El accidente ferroviario de Angrois, ocurrido en julio de 2013, sigue proyectando su sombra doce años después. Y no solo por el número de víctimas. También por su recorrido judicial. Largo. Complejo. Y todavía inconcluso.
Cada vez que se produce un gran siniestro ferroviario en España, Angrois reaparece como referencia inevitable. Ocurre ahora con el accidente registrado en Adamuz (Córdoba), cuyas consecuencias legales y económicas apenas empiezan a definirse.
El caso gallego demostró hasta qué punto la determinación de responsabilidades puede alargarse en el tiempo. La investigación judicial se prolongó durante más de una década y no fue hasta 2024 cuando se dictó la primera sentencia condenatoria, aún pendiente de recursos. Durante esos años, las víctimas y sus familias convivieron con informes técnicos contradictorios, recursos continuos y negociaciones interminables con aseguradoras y administraciones públicas.
“No han sido solo años de espera. Han sido años de desgaste personal y emocional”, reconoce Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma de víctimas.
Indemnizaciones automáticas, pero limitadas
Ese precedente es clave para entender lo que puede ocurrir ahora en Córdoba, ya que el esquema indemnizatorio suele repetirse. En una primera fase, los pasajeros y familiares de las víctimas mortales acceden a las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), un mecanismo automático que no exige probar culpa. Este sistema garantiza cantidades prefijadas y la cobertura de los gastos médicos, pero ofrece importes limitados en comparación con el daño real sufrido.
“El SOV sirve para lo inmediato, pero no repara el daño real”, denuncian las víctimas de Angrois, que siempre han considerado estas cuantías claramente insuficientes para una tragedia de esta magnitud.
La responsabilidad civil, la fase decisiva
El grueso económico llega después, cuando se depura la responsabilidad civil del accidente. Es entonces cuando entran en juego las aseguradoras de las empresas implicadas y las indemnizaciones pueden multiplicarse. Para calcularlas, los tribunales suelen aplicar el baremo de accidentes de tráfico, que permite valorar factores como la edad de las víctimas, las secuelas permanentes o el impacto en su vida laboral y personal.
En el caso de Angrois, ayer la Audiencia de A Coruña confirmó la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, de modo que la aseguradora QBE deberá asumir indemnizaciones que superan los 22 millones de euros. De esa cifra, alrededor de 12 millones corresponden a familiares de las personas fallecidas y 10 millones a víctimas que sufrieron lesiones como consecuencia del siniestro.
La sentencia no ha satisfecho a las víctimas, que critican que la Audiencia haya absuelto al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, condenado en primera instancia, dejando al maquinista como único responsable penal, mientras se mantiene la responsabilidad civil solidaria del operador ferroviario.
Una causa difícil de acotar
En Angrois, el proceso estuvo marcado por la dificultad de señalar una causa única. El debate técnico sobre los sistemas de seguridad, el diseño de la infraestructura y las decisiones operativas retrasó durante años cualquier resolución firme. Algo parecido podría suceder en Córdoba, donde la investigación deberá aclarar si el origen del siniestro se encuentra en el estado de las vías o en posibles fallos de mantenimiento.
“Cuando la responsabilidad se diluye, el riesgo es que nadie responda del todo”, advierten desde las asociaciones gallegas.
Más actores, más retrasos
La complejidad aumenta cuando entran en juego varias empresas: contratistas, subcontratas, obras recientes. Cada actor añade una capa más al procedimiento y los plazos se alargan. En estos escenarios, las indemnizaciones finales no dependen solo de una sentencia penal, sino también de acuerdos posteriores entre aseguradoras.
“Al final, las decisiones se toman entre grandes compañías mientras las víctimas siguen esperando”, denuncian.
Una advertencia para Córdoba
Las víctimas de Angrois saben que los procesos indemnizatorios en grandes accidentes ferroviarios no son rápidos ni sencillos. La combinación de peritajes técnicos, recursos judiciales y negociaciones económicas convierte la obtención de una compensación en un recorrido largo, incierto y desgastante.
“No pedimos privilegios. Pedimos justicia y tiempos razonables”, insisten las víctimas.
Para los afectados por el accidente de Córdoba, el precedente gallego funciona como advertencia. El reconocimiento del daño puede llegar. Pero el recorrido hasta él suele ser lento, incierto y, en demasiadas ocasiones, insuficiente.