La muerte brutal de Encarnita Polo, presuntamente estrangulada por un interno el viernes pasado en la residencia Decanos de Ávila mientras dormía, ha generado una fuerte conmoción en España. No solo por tratarse de una figura reconocida que marcó una época cultural y musical, también porque su muerte violenta en un entorno que debería ser seguro rompe con la imagen de protección que se espera de estos centros. El caso ha desatado una alarma lógica en torno a la seguridad y el cuidado de nuestros mayores.
¿Son los lugares más idóneos? ¿Existen protocolos de vigilancia?
Mientras la investigación policial avanza, se ha abierto un intenso debate en la sociedad sobre la gestión de residentes con patologías psiquiátricas y la necesidad de reforzar los sistemas de control, personal y formación en estos centros. Por los datos que hemos podido recopilar, el maltrato a los mayores ocurre entre internos, pero también de trabajadores a residentes y viceversa.
Un trabajo de Ana María Sánchez Oliván y Natalia Carrillo Gracia, enfermeras del Servicio Aragonés de Salud, indica que el 64,2% de los trabajadores ha infligido alguna forma de maltrato en el último año (2024), el 44% de los residentes de estos centros de larga estancia sufre abusos y que solamente el 7% de los casos son denunciados.
“A menudo los ancianos maltratados tienen miedo de notificarlo a sus familiares, amigos, trabajadores o a las autoridades. Por consiguiente, las tasas de prevalencia están subestimadas”, añaden. Respecto al perfil del adulto mayor maltratado, el 80% son mujeres, principalmente mayores de 75 años con deterioro cognitivo u otras enfermedades incapacitantes. Las investigadoras achacan esta situación a la elevada esperanza de vida femenina, “lo que conlleva mayor número de patologías y dependencia durante ese proceso de envejecimiento”.
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 6 personas de más de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato. Puede ser económico, abandono, agresión física, negligencia… Todos tienen un impacto profundo y se producen en contextos donde debería prevalecer el cuidado y el respeto. En España, las cifras oficiales estiman una prevalencia del 16,87%, tanto en residencias como en domicilios, de acuerdo las cifras que ofrece el Ministerio de Asuntos Sociales. Los datos, de por sí preocupantes, solo representan una pequeña parte de la realidad, ya que solo se denuncian el 7% de los casos.
“Una realidad normalizada e invisibilizada”
Las residencias son estos días el chivo expiatorio, pero hay otra realidad que la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) define en un informe “normalizada y, por lo tanto, invisibilizada”: el 77% de los maltratos a las personas mayores ocurre en el ámbito familiar. De los 3.300 casos registrados por este organismo, el 31% corresponden a maltrato psicológico. El estudio fue presentado el verano pasado con una campaña para “sacudir conciencias y despertar a una sociedad que aún no ve con claridad el maltrato en la vejez. “Es imposible frenar lo que no se reconoce”.
El porcentaje se eleva al 50% cuando se refiere a un abuso relacionado con el medicamento o el abandono, según una jornada en Aranda del Duero organizada por la Federación de Pensionistas, un tipo de violencia “más presente que nunca en los diversos centros de mayores o incluso, dentro del propio hogar”. En el acto se expuso también un estudio de la OMS sobre el alcance del problema en instituciones, como los hospitales o residencias. “El 64,2% del personal confesó haber cometido alguna forma de maltrato durante el año que duró la investigación”.
Agresiones entre internos y violencia laboral
“Los estudios y los profesionales alertan sobre la invisibilidad de las agresiones internas entre residentes, ya que muchas veces no se denuncia o queda oculta en la rutina diaria del centro”, concluye un estudio del Grupo de investigación Pareja y Familia, Universidad Ramon Llull de Barcelona Los conflictos y agresiones pueden ser físicos, verbales o psicológicos, y a menudo se producen por problemas de convivencia, trastornos cognitivos o situaciones de vulnerabilidad.
Uno de los estudios revisado señala que el 61,2% de los profesionales que trabajan en residencias de la ciudad de Barcelona ha sufrido agresión. “Este resultado, que no difiere de manera significativa de otros estudios, evidencia una realidad existente, aunque poco visible. Una de las consecuencias de este fenómeno es la justificación de la acción violenta por parte del residente como riesgo inherente al trabajo”.
Todos los expertos señalan que el problema se va a intensificar porque España continúa su proceso de envejecimiento. Según las previsiones del INE, en 2050 habrá 13 millones de personas con más de 65 años y los octogenarios superarán los 4 millones. Es decir, más de 30% del total de la población mayor. Esto situará a España como el país más envejecido del mundo.
Las residencias de ancianos son un recurso necesario para el cuidado y tratamiento médico para aquellos más frágiles. Contamos con 6.831 centros residenciales. El 76% dirigido a personas mayores. El 75% son de titularidad privada, frente al 14% de titularidad y gestión pública y el 11% de titularidad mixta.
En todos existen medidas de seguridad y protocolos específicos para la prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia. Sin embargo, no existe una legislación específica para este problema. Los malos tratos contra las personas mayores no se encuentran tipificados como un delito explícito en nuestra legislación, como sí ocurre en el caso de la violencia de género o el maltrato infantil.
El incidente de Encarnita Polo, aunque excepcional, ha dejado al descubierto las fisuras de un sistema en el que conviven perfiles clínicos muy distintos, a veces sin la supervisión especializada que exigirían situaciones de alta vulnerabilidad. La residencia ha optado por un silencio prudente, expresando consternación y subrayando que la seguridad de sus residentes es, y siempre ha sido, su prioridad.