Un mensaje llega al móvil en mitad del turno en un cuartel de la Guardia Civil en Monforte de Lemos, en Lugo.
La pantalla se ilumina unos segundos y vuelve a apagarse. Afuera, el cuartel sigue igual: el mismo silencio, los mismos pasillos, la misma jerarquía que ordena quién manda y quién obedece. Pero en ese teléfono acaba de aparecer algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Un vídeo sexual enviado por un superior.
Ese mensaje forma parte de uno de los casos de acoso sexual dentro de las fuerzas de seguridad que han salido a la luz en los últimos días. Según la sentencia del Tribunal Militar Territorial de A Coruña, un brigada destinado en la compañía de la Guardia Civil de Monforte envió durante el servicio varios mensajes de contenido sexual a una guardia civil que estaba bajo su mando.
Los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando ambos coincidían en la plana mayor del cuartel junto a otros agentes. Según recoge la resolución judicial, el brigada realizaba en ocasiones comentarios con doble sentido o insinuaciones que podían interpretarse con connotaciones sexuales. Con el tiempo, esos comentarios se trasladaron también a mensajes enviados a través de WhatsApp.
Vídeos sexuales violentos
En uno de ellos, el brigada remitió a la agente una imagen de carácter sexual que, según el tribunal, tenía la intención de hacer un requerimiento sexual. La mujer le respondió que no le mandara “guarradas”.
Sin embargo, ese mismo día el brigada volvió a escribirle y le envió un vídeo explícito. Según recoge la sentencia, tras unas imágenes iniciales de un incendio aparecía una escena en la que una mujer gritaba mientras era penetrada violentamente por un hombre.
El tribunal consideró probado que el envío de ese material tenía la capacidad de generar un entorno intimidatorio, hostil o humillante para la agente, especialmente teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre ambos y el hecho de que los mensajes se produjeron durante el horario de servicio.
Por estos hechos, el brigada fue condenado a seis meses de prisión por abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual. La sentencia establece además la suspensión de empleo durante el tiempo de la condena y el pago de una indemnización de 4.170 euros por los daños psicológicos. El fallo también reconoce la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, al haberse producido los hechos mientras el agente desempeñaba sus funciones profesionales. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Militar del Tribunal Supremo.
En Canarias se investiga a cuatro policías por agresión sexual, acoso y prevaricación
Mientras tanto, en Canarias, un juzgado de Las Palmas investiga a cuatro mandos de la Policía Canaria tras la denuncia presentada por otra agente del cuerpo. Entre los delitos que se analizan figuran agresión sexual, discriminación por razón de sexo, acoso laboral y prevaricación administrativa. Los cuatro agentes —un inspector, un subinspector, un oficial y un policía— han sido citados a declarar en calidad de investigados mientras continúa la instrucción del caso.
La investigación se encuentra todavía en una fase inicial y el procedimiento tiene carácter reservado. El magistrado instructor tomará declaración tanto a la denunciante como a los agentes antes de determinar cómo se califican los hechos. La agente que presentó la denuncia se encuentra de baja laboral desde hace meses como consecuencia de la situación denunciada.
Entre los mandos investigados se encuentra el inspector Ángel Nichel Acosta, que presidió el tribunal de unas polémicas oposiciones para el ingreso de nuevos agentes en la Policía Canaria. Ese proceso selectivo también se está examinado por parte de la Fiscalía tras varias denuncias de aspirantes que señalaban posibles irregularidades, según informa Diario Socialista.
Tras conocerse la denuncia, la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias abrió una información reservada. Además, decidió trasladar a los cuatro mandos a otra unidad para evitar que coincidieran con la denunciante.
El efecto “DAO”
Aunque pertenecen a instituciones distintas, ambos episodios comparten un rasgo común: la víctima depende jerárquicamente de quien la hostiga.
A estos casos se suma otro episodio reciente que sacudió la cúpula policial. En febrero dimitió el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. Uno de los cargos más altos del cuerpo, después de que una inspectora presentara una denuncia por presunta agresión sexual. La investigación judicial sobre los hechos continúa abierta.
En otros puntos del país también han aparecido denuncias contra responsables policiales. En Alcalá de Henares, al jefe de la policía municipal se le investiga por violencia de género y tiene acusaciones previas relacionadas con acoso laboral y sexual durante su etapa en otro destino.
Asociaciones profesionales y expertas señalan que la estructura jerárquica de estos cuerpos puede dificultar las denuncias, especialmente cuando los hechos afectan a superiores directos. En muchos casos, las víctimas continúan trabajando en el mismo entorno laboral mientras se desarrollan las investigaciones, lo que añade presión a procesos ya de por sí complejos.