La Cámara Baja anunciará el próximo miércoles el nuevo informe del Observatorio de la Vida Militar, el órgano asesor y consultivo de las Cortes Generales que analiza la condición militar y la forma en que el Estado protege los intereses de los miembros de las FAS.
Según los datos de 2024 se interpusieron 51 denuncias por acoso sexual, a fecha cerrada del 31 de diciembre, lo que significa un aumento del 155% respecto a 2016, año en que se registraron los datos de las demandas por acoso sexual tras la inclusión del delito por acoso sexual en el Código Militar, siendo Pedro Morenés ministro de Defensa. Desde entonces, desde 265 denuncias, apenas 29 han terminado en condena. Este dato alerta a las asociaciones de militares, que desconfían de la eficiencia de los protocolos de acoso dentro del Ejército.
Este medio ha llevado una investigación sobre este asunto, con testimonios de mujeres militares, que denuncian la ineficiencia de los canales de soporte para las denunciantes. Este canal se llama la UPA – Unidad de Protección frente al Acoso-. Este sistema permite que el/la denunciante presente su denuncia por acoso sexual, de género o profesional, y garantiza que lo haga de manera anónima durante las investigaciones, hasta que se abra un proceso judicial. Este concepto de preservar el anonimato de la víctima también se recoge en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, y en la Directiva Europea 1937/2019. Las denuncias realizadas por medio de canales internos deben ser anónimas.
No obstante, historias de mujeres militares que se han puesto en contacto con Artículo14 -que ha tenido acceso a las denuncias-, informan a este medio que sus denuncias van a parar directamente a manos de los denunciados. Al no estar integrada la UPA por agentes externos, sino por los propios militares, afirman que se entrega la denuncia a su superior, en aras de ganarse la confianza y demostrar la lealtad tan valorada en el Ejército. Se orquesta una campaña, definida por muchas, “de acoso y derribo” para que la denunciante acabe con una baja psicológica. Es por este motivo, aducen, que los procesos judiciales difícilmente acaban en condena.
Lo que dice la normativa
El Observatorio de la Vida Militar distingue entre acoso sexual por razón de sexo, razón laboral y razón profesional dentro de las Fuerzas Armadas. Todo ello se recoge en el Artículo 4 y Artículo 10 de la Ley Orgánica 9/2011 de los derechos y deberes de los miembros de las FAS.
Las denuncias que se realizan a través de los canales internos tienen que ser anónimas. Así lo establece la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, y en la Directiva Europea 1937/2019. De esta modo, no debería de existir ningún otro tipo de interés que solo él de la mujer que denuncia y no debería verse influenciado por otros mandos o altos cargos.
Lo que dice el informe de 2024
En la última memoria publicada sobre el informe anual de 2024, que realiza el Observatorio de Vida Militar, se detallan los últimos datos sobre esta cuestión. Apuntan a un total de 51 denuncias, de las cuales ninguna de ellas ha recibido condena o sanción. De estas denuncias, 35 siguen procedimientos penales -más del 50% de las denuncias- y 30 continúan en trámite. 5 de estas denuncias ya han sido archivadas. Por la vía del procedimiento disciplinario -donde se supone que no existe un delito- se han contabilizado 27 denuncias, 23 en trámite y cuatro archivadas.
Los pasos que pueden seguir las denunciantes son, en un inicio, acogerse a la UPA, o directamente proceder por la jurisdicción militar o la vía disciplinaria. Si escogen la penal deberán remitirlo al Juzgado Togado Militar o a la Fiscalía Jurídico-Militar. En este caso, las mujeres que denuncian acoso también lamentan que, al estar formado por militares, principalmente de alto rango, el riesgo es mayor a la hora de que las denuncias terminen archivadas.
El aumento de denuncias
La media de las denuncias recogidas hasta 2022 ya apuntaban a una crecida. Justo un año después, el dato total de las demandantes ya rompía con la media. En 2023 hubo un total de 46 denuncias, es decir, 16 más de la media que se estimó y 8 más que el total de las denuncias de 2022 (38).
La UPA se acoge a este incremento para defender sus protocolos, ya que consideran que corrobora el hecho de que cada vez un número mayor de mujeres se animen a denunciar.
Ninguna de las denuncias de 2023 ha sido condenada y solo tres de ellas han recibido una sanción disciplinaria. En total 21 denuncias se han archivado y 20 siguen en trámite.
Ya suman 316 denuncias entre 2016 y 2024: 179 por vía penal y 214 por vía disciplinaria.
Las campañas de sensibilización
Una de las medidas o herramientas que el observatorio recoge en el informe, para paliar o solucionar los delitos que se producen dentro del Ejército, son campañas de formación, sensibilización y difusión contra el acoso. A fecha de 1 de enero de 2025 figuran un total de 116.739 efectivos de los cuales más de 15.ooo son mujeres militares.
Total de consultas y denuncias 2024
El informe de 2024 recoge los datos del total de consultas que se han atendido por vía telefónica, medios telemáticos y consultas presenciales. Se han recibido 654 consultas de mujeres que forman parte del Ejército y que se han visto en la necesidad de resolver sus preguntas o conocer la manera de poner fin al acoso. Sólo 51 mujeres de 654 que consultaron formalizaron la denuncia.