El macrojuicio contra Marius Borg Høiby ha comenzado este 3 de febrero en el Tribunal de Distrito de Oslo, bajo una presión mediática pocas veces vista en Noruega. Høiby, de 29 años, es hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon, aunque no forma parte de la casa real ni tiene funciones oficiales. Aun así, su vínculo familiar ha convertido el proceso en un caso de enorme interés público, donde se mezclan justicia penal, escrutinio institucional y debate social.
La fiscalía sostiene una acusación de 38 cargos, entre ellos cuatro presuntas violaciones, violencia en relaciones íntimas, agresiones físicas, amenazas, delitos relacionados con drogas y quebrantamientos de órdenes judiciales. Parte central de la acusación describe encuentros sexuales con mujeres que, según el ministerio público, estaban dormidas o incapacitadas para oponerse. Ese punto, el estado de las denunciantes, se ha convertido en uno de los ejes más delicados y simbólicos del juicio.
Høiby se declara no culpable de los cargos más graves
Durante su primera comparecencia, Høiby se declaró no culpable de los cargos más graves. Según la línea de defensa expuesta ante el tribunal, él rechaza que los hechos descritos constituyan violación, y niega haber cometido agresiones sexuales. Esa postura ha generado una fuerte reacción pública porque, en términos jurídicos y sociales, la cuestión del consentimiento cuando una persona está dormida es clara en la legislación noruega: una persona inconsciente o incapaz de resistirse no puede otorgar consentimiento válido. Por eso, la fiscalía enmarca esos episodios como agresiones sexuales consumadas, mientras la defensa intenta desacreditar la interpretación de los hechos y la credibilidad de los testimonios.
Organizaciones de apoyo a víctimas de violencia sexual han señalado que este tipo de argumentos defensivos, basados en minimizar o reinterpretar la incapacidad de la víctima, son frecuentes en tribunales y suponen una revictimización añadida. El tribunal, por su parte, deberá ceñirse estrictamente a las pruebas, peritajes y testimonios presentados a lo largo de las próximas semanas.
El proceso llega tras una cadena de investigaciones iniciadas en 2024, con varias detenciones previas y una acusación formal que fue ampliándose con el tiempo. Días antes del inicio del juicio, nuevas denuncias por agresión, amenazas con arma blanca y violación de una orden de alejamiento llevaron al tribunal a imponer prisión preventiva durante al menos cuatro semanas, al considerar que existía riesgo de reincidencia o de interferencia en la investigación.
La familia real noruega ha optado por mantenerse al margen del proceso
Si resultara condenado por los delitos más graves, Høiby podría enfrentarse a penas de hasta diez años de prisión. La fiscalía ha anunciado que presentará declaraciones de varias denunciantes, pruebas forenses, comunicaciones digitales y testigos del entorno de los implicados. La defensa, en cambio, tratará de cuestionar la coherencia de los relatos y el contexto de los encuentros.
El caso Jeffrey Epstein
La princesa heredera no ha acudido al tribunal y se ha limitado, a través de la casa real, a expresar respeto por la independencia judicial. Esta distancia institucional no ha evitado que el caso afecte a la imagen pública de la monarquía, que atraviesa además un momento incómodo por la reaparición mediática de antiguos contactos de Mette-Marit con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, asunto por el que ella pidió disculpas años atrás.
Dentro de la sala, el tribunal ha impuesto restricciones a la cobertura. No se permite fotografiar al acusado durante las vistas y hay límites a la difusión de determinados detalles de los testimonios, con el objetivo de proteger a las denunciantes. Aun así, cada jornada está siendo seguida minuto a minuto por medios nacionales e internacionales.
El juicio, previsto hasta mediados de marzo, no solo decidirá la responsabilidad penal de un acusado concreto. También se ha convertido en un termómetro social sobre cómo la justicia aborda los delitos sexuales, cómo se interpreta el consentimiento cuando la víctima no puede hablar, y si el peso simbólico de un apellido ligado a la realeza influye, o no, en la percepción pública del proceso.
Mientras tanto, en el centro de todo permanece una cuestión jurídica esencial: si los hechos ocurrieron como describe la acusación, y si la negativa del acusado a considerar violación las relaciones con mujeres dormidas puede sostenerse frente a la ley.