Desde que existen registros públicos (2014), la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) ha autorizado más de medio millar de actividades privadas para los altos cargos. Con los datos disponibles, los años con mayor movimiento fueron el último, con casi 80 autorizaciones, y 2019, con 87 aprobaciones.
Y en este trasvase desde lo público a lo privado, de acuerdo con la información publicada por la OCI, los expedientes sancionadores contra los altos cargos han sido muy infrecuentes. En la última década, únicamente se han incoado once expedientes sancionadores referidos a este personal, lo que supone una tasa inferior al 2% del total. Desde 2022, no se ha abierto ningún procedimiento sancionador, una circunstancia que desde la Oficina se atribuye a “una cultura de cumplimiento”, como señaló en sede parlamentaria su directora general, Flor María López Laguna.
¿Quién ficha ex altos cargos? Principalmente, empresas, consultoras y despachos de abogados. Y un análisis detallado permite identificar los sectores que refuerzan sus equipos de representación de intereses. En 2024, como novedad, irrumpe con fuerza el sector de la defensa.
Sector de defensa
Indra fichó a Fernando Ángel García y García de las Hijas, que fue jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, para tareas de asesoramiento general, así como a Francisco González-Espresati Amián, antiguo jefe del Mando Aéreo de Combate, para labores de asesoría en materia de defensa y en el ámbito aeroespacial. Previamente, este último había asesorado a Telspazio.
Por su parte EM&E, incorporó a Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa. A su vez, Airbus España sumó para su departamento de Relaciones Públicas a Fernando de la Cruz Caravaca, segundo jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire y del Espacio. Y Brok-Air Aviation Group a Ignacio Bengoechea Marti.
Otra buena parte de las autorizaciones correspondió a ámbitos tradicionales, como son las consultoras de asuntos públicos y empresas que operan en sectores fuertemente regulados, como el energético.
Sin periodo de desconexión
En estas autorizaciones, la Oficina ha aprobado el paso a la actividad privada sin exigir un plazo de mínimo de desconexión. Sobre las puertas giratorias, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa vuelve a llamar la atención a España, ya que esta sigue sin cumplir satisfactoriamente sus recomendaciones.
Una de las recomendaciones del GRECO es que la legislación que regula las restricciones post-empleo sea objeto de una revisión por parte de un organismo independiente y que se refuerce allí donde se considere necesario. Y aunque valora los proyectos de reforma legislativa, como el Proyecto de Ley del Lobby –que reforzarían las restricciones a las puertas giratorias al ampliar a dos años la limitación para ejercer actividades en el sector privado, tanto para cargos políticos como para altos funcionarios-, advierte de la falta de independencia de la OCI.
Un vigilante dependiente del Gobierno
En su último informe, publicado el pasado 1 de agosto, GRECO señala directamente la falta de independencia de la Oficina, cuando es la entidad encargada de supervisar las incompatibilidades de los altos cargos y de controlar la relación entre el poder público y los grupos de interés.
El Gobierno informó al GRECO del Proyecto de Ley de los Lobbies que está en tramitación en el Congreso de los Diputados y que constituye uno de los pilares del Plan de Pedro Sánchez contra la corrupción. Europa lamenta que España haya optado por mantener a Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) –dentro de la estructura jerárquica del Gobierno, concretamente adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública-.
“El GRECO toma nota de la información proporcionada y lamenta que las autoridades hayan optado por mantener la subordinación de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) al poder ejecutivo, en particular porque sigue estando bajo la estructura jerárquica del Ministerio y carece de presupuesto propio. Por tanto, GRECO insta a adoptar medidas más adecuadas para garantizar la independencia y autonomía de la OCI”, recoge textualmente el Informe.