Prudencia. Es la palabra que más repiten los investigadores que trabajan en casos como el de Sandra Peña, cuya competencia recae en los Grupos de Menores. Como reconocen voces expertas a Artículo14, “mucho tendría que derivar de una investigación” como la que lleva a cabo en estos momentos el GRUME de Sevilla “para que también implique a Homicidios”. De hecho, ahora mismo el atestado policial se centra en esclarecer si hubo amenazas, coacciones o delito contra la integridad moral, entendiendo que detrás del suicidio de la menor pudieron confluir varios factores, aún siendo el acoso el punto de partida.
Qué, quién, cómo, cuándo y dónde. El trabajo policial se centra en elaborar un informe para la Fiscalía de Menores que responde a estas cuestiones. Desde las circunstancias ambientales -si fue en el colegio, en el patio o incluso fuera del centro, o en el ámbito de las redes sociales- a quién estaba presente o podía tener conocimiento del acoso. “Es un ámbito complicado de trabajar”, reconocen los agentes que se han enfrentado a investigaciones similares para quienes su máxima es la discreción. Su intervención, al estar ceñida al ámbito de los menores, siempre la tratan con la mayor de las cautelas.
“Todo tiene consecuencias”
Ni siquiera es fácil la toma de declaraciones. “¿En calidad de qué?”, preguntan de inmediato. Porque no sólo varía el procedimiento según si se valora el interrogatorio como testigo o investigado, sino que al ir de la mano de la Fiscalía de Menores muchas veces se procede directamente en ese ámbito y no en el policial. Precisamente, las pesquisas iniciales van destinadas a esclarecer lo máximo posible los hechos a tratar. Sobre todo si, como en el caso de Sandra Peña, la edad de las menores investigadas se mueve en la frontera de la inimputabilidad.
Sandra Peña tenía 14 años cuando saltó al vacío. Pero sus compañeros de clase de 3º de la ESO en el colegio de las Irlandesas de Loreto podrían tener 13 años y no ser condenables a nivel penal. “Lo que no implica que no tengan ninguna responsabilidad”, aclaran fuentes policiales. Es competencia autonómica, pero existen programas de seguimiento de menores inimputables de los que se encargan trabajadores sociales o psicólogos. “Todo tiene consecuencias”, insisten, “aparte de las responsabilidades civiles que puedan tener los padres”.
Las presuntas acosadoras de Sandra
Las primeras informaciones que trascendieron desde el entorno de Sandra Peña apuntaron a varias niñas, a las que incluso se ha señalado con nombres y apellidos. Al ser menores, el procedimiento manda: declararán siempre en compañía de sus progenitores. Si luego la investigación va más allá y entra en el tramo de lo imputable por edad, lo harán también con abogado mediante. En los GRUME han visto de todo tipo de reacciones a partir de ese momento. Y coinciden en señalar que no hay un patrón único en cuanto a la asunción de responsabilidades. Hay menores que no son conscientes de la gravedad del delito cometido como “hay chavales que son mala gente”, destacan, asumiendo que no sea muy popular decir algo así.
“Por eso, hay que ver caso por caso, incluso en Sevilla”, matizan fuentes policiales. En estos momentos, la Fiscalía tiene varios frentes abiertos que abarcan desde el expediente para evaluar la posible responsabilidad del colegio al que se centra en la implicación de las menores y un tercero que investigará la difusión de imágenes difundidas de las presuntas acosadoras, pues como menores que son deben estar protegidas, y sin embargo, ahora mismo también estarían sufriendo presión a través de las redes sociales.
Del patio al whatsapp
Antes, el acoso que sufría el menor en el recreo se cortaba una vez se llegaba a casa. “Ahora no tiene descanso”, explican unos investigadores acostumbrados a recoger casi por defecto en las denuncias de bullying la influencia del teléfono móvil, y no es sólo porque tengan incluso varias cuentas abiertas en la misma red social -una oficial, por así decirlo, y otra oficiosa-, sino que comparten víctimas y acosadores hasta chat de trabajo escolar. “El móvil es su vida”, resumen. Y potencia el daño exponencialmente.
Es clave también en la investigación policial. En este sentido, el GRUME de Sevilla incluirá en el atestado la información trascendente en el caso extraída del análisis del teléfono de Sandra Peña; si tuvo alguna conversación con sus presuntas acosadoras, fotografías o incluso vídeos que puedan reflejar lo sufrido durante meses, según contó el portavoz de la familia en un primer momento. Ahora, guardan silencio.
Investigación bajo secreto
“Por recomendación del GRUME, no daremos más declaraciones”. Es la respuesta que dan en estos momentos por igual tanto el círculo más cercano a la menor como el colegio sevillano que está en el punto de mira y que incluso podría perder el concierto con la Junta de Andalucía según el grado de implicación que tenga finalmente en el desarrollo de esta tragedia. De ahí que se esté interrogando a profesores del centro, además de a los compañeros de Sandra.
La tarea entraña sus particularidades: “Podemos pedir que no hablen con nadie, pero al final lo comentan con sus grupos de amigos o tienen hermanos de distintas edades con los que comparten información… Es difícil controlarlo todo”. Por eso, como en toda investigación policial, reconocen que cuanto antes puedan intervenir siempre es mejor. El objetivo último es evitar que se contaminen testigos o se borren posibles pruebas. A día de hoy, todos los posibles menores infractores son nativos digitales. Están acostumbrados a no dejar rastro. De ahí que los investigadores también sean discretos sobre cómo intervienen. Porque al final, indistintamente de la edad de los culpables que también condicione la pena, el delito como tal nunca será menor por el hecho de que lo cometan menores.