El recién estrenado Reglamento de Extranjería que entrará en vigor el próximo 20 de mayo de 2025 mejora algunas de las medidas de la regularización en España. Por ejemplo, reduce a un año el tiempo exigido para solicitar la regularización de la situación administrativa y flexibiliza los requisitos de arraigo. Sin embargo, supone un “importante retroceso” para las personas solicitantes de asilo, como advierte a Artículo14 Elena Muñoz, coordinadora estatal del Departamento Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Las entidades que ayudan en la regularización de las personas extranjeras -que hace desde hace cuatro años trabajan conjuntamente (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes)-, coinciden en interpretar los cambios incorporados en el Reglamento de Extranjería como una estrategia para desincentivar la solicitud de asilo en España.
Paradójicamente, estos cambios coinciden con cifras récord de peticiones de protección internacional, tanto en número de personas, como en mujeres solicitantes. Entre 2023 y 2024, se registraron 330.466 peticiones, el equivalente al 85% de los cuatro años anteriores (2019-2022, 391.350 personas). En concreto, en 2023, aumentaron un 37% hasta más de 163.000 solicitudes, en un 47% de los casos femeninas (77.216). Un año después, las solicitudes crecieron un 2,54%, hasta 167.466 personas, en un 42% de mujeres. De media, el 40% de las personas son rechazadas, mientras que un 6,5% se archivan.
Más mujeres solicitantes
Se trata la mayor cifra desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992, que sitúa a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea. En 2022, recuperó la cifra de 118.000 peticiones, similar al 2019 antes de la Covid-19. “El aumento de solicitudes es un reflejo del contexto internacional”, recuerda Elena Muñoz.
Y así, la previsión es que en 2025 se alcancen nuevamente las cifras históricas del pasado año. Entre enero y abril, se han presentado 51.389 solicitudes. España se mantiene como el segundo destino comunitario, por detrás de Alemania y por delante de Francia e Italia. Para las mujeres, una justificación para solicitar la protección internacional es ser víctima de violencia de género (violencia machista, mutilación genital femenina o trata de seres humanos) en el país de origen y demostrar el riesgo que supone la permanencia en el mismo.
Procedimiento actual
Cuando una persona solicita protección internacional en España recibe un permiso de permanencia provisional mientras se resuelve el procedimiento. La legislación estipula un plazo de resolución de seis meses, pero la media actual supera los 15 meses, según los datos que maneja CEAR. Si pasados estos seis meses no ha habido resolución, se concede al solicitante un permiso temporal de trabajo. En la situación actual, previa a la entrada en vigor del nuevo reglamento, en paralelo a la petición de protección internacional, los solicitantes pueden iniciar un procedimiento por arraigo.
De esta forma, si finalmente el asilo resulta denegado el solicitante puede continuar la vía del arraigo, donde el tiempo de permanencia en España desde que presentó la solicitud de protección le computa como tiempo de permanencia. Las resoluciones con tasas de reconocimiento de más del 95% proceden de países como el Mali, Somalia, Palestina, Burkina Faso y Sudán, pero sobre el conjunto de peticiones la media se sitúa en el 11%. Por razones, humanitarias, con una tasa de protección del 50%, destaca Venezuela. Por el contrario, las solicitudes de Marruecos o Senegal tienen mayor dificultad de reconocimiento.
Cambio en el Reglamento
Sin embargo, a partir del 20 de mayo de 2025, quienes soliciten protección internacional no van a poder acogerse a la solicitud por arraigo. “Si finalmente les es denegada, su contador temporal de permanencia en España se reduce a cero. Estamos condenando a personas que han trabajado, a que no cuente este periodo y tengan que volver a una situación de irregularidad durante dos años, el tiempo mínimo requerido en el nuevo reglamento para iniciar una solicitud por arraigo”, detalla Muñoz. En el caso de las mujeres con hijos o padres mayores a su cargo se agrava su situación de vulnerabilidad, si se ven obligadas a dejar su empleo.
En este sentido, recuerda que durante los primeros doce meses de vigencia del nuevo reglamento (del 20 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2026) de forma transitoria se reduce a seis meses el tiempo de irregularidad para poder solicitar posteriormente el arraigo. Para la experta, “un efecto muy posible es que las personas decidan no recurrir a la protección internacional y optar desde el principio por la vía del arraigo. Dado que no se tiene asegurada la protección y las condiciones en caso de denegación son más perjudiciales es muy probable que las peticiones decaigan”, advierte Muñoz.
Regularización tras denegación
¿A qué procedimiento se podrá acoger una mujer a que se la ha denegado su solicitud de asilo? Según explica Juan Tenorio de Legálitas, el proceso más factible para obtener un permiso de residencia y trabajo es el proceso de arraigo sociolaboral, que en el nuevo reglamento reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España. O en su defecto, un arraigo socioformativo, que permite compatibilizar estudios con trabajo. En caso de contar con familiares extracomunitarios con permiso de residencia, cabe la posibilidad de un arraigo social. o familiar de comunitario.
¿Cómo afectará este cambio en el reglamento de extranjería a las solicitantes de protección de internacional por violencia de género? “España suele reconocer la protección a estas mujeres, pero no siempre”, recuerda la experta jurídica de CEAR. En las llegadas a Canarias, las principales nacionalidades de origen son de Mali o Senegal.
Víctimas de violencia de género
La solicitud de asilo por violencia de género es diferente a la protección que la legislación otorga a las mujeres si durante su estancia irregular en España sufren esta situación. En este caso, el nuevo reglamento concede la misma protección que hoy en día. Como explica Manuel Tenorio de Legálitas, se paraliza cualquier procedimiento sancionador mientras dure el procedimiento penal.
Además, la mujer podría solicitar un permiso provisional de residencia por circunstancias excepcionales para sí misma y los familiares dependientes a su cargo, que le permitirá trabajar en España durante el tiempo que se desarrolle el procedimiento penal. Si finalmente hay una sentencia condenatoria, la victima podrá acceder a una autorización de residencia y trabajo temporal por cinco años y, posteriormente, solicitar un permiso de larga duración. En la tarjeta de identificación no figurará que la mujer es víctima de violencia de género.