La próxima Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que se celebrará en Ginebra del 17 al 22 de noviembre de 2025, amenaza con poner patas arriba la red de estancos en España.
Sobre la mesa, la Organización Mundial de la Salud estudia medidas que podrían suponer el mayor cambio en la venta minorista de tabaco en décadas: limitar los puntos de venta, prohibir incentivos a los detallistas y eliminar los cigarrillos con filtro por su impacto ambiental.
Para los estancos en España, que dependen de un sistema concesional regulado por el Estado, el debate internacional no es un asunto menor. Detrás de cada mostrador hay una inversión media de más de 100.000 euros, empleos familiares y una red de 13.000 licencias que garantizan tanto la trazabilidad del tabaco como la recaudación de miles de millones de euros anuales en impuestos.
El temor es que la aplicación de este paquete de medidas acabe provocando cierres, pérdida de empleo y una depreciación del negocio.
Una red en riesgo: 13.000 estancos bajo la lupa de la OMS
Los estancos en España conforman una de las redes comerciales más controladas del país. Cada licencia para operar requiere autorización estatal y está sujeta a un estricto sistema de concesiones. En la mayoría de los casos, se trata de pequeños negocios familiares que llevan generaciones funcionando en pueblos y ciudades.
Sin embargo, las conclusiones preliminares que la OMS llevará a la COP11 apuntan a un horizonte preocupante. Se plantea reducir la densidad de puntos de venta, es decir, establecer límites de estancos por número de habitantes o por distancia respecto a centros escolares, hospitales y espacios públicos. También se discute la prohibición de cualquier incentivo o bonificación comercial por parte de las grandes tabaqueras, algo que hasta ahora ayudaba a sostener los márgenes en un negocio de precios intervenidos.
El tercer punto —la eliminación de los cigarrillos con filtro— es, quizá, el más controvertido. La OMS argumenta que los filtros son altamente contaminantes y contribuyen a la crisis ambiental global. Pero en el sector temen que la medida empuje a muchos fumadores hacia productos alternativos o hacia el mercado negro.
Consecuencias económicas y sociales: el impacto en las zonas rurales
El posible golpe a los estancos en España no solo tiene una dimensión sanitaria o ambiental, sino también económica y social. Los estanqueros alertan de un triple impacto negativo: pérdida de empleo, caída de la recaudación fiscal y aumento del comercio ilícito.
El empleo directo e indirecto ligado a la red supera las 30.000 personas, muchas de ellas autónomos o familiares que gestionan pequeños negocios. Además, la venta de tabaco genera importantes ingresos en forma de impuestos especiales, IVA y el canon del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
En las zonas rurales, donde los estancos actúan también como puntos de referencia comunitaria, el cierre de estos negocios supondría la pérdida de un servicio esencial. En muchos pueblos pequeños, el estanco es el único lugar donde se puede comprar prensa, recargar la tarjeta del transporte o pagar ciertos recibos.
Los profesionales del sector recuerdan que el modelo español, pese a las críticas, garantiza control y trazabilidad. Cada paquete vendido pasa por un circuito legal que impide el acceso a menores y contribuye a frenar el contrabando. Debilitar esa red, advierten, podría dejar el camino libre a canales ilegales.
Europa se prepara para un debate decisivo
La posición de los estancos en España depende también del papel que adopte la Unión Europea en la COP11. Bruselas ha decidido acudir “con una sola voz” tras fijar una posición común en el Consejo de la UE. Sin embargo, el modo en que se adopte esa posición puede cambiarlo todo.
Algunos países, entre ellos España, defienden que las decisiones se tomen por consenso, lo que permitiría mantener cierto margen nacional. Otros abogan por la mayoría cualificada. Una fórmula que podría arrastrar a los estados más reticentes hacia políticas más duras sin necesidad de un debate parlamentario interno.
El Ministerio de Sanidad español ha evitado pronunciarse de forma directa, a la espera de conocer el mandato final europeo. Aun así, desde las asociaciones de estanqueros se observa con preocupación cualquier avance que limite la densidad de puntos de venta o restrinja los incentivos comerciales.