El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este viernes, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, las cinco propuestas de resolución presentadas por UPN, entre las cuales se pedía la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la convocatoria de elecciones ante la “información conocida” en relación la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate.
Todas las iniciativas han contado con los votos a favor de UPN, PPN y Vox, mientras que el resto de grupos -PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- han votado en contra, informa Europa Press.
La primera resolución exigía al Gobierno de Navarra la asunción de “responsabilidades políticas por las irregularidades e ilegalidades que se produzcan en su ámbito de actuación”. “En el caso Belate, con la información conocida y constatada a día de hoy, implica la dimisión de la actual presidenta del Gobierno de Navarra y la convocatoria de elecciones forales”, defendía UPN, que no ha recabado los apoyos suficientes.
En ese contexto, la formación regionalista llamaba a “proteger de represalias y señalamientos a los funcionarios de las mesas de contratación que emitan votos particulares” y a “sancionar a los responsables técnicos o políticos que los instiguen y/o los cometan”. A tal efecto, se pedía a “cumplir escrupulosamente la Ley Foral de Contratos Públicos y la Ley Foral de Transparencia”.
En otra resolución, en el campo de la salud, UPN emplazaba a cumplir con los plazos máximos de espera establecidos en la ley y a publicar en abierto los tiempos de espera para pruebas complementarias. Además, se abogaba por “revertir la derivación de servicios sanitarios de los hospitales de Tudela y Estella fuera de estas localidades”, así como por garantizar el mantenimiento y la continuidad de los puntos de atención continuada y urgente (PAC), y reabrir el de Olite.
A nivel de vivienda, UPN instaba a “presentar en el plazo de cuatro meses un cronograma de actuaciones y compromisos que incluya el desbloqueo del Plan Sectorial del TAV, que comprende la construcción de 9.000 viviendas, al menos la mitad protegidas”. También se solicitaba calendarizar el PSIS de Sarriguren “consensuado con el Ayuntamiento de Egüés, de cara a disponer de al menos 3.000 nuevas viviendas”, así como modificaciones legislativas para “reducir y agilizar plazos de tramitación urbanística”, “facilitar rehabilitaciones” e “incentivos fiscales al arrendamiento”.
La cuarta propuesta de UPN aludía a la modificación de la Ley Foral de Renta Garantizada, necesaria para “no cronificar a las personas en la percepción del subsidio” e “incentivar la inclusión y el acceso al mercado laboral”, con “compromisos claros como aprender el idioma, escolarizar a los hijos y aceptar un empleo adecuado”.
Por último, en materia de seguridad ciudadana, se urgía al Gobierno de Navarra a presentar un plan de choque “contra el incremento de la delincuencia” que, entre otros, contemple “refuerzo de patrullajes, acciones específicas contra el uso de armas blancas, medidas de autoprotección de jóvenes y mujeres, y desarrollo de aplicaciones y plataformas de alerta ciudadana”.
En su intervención, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha destacado, en relación con la adjudicación de las obras del túnel de Belate, que su formación “denunció todo donde tenía que denunciarlo y sigue incorporando aquello que le parece relevante en lo que ha ocurrido en esta comunidad”. “Cuando alguien piensa que hay un delito, lo que tiene que hacer, además de denunciarlo políticamente, es llevarlo donde procede”, ha subrayado, para añadir que es una “obligación compartida y también debería ser de la presidenta”. Ha reprochado a Chivite que acuse a UPN de usar los presuntos casos de corrupción para “hacer caer su gobierno”. “Le interesa hacerse la víctima”, ha asegurado.
“No le estamos pidiendo que cambie el Gobierno. Lo que le estamos pidiendo es que dé la palabra a los navarros”, ha reivindicado. “Lo importante no es quién gobierne, lo importante es que cuando hay una sombra de corrupción en un Gobierno como el suyo, se pierde toda legitimidad”, ha recalcado. “Que después de todo lo conocido no se convoquen elecciones es un déficit democrático que le va a perseguir hasta que usted quiera”, ha advertido.
La socialista Olga Chueca ha acusado a Esparza de dibujar “una Navarra que no existe”. En el caso de Belate, ha asegurado que “se ha demostrado que las cosas se hiceron correctamente, que no hay rastro de corrupción”. Ha destacado que el Gobierno trabaja por la sanidad “consciente de los retos”, como son las listas de espera y falta de profesionales. En vivienda hay una “hoja de ruta clara”, mencionando la intervención de alquileres y “seguir construyendo vivienda pública”; ha considerado que la renta garantizada “necesita más agilidad, más eficacia y más equidad” y ha pedido que “no se estigmatice” a las personas. En seguridad ha pedido “responsabilidad no reproduciendo mensajes de alarma”.
Txomin Gonzalez, de EH Bildu, ha subrayado que “con la corrupción preferimos no sacar conclusiones ni interesadas ni anticipadas” y ha afirmado que “exigir elecciones puede ser una buena opción para las necesidades particulares de UPN, pero no sirve para luchar contra la corrupción”. Ha admitido “déficits” en sanidad y que son necesarias “herramientas que nos permitan mejorar la gestión”. Ha apostado por mantener la “capacidad protectora” de la renta garantizada y ha replicado que “las personas no se cronifican sino las situaciones de exclusión que sufren”.
La representante de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha destacado que, en Belate, es “el tiempo de las preguntas” y luego vendrá “el tiempo de sacar conclusiones, de hacer valoraciones y de tomar las decisiones que correspondan”. Y ha acusado a UPN de “obviar a la comisión y los tribunales” y pedir elecciones porque “les puede su urgencia”. Ha asegurado que los problemas de accesibilidad en sanidad “son las mismas que tienen el resto de las comunidades autónomas”, ha considerado que las propuestas en seguridad no son “oportunas ni proporcionadas” y ha criticado la “falsedad y simplismo” de UPN en cuanto a la renta garantizada.
La representante del PPN, Maribel García Malo, ha señalado que “en un Estado de Derecho deben ser los tribunales quienes determinan si ha habido corrupción o no” pero ha considerado que “la implicación de Santos Cerdán en una presunta trama de mordidas por obra pública” está “poniendo en entredicho la actuación del Ejecutivo y mermando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”. Ha abogado por fijar fórmulas “garantistas” en las adjudicaciones frente a un sistema de votación “absolutamente viciado en la mesa de contratación”.
Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha admitido que hay “margen de mejora” pero ha consdierado que UPN no está “tocando las teclas adecuadas”. En salud ha reprochado que no se plantee un “término medio” para poder apoyar sus medidas, ha apostado por el “fortalecimiento” de la renta garantizada y ha acusado a los regionalistas de avalar “el discurso de las paguitas”. En seguridad, ha dicho que “no vamos a colaborar en crear una alarma social” y en vivienda ha criticado que “van a unos máximos completamente irrealizables”.
Por su parte, Emilio Jiménez, de Vox, ha defendido que “gobernar significa asumir responsabilidades y Belate es sinónimo de corrupción”. Por otro lado, ha destacado que “hay que hacer un esfuerzo en sanidad” y “saber gestionar”. En vivienda, ha dicho que “es un bien de máxima necesidad” y ha considerado que “sobran muchos impuestos”. Ha pedido que la renta garantizada “no sirva para el mantenimiento vital de las personas” sino que sea “la palanca que consiga que vivan dignamente de su trabajo”. Finalmente, ha responsabilizado al Gobierno del aumento de criminalidad por su “infantilismo” y el “miedo a enfrentarse a la realidad”, informa Europa Press.