Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), concluirá su mandato el próximo 3 de marzo, tras seis años no prorrogables al frente de la institución. Con motivo de la presentación de tres estudios de la segunda fase del Spending Review (revisión del gasto) 2022-2026, Herrero compareció ante los medios en la que probablemente fue su última rueda de prensa. En el centro de la agenda, el análisis del segundo mayor gasto de la Seguridad Social, después de las pensiones: la incapacidad temporal, que ascendió a 16.500 millones de euros en 2024. El diagnóstico fue contundente: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como responsable de las prestaciones por baja médica, está incurriendo en una “dejación de funciones”.
Un último ejemplo del liderazgo que ha marcado su etapa al frente de la institución: rigor técnico, objetividad e independencia. Un mandato con “luces y sombras”, como ella misma resumió al repasar estos seis años. Pero más allá del balance, fiel a su impronta, Herrero dejó formulados los deberes pendientes al Gobierno. El primero, y más sensible, la sucesión. La presidenta aprovechó para dejar un claro mensaje sobre el perfil de quien asuma la presidencia de la AIReF. Lo hizo consciente de que no le corresponde pronunciarse sobre el revelo, pero con la responsabilidad de quien ha dirigido la institución.
Perfil del candidato a presidir la AIReF
A su juicio, quien asuma la presidencia de la AIReF debe cumplir dos requisitos esenciales: una sólida cualificación técnica y entender qué es la institución y qué papel debe desempeñar. Y este último es el más complejo. Entender la AIReF -explicó- implica asumir su independencia, su rigor, su objetividad. Pero también algo más difícil: el delicado equilibrio entre decir las cosas como son y no caer en la provocación, que no beneficia ni a las administraciones públicas ni a la ciudadanía.
Ese equilibrio, insistió, pasa por no cruzar nunca la línea de emitir opiniones no sustentadas en datos. “La AIReF no opina, sino que habla con datos”, resumió. Con ese marco, y teniendo en cuenta ambas exigencias, Herrero se inclinó claramente por un sucesor o sucesora “de la casa”, convencida de que ese entendimiento profundo de la institución no siempre se da fuera de ella.
Reforma de la Ley Orgánica
En este sentido, Cristina Herrero apuntó como uno de los principales desafíos la obligación de aceptar encargos del Gobierno que ponen en riesgo el principio de independencia. Así apuntó como primer deber, la “imprescindible” necesidad de reformar la Ley Orgánica de la AIReF. Una modificación para que la evaluación de políticas públicas sea reconocida como una función de pleno derecho. Es decir, contando con las mismas garantías jurídicas, de independencia y de autonomía de gestión que la supervisión fiscal.
Según explicó, el problema radica en que la ley exceptúa dos artículos en rango de ley ordinaria -el resto tiene carácter orgánico-. Ambos obligan a la AIReF a realizar los estudios que le encargue la Administración Central. Un imperativo que, además, no se extiende a las administraciones territoriales, a pesar de que financian el organismo en las mismas condiciones. Esa asimetría, que atribuyó a una falta de previsión cuando se redactó la norma, supone una “chapuza legislativa” que está afectando al funcionamiento de la institución.
Encargos pendientes del Ejecutivo
En paralelo, Herrero advirtió del retraso del Ejecutivo en encomendarle formalmente el análisis de determinadas materias de evaluación del gasto, a pesar de que ya estaban definidas. Del Spending Review 2022-2026 queda aún una fase por encargar formalmente, que incluye las políticas de empleo y las líneas de avales COVID canalizadas a través del ICO por un total de 140.000 millones de euros. Sin este formalismo, la institución no puede concretar el Plan de Acción.
Esta fase pendiente, se solapa además con la necesidad desarrollar el nuevo Spending Review 2026-2030, una obligación asumida por España ante la Unión Europea. En este punto recordó que la recomendación del Ecofin de 2025 fija hitos concretos, como la determinación del nuevo Spending Review antes del cuarto trimestre de 2026. También la adopción de medidas para reducir de forma permanente, a partir de 2028, el gasto sobre el PIB en un 0,1%.
Potenciales análisis
Una de las sombras apuntadas por la presidenta es la sensación de que el Gobierno no se ha apoyado en la AIReF tanto como podría haberlo hecho. Por el contrario, las comunidades autónomas sí se han apoyado en el conocimiento técnico de la institución para el diseño de sus políticas públicas. En el punto de mira de potenciales materias de análisis por parte de la institución, Herrero apuntó el mercado de trabajo, el Salario Mínimo Interprofesional, el impacto de la inmigración o la productividad.
Así, una de las iniciativas finales de su mandato será dar voz a los ciudadanos. Se abrirá un canal para que puedan transmitir qué cuestiones les preocupan. “Estoy segura de que vivienda será uno de los que saldrá. O quizás revisar de nuevo la infraestructura de transportes. Nuestros recursos son limitados y hay que priorizar”, apuntó. Pero la necesidad de análisis rigurosos que permitan conocer el impacto económico de las materias es clave. La misión de la evaluación es facilitar las decisiones informadas a quienes tienen que adoptarlas. Aunque no siempre los políticos lo han entendido así: “siento que no se nos ha hecho caso lo suficiente“.
El listado de deberes está sobre la mesa. Si el Gobierno está dispuesto a escuchar, incluso cuando el mensaje resulta incómodo, quedará reflejado en las próximas semanas. El Ministerio de Hacienda es el responsable de proponer el candidato a suceder a Cristina Herrero. Previamente a su nombramiento tendrá que lograr el respaldo de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. En su caso, fue por unanimidad. Seis años, y con el aval de los datos, ningún grupo político se equivocó.