Con una pirámide demográfica invertida debido al envejecimiento de la población y la cada vez más baja natalidad, el Gobierno de España ha movido ficha para contrarrestar esta crisis. Así, el ministro Bustinduy, responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha puesto sobre la mesa una reconocimiento universal de 200 euros mensuales por hijo en España. Bustinduy ha matizado recientemente que “no es una ayuda, es un derecho de ciudadanía. Igual para todos, como la sanidad, la educación o las pensiones”.
La cuantía no es desdeñable si se compara con otras ayudas similares en la Unión Europea. Según datos comparados de MISSOC, los informes técnicos de EUROMOD y las estadísticas armonizadas de Eurostat que recogen las prestaciones familiares por hijo en países como Polonia (350 euros), Luxemburgo (280 euros), Alemania (275 euros) o Bélgica (225 euros), la cuantía española quedaría entre las cinco más elevadas del continente. Italia, Francia y Austria completan la lista de las naciones con importes superiores a los 150 euros por descendiente.
Entre los 90 y los 140 euros se posicionan países como Lituania, Irlanda, Dinamarca, Rumania, Suecia y Estonia. Por debajo, hasta alcanzar el suelo de los alrededor 35 euros que da Letonia, se encuentran Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Chipre y Hungría. No obstante, de los 27, todavía hay un grupo -del que sale ahora España- de seis Estados que por el momento permanecen sin reconocer esta ayuda.
La maternidad en números
Con la nueva asistencia del departamento de Derechos Sociales, el Ejecutivo busca revertir la caída de los nacimientos. En cifras, tal y como reconoce el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2024 se registraron 318.005 nacimientos en el país. Lo que representa un descenso del 0,8% respecto al año anterior (2.651 nacimientos menos). Si se echa la vista diez años atrás, la natalidad se contrae en un 25,6% desde 2014.
Por ello, el indicador coyuntural de fecundidad -es decir, el número medio de hijos por mujer- no frena su caída. Y se situó en 1,10 en 2024, dos centésimas menos que en 2023, pero 22 menos que diez años atrás. Muy alejado de los 2,1 hijos por mujer que, según Eurostat y estimaciones demográficas basadas en datos de la ONU y OCDE, se consideran necesarios para mantener estable la población.
Al mismo tiempo, la edad media de maternidad fue de 32,6 años en 2024. Y se ha mantenido sin cambios desde 2021. Por nacionalidad, la media de edad al tener hijos aumentó siete centésimas para las madres españolas (hasta los 33,2 años) y disminuyó en seis para las madres extranjeras (hasta los 30,5 años). Cabe destacar que el número de nacimientos de madres de 40 años o más sigue en aumento, con un crecimiento del 7,3% en los últimos diez años. En términos relativos, mientras que en 2014 el 7,2% de los nacimientos correspondía a madres de 40 o más años, en 2024 esa proporción subió hasta el 10,4%.
Motivos
La baja natalidad y el retraso de la edad para ser madre en España se explican por una combinación de factores económicos, sociales y culturales. Entre los motivos económicos destacan ahora el alto costo de la vivienda -que mes a mes no para de aumentar su precio- y el mantenimiento de los menores en un contexto de, aunque ahora más reducida, alta inflación. Así, los gastos en educación, salud y cuidado también se elevan.
En el plano social y cultural, la educación y la carrera profesional de las mujeres ha llevado a que muchas retrasen la maternidad. Mientras, los cambios en los modelos familiares y la mayor independencia femenina permiten decidir tener hijos más tarde o en menor número.
Reducción de la tasa de pobreza extrema infantil del 43%
Por otro lado, la nueva prestación universal por crianza de 200 euros al mes tendría un coste de 19.276 millones de euros al año, según el informe ‘Impacto de la Prestación Universal por Crianza’ de Iseak. La cifra supone un 2,76% del gasto público o el equivalente al 10% del gasto en pensiones. En su faceta positiva, esta medida reduciría hasta en un 43% las tasas de pobreza extrema infantil. De ella, podrían salir más de 700.000 niños en España.
Como señala el estudio, el mayor impacto de la medida es la reducción del 43% de la pobreza extrema infantil. Esta bajaría del 13,7% actual al 7,8% con la ayuda de 200 euros mensuales por hijo. Y quedaría limitada al 10,9%, si el importe se redujese a la mitad. Si se amplia el foco a menores en riesgo de pobreza, que afecta a casi un 30% de los niños en España (28,9%), este cheque mensual reduciría la tasa hasta el 21%. Los más beneficiados, en situación de pobreza extrema, serían los hogares con dos adultos y tres o más menores y los monoparentales.
Como consecuencia de la subida de rentas que implica, uno de los efectos colaterales que conlleva es el ligero incremento de la incidencia de vulnerabilidad en aquellos hogares sin hijos. Además, es probable que la medida, debido al alto coste desde el punto de vista del gasto público, requiera de una reforma fiscal.