La cuenta atrás para la entrega de Daniel, el hijo de once años de Juana Rivas, a su progenitor, Francisco Arcuri, prevista para este próximo viernes sigue en marcha. El equipo jurídico de la madre protectora de Granada ha vuelto a mover ficha. En esta ocasión, ha enviado un escrito a Félix Bolaños, ministro de Justicia, quien ayer confesaba que se le había quedado “mal cuerpo” al escuchar al pequeño a las puertas del Punto de Encuentro Familiar asegurar entre sollozos que temía por su vida.
En el escrito, los abogados de Juana Rivas solicitan al Ministerio de Justicia que actúe como “Autoridad Central Española” y aplique la excepciones recogidas en el Convenio de la Haya.
Autoridad Central Española
Según adelanta el diario Público, el equipo jurídico pide la intervención de Justicia “para que, en el marco de sus competencias, en cuanto que Autoridad Central Española, se forme expediente con la documentación que se aporta y toda la documentación obrante en sus archivos y, al objeto de salvaguardar el Interés Superior del Menor, en aplicación de las excepciones previstas en el Convenio de la Haya de 1980 (arts. 13 y 20) y del Reglamento UE 2019/1111, se suspenda la entrega de Daniel A. R. a su padre, Sr. Arcuri, hasta que éste sea juzgado en Italia por maltrato a sus hijos”.
El Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores establece un marco legal para proteger a los menores del traslado o retención ilícitos en el extranjero por parte de uno de sus progenitores, y busca asegurar su restitución inmediata al país de residencia habitual.
Denegarla si hay riesgo
No se trata de un instrumento penal ni aborda directamente la violencia intrafamiliar o de género, aunque sí contempla excepciones a la restitución del menor, entre ellas la violencia.
El Convenio de La Haya de 1980 no prohíbe directamente la entrega de menores en casos de violencia, pero permite a los jueces denegarla si se demuestra que hay un grave riesgo para el niño. Esa excepción ha sido clave en muchos casos donde el traslado del menor se ha hecho como forma de huida frente a situaciones de violencia familiar o de género.