El PP insta al Ministerio de Trabajo a que prorrogue el plazo del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, que obliga a que las familias que tienen en casa a empleadas del hogar hayan evaluado los riesgos laborales a los que se exponen antes del pasado viernes 14 de noviembre.
Concretamente, desde la entrada en vigor de la normativa, las familias empleadoras tienen obligación de tomar medidas preventivas para eliminar, reducir o controlar los riesgos de sus empleadas del hogar. Para ello deben registrar esos riesgos a través de la plataforma digital “Prevención 10” puesta en marcha por Trabajo. En caso de no hacerlo, se exponen a sanciones que oscilan entre los 2.451 euros en los casos más leves hasta un máximo de 49.000 cuando existan agravantes.
Una plataforma que, precisamente, ha colapsado en los últimos días habilitados por el Gobierno para cumplir con la obligatoriedad de las familias para registrar los riesgos laborales para sus empleados.
Es por eso que, ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Trabajo con el objetivo de que se prorrogue la entrada en vigor de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, al menos, por un año.
Además, también piden que se proceda al archivo de oficio de los expedientes sancionadores que se hayan podido tramitar en los días que no haya estado operativa la plataforma por motivos imputables al Gobierno. Fuentes del ministerio trasladan que estos problemas informáticos se tendrán en cuenta a la hora de poner en marcha las sanciones, que correrán al cargo de la Inspección de Trabajo. En teoría, estos errores en la herramienta digital se deben a un ataque informático.
Desde el PP, denuncian que el Gobierno trate a las familias y a los hogares como “si fueran pequeñas empresas” y las obligue a rellenar una serie de cuestionarios que suponen “papeleos y burocracia desproporcionada”. “Se les complica la vida”, denuncian en la iniciativa registrada por el PP a la que ha tenido acceso Artículo14 y en la que se destaca que las familias que emplean a trabajadoras del hogar “no tienen por qué tener conocimientos de prevención de riesgos laborales” o “no tengan habilidad para realizar el trámite a través del ordenador”.
Evitar la economía sumergida
Y es que la plataforma que puso en marcha Trabajo incluye un cuestionario con más de 200 puntos en el que se pregunta al empleador por una serie de riesgos y si se están previniendo de forma adecuada. En caso de que la prevención de algún riesgo sea inadecuada, el hogar debe especificar cómo piensa subsanarla y fijar un plazo para ello, que variará en función del nivel de peligrosidad de que se trate. Así, se insta al Ministerio de Trabajo a sustituir estos trámites por un sistema más simplificados y con opción de tramitación presencial y accesible para los hogares con el objetivo de que “garantice una protección real y efectiva de las trabajadoras del hogar sin imponer cargas burocráticas excesivas”.
Además, los populares también proponen al ministerio de Yolanda Díaz que elabore, en colaboración con los interlocutores sociales y las asociaciones de familias y de empleadas del hogar, una guía práctica de seguridad y salud para el empleo doméstico, basada en recomendaciones y buenas prácticas.
Por último, el principal partido de la oposición insta al Gobierno a promover medidas que fomenten la contratación regular y la estabilidad del empleo del hogar, con el objetivo de que las “cargas excesivas” hacia las familias las empujen hacia la “economía informal”, esto es, sumergida.
Los populares también han registrado una petición de comparecencia para que la ministra de Trabajo ofrezca explicaciones sobre los fallos en la plataforma digital.