Clare Wood nunca sabrá que su muerte salvó vidas. Era una mujer británica de 36 años asesinada en 2009 por su expareja, George Appleton, en la ciudad de Salford, en Inglaterra. Wood había denunciado a su expareja varias veces por acoso, amenazas y agresiones. Sin embargo, no sabía que él tenía un largo historial de violencia contra otras mujeres, que incluían secuestros y agresiones graves, lo que le convertían en un compañero muy peligroso.
A pesar de sus visitas a comisaría la policía nunca le informó de esos antecedentes, que quizá la hubiesen empujado a extremar las precauciones. Poco después, Appleton la asesinó y después se suicidó.
“Si alguien tiene un pasado violento, las víctimas deben tener derecho a saberlo”
Tras su muerte, su padre, Michael Brown, inició una larga campaña pública pidiendo que ninguna mujer más quedara en la misma situación de desinformación y desprotección. Su demanda era sencilla: “Si alguien tiene un pasado violento, las personas con las que se relaciona deberían tener derecho a saberlo”.
Esa lucha —respaldada por organizaciones feministas— llevó al Ministerio del Interior diseñar un programa piloto en 2012, el Clare´Law, para facilitar este tipo de información. ¿Cómo funciona? Se basa en el derecho a preguntar y a saber.
Derecho a preguntar- “Right to Ask”
Cualquier persona puede pedir a la policía que investigue si su pareja, o la pareja de alguien cercano que les preocupe, tiene antecedentes de violencia de género o lo que entienden como comportamientos de riesgo. A partir de la petición, la policía evalúa el caso y, si consideran que hay peligro real, puede revelar la información confidencialmente a la persona que esté en riesgo.
Derecho a saber- “Right to Know”
La policía también puede, motu proprio, revelar los datos a la víctima de oficio si, en el curso de una investigación, detecta que alguien podría estar en peligro por convivir o relacionarse con un agresor reincidente y peligroso.
¿Qué tipo de información se puede revelar dentro del Clare´s Law? Condenas por violencia de género, acoso, agresión o amenazas, así como antecedentes de comportamiento violento de otra índole conocidos por la policía. Además, si se considera que el riesgo es grave, se pueden revelar datos de denuncias sin condena firme. Toda la información se maneja con criterios de proporcionalidad y confidencialidad, y se comparte solo con la persona directamente en riesgo, no públicamente.
Hasta 2024 se habían realizado más de 60.000 solicitudes, según datos del Ministerio del Interior (Home Office). En muchos casos, esta revelación de antecedentes de maltratadores permitió a mujeres romper relaciones potencialmente peligrosas para ellas.
Críticas por la baja tasa de revelación de antecedentes
No obstante, no todo es tan automático y sencillo y de ahí vienen las principales críticas. Los defensores del Clare´s Law alertan de la baja tasa de revelación de antecedentes que se consuman, solo se aprueba una parte de las solicitudes o por la carga de responsabilidad en la víctima que implica esta medida, en lugar de reforzar la persecución de los agresores.
Aun así, se considera una herramienta de prevención importante, y varios países europeos, como Francia, Irlanda o los Países Bajos, están explorando modelos similares.
¿Y en España?
España no tiene una versión directa de este derecho a saber. Aquí, la información sobre agresores está protegida por el derecho a la intimidad y a la protección de datos, y solo puede divulgarse cuando hay un riesgo concreto y justificado para la seguridad de la mujer.
La víctima no puede solicitar directamente el historial penal completo del agresor, pero puede ser informada por la policía o el juzgado si se dan estas condiciones: existe una denuncia o un procedimiento judicial abierto donde las fuerzas de seguridad hayan realizado una valoración del riesgo a través del sistema VioGén.
Si se detecta que el agresor tiene antecedentes con otras mujeres, y eso aumenta el riesgo de violencia o letalidad, la policía puede comunicarlo a la víctima para que adopte medidas de protección.