Desde hace años, los consumidores conviven con una realidad frustrante. Hablamos de dispositivos y electrodomésticos que dejan de funcionar poco después de cumplir su garantía. La expresión “ya no se fabrica como antes” ha dejado de ser una simple queja nostálgica para convertirse en la punta del iceberg de un fenómeno conocido como obsolescencia programada. Ahora, el Gobierno quiere plantarle cara con una nueva normativa que apuesta por la reparación, la durabilidad y el consumo responsable.
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha presentado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Una ambiciosa propuesta que busca frenar la obsolescencia programada incentivando la reparación de productos y obligando a fabricantes e importadores a implicarse activamente en ese proceso. El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde al texto en primera vuelta. Y, aunque todavía debe superar varias fases, se perfila como uno de los principales instrumentos legislativos contra esta práctica.
Incentivos para reparar y castigos a quienes no colaboren
Uno de los pilares del anteproyecto es la ampliación de la garantía legal en caso de reparación. Si el consumidor elige reparar el producto en lugar de sustituirlo, la garantía se ampliará un año más. De este modo, se combate directamente la obsolescencia programada, que muchas veces empuja al usuario a desechar productos aparentemente reparables por falta de incentivos.
Además, los productores, distribuidores o importadores (sobre todo si son de fuera de la Unión Europea) deberán asumir parte del coste de las reparaciones una vez terminada la garantía. El porcentaje que cubrirán variará según el tiempo transcurrido desde el final del periodo legal:
- 20% durante los dos primeros años
- 10% si han pasado tres
- 5% en el cuarto año
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Esta medida pretende desincentivar la fabricación de artículos con una vida útil deliberadamente corta. Una de las formas más habituales de obsolescencia programada.
Bonos de reparación y plataformas de confianza
Otra de las herramientas que contempla el texto es la creación de bonos de reparación. Se trata de un sistema de ayudas económicas para que los ciudadanos puedan alargar la vida de sus productos. Junto a ello, el Ministerio proyecta una plataforma digital gratuita donde los consumidores podrán localizar técnicos de confianza, solicitar presupuestos y realizar reparaciones con mayor transparencia y seguridad.
Estas iniciativas tienen como objetivo democratizar el acceso a servicios técnicos y acabar con uno de los obstáculos más frecuentes en la lucha contra la obsolescencia programada: la dificultad para encontrar reparadores cualificados a precios razonables. Al facilitar esta red de reparación, se espera también dinamizar la economía circular y reducir la dependencia de nuevas compras.
El calendario legislativo y el papel de la sociedad civil
Aunque el Consejo de Ministros ya ha validado el texto en primera vuelta, la ley aún debe pasar por un proceso de participación pública. En los próximos meses se abrirá un periodo de audiencia en el que organizaciones de consumidores, fabricantes, patronales e instituciones podrán presentar alegaciones. El anteproyecto también será evaluado por el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y las comunidades autónomas antes de su regreso a La Moncloa para ser remitido al Congreso.
Se estima que la tramitación completa del texto podría alargarse hasta un año y medio. Sin embargo, los impulsores de la norma esperan que la presión social en torno a la obsolescencia programada sirva de acicate para mantener intacto el espíritu inicial del proyecto.