Miedo al agresor y a la reacción que pueda tener con ellas o con sus hijos, inseguridad, sentimientos de vergüenza, temor a no ser creídas, dependencia económica o falta de información. Estas son algunas de las razones que, según nos dice Andrea Cabezas, víctima de violencia de género y presidenta de la asociación Stop Violencia Vicaria, explican que una mujer tarde una media de ocho años en denunciar el maltrato o que el 80% no llegue nunca a hacerlo.
“Cuando por fin lo hacemos, nos encontramos a menudo con otro tipo de violencia, la institucional, y puede empezar en la misma garita de la Guardia Civil, cuando los agentes que atienden restan importancia a lo sucedido y minimizan su sufrimiento. Es algo que está sucediendo, incluso con agentes que han sido formados, y el resultado es una revictimización de la mujer que está sufriendo maltrato, una mayor vulnerabilidad”, explica.
Cabezas cree que habría una manera de impedir esta situación. “Antes de la denuncia ante la Guardia Civil, habría que ofrecer asistencia psicológica y legal a la mujer que está siendo maltratada. Cuando el primer paso es la comisaría y no encuentra una atención adecuada, unos recursos de apoyo, ni siquiera puede hacer un relato completo del maltrato debido a su inseguridad y vulnerabilidad. Esto tendría que cambiar ya”.
“Esto no va a llegar a ninguna parte”
En Stop Violencia Vicaria, algunas mujeres describen que en los cuarteles de la Guardia Civil han tenido que escuchar expresiones como “Piénsatelo” o “Esto no va a llegar a ninguna parte”. “Es un muro de insensibilidad que puede cortar en seco la intención de denuncia”. En su opinión, hay muchas cosas que deberían modificarse. “Pero no hay conciencia política ni ciudadana. Lo estamos viendo en las redes sociales o incluso en algunos ámbitos políticos, donde se niega la existencia de violencia de género. Todo ello lleva a perpetuar el silencio de quienes lo sufren. Empezaríamos a remediarlo si esta negación fuese considerada delito de odio y tuviese su condena correspondiente”.
Este bloqueo que denuncian las asociaciones forma parte, según explica Cabezas, de la violencia institucional que se vive a veces en todos aquellos organismos públicos que deberían protegerla. En su lugar, se encuentran con un trato insensible, demoras injustificadas, falta de apoyo real y desinformación sobre derechos y recursos. “La desconfianza es grande y aumenta si tenemos en cuenta que, de las 199.000 denuncias que se tramitaron en 2024, solo 30.000 tuvieron condena”, lamenta.
La Guardia Civil recibe formación especializada continua y específica para la atención y protección de las víctimas de violencia de género a través de los Equipos Mujer-Menor (EMUME) y los Equipos VioGén. Son equipos que deberían conocer los protocolos de actuación, la psicología del trauma, técnicas de entrevista y la legislación oportuna. La realidad que describe Cabezas es otra. Insiste en que no se está dando un apoyo suficiente ni se están adoptando las medidas necesarias cuando un maltratador está en riesgo su integridad e incluso sus vidas y las de sus hijos, que, por otra parte, quedan en “absoluto desamparo desde que denuncian”. Matiza que esta queja no es, ni mucho menos extensible a toda la Guardia Civil. “La situación es desigual y no hablamos solo de la España rural. Ciudades como Zaragoza ni siquiera están adheridas al protocolo VioGén, mientras que en Burgos, por ejemplo, el funcionamiento es impecable”.
Son miles de mujeres, como las que representa Stop Violencia Vicaria, las que sufren una situación que denuncian desde hace tiempo las asociaciones de guardias civiles: los equipos VioGén no cuentan con el personal suficiente ni con los medios necesarios para gestionar el aumento de casos y una tarea tan delicada como esta.