSM, para que usara como arma política contra Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.
Por tanto, sin tener los mensajes de García Ortiz se queda en vía muerta la posible implicación de altos cargos de la Moncloa en el caso.