Concluido el juicio al fiscal general del Estado y aguardando ya la sentencia, no ha habido mejor test de estrés para una parte de la sociedad que aún mantiene el estribillo de que la justicia no es igual para todos. Si para algo ha servido todo este proceso, ha sido para desmentirlo y para, al mismo tiempo desenmascarar a los que dicen desear ver a los poderosos sentados en un banquillo, pero sufren cuando estos son de su misma adscripción ideológica. En esta España de las trincheras cuando uno de los dos bandos ve en problemas a uno de los suyos les entra una reacción alérgica que les lleva a dudar de todo nuestro entramado democrático y aún más, a criminalizarlo atribuyéndole oscuros intereses.
Pero además, en este juicio han quedado sobradamente acreditados dos de los grandes males de nuestro tiempo. El primero, esta peligrosa costumbre que supone situar en el Código Penal el umbral de la ética y la moral, de modo que todo aquello que no supone un delito no sólo no es moralmente rechazable sino que se aplaude y genera escenas de júbilo. El segundo es que cualquier objetivo político, sea el que fuere, queda plenamente justificado, aunque pase por encima de nuestro ordenamiento jurídico siempre y cuando esté sacralizado por la defensa de un bien mayor.
De esta manera, cuando García Ortiz concluyó su alegato diciendo que “la verdad no se filtra, la verdad se defiende” lo que implícitamente afirmaba es que puede existir un bien superior que se encuentra por encima de la ley y de las obligaciones institucionales del cargo del fiscal general.
En este caso ganar un relato con el que, en ultima instancia, terminar socavando la imagen pública de una adversaria política como Isabel Díaz Ayuso a través de los problemas fiscales de su pareja. Lo que sea con tal de dañar a Ayuso, por ejemplo sacar de un partido de Champions a un subordinado o poner a trabajar a su jefa de prensa dictándole un comunicado con datos confidenciales a las 10 de la noche.
A mí personalmente esto me lleva a una pregunta que carece de relevancia penal alguna para este proceso. ¿El Fiscal General se emplea siempre tan a fondo, y se pone a dictar notas de prensa en todas las fiscalías cuando de ellas se dice algo que no se corresponde con la realidad? ¿El Fiscal General se pone a hacer esto en las 17 fiscalías territoriales de las Comunidades Autónomas, en las 50 fiscalías provinciales y en las 60 secciones territoriales?
Si esto es así cabe pedir un aumento de sueldo inmediato porque debe se extenuante. A menos que la respuesta sea que esto sólo lo hizo en una ocasión y que el fiscal general solo actuó en este caso tan concreto.
Este arrebato de ganar relatos recurriendo a prácticas supuestamente delictivas yo no se la he visto ni al instructor de esta causa Ángel Hurtado, ni a la juez Biedma o al juez Peinado cuando el Gobierno o desde algunos medios se ha insinuado que prevarican o publicado que tienen dos DNI.
Tampoco se tiene noticia de que cuando el Ejecutivo se inventó el bulo de que el ex capitán de la UCO Bonilla quiso asesinar con una bomba lapa a Pedro Sánchez, éste se pusiera a redactar nota alguna y menos todavía revelando datos confidenciales de investigaciones a las que desde luego tenía acceso por razón de su cargo. Esto sólo lo ha hecho el fiscal general del Estado que, por algún motivo, tenía un inmenso interés en formar parte de un entramado con un intenso aroma a operación de Estado. Queda acreditado que, siendo el máximo representante del Ministerio Público, García Ortiz pensó que su trabajo tenía más de lo primero que de lo segundo.