Una coalición de ONG’s –Droit pour Gaza, la Asociación Belgopalestina y la Coordinación Nacional de Acción para la Paz y la Democracia- llevará a Bélgica ante la justicia por su complicidad, pasiva pero sostenida, con la masacre de Gaza.
La acusación es tan inédita como incómoda: al estado belga se le acusa de violación de la Convención para la Prevención del Genocidio, incumplimiento de los Convenios de Ginebra y cooperación indirecta con crímenes de guerra. Ya no sólo se juzga a Israel -cuya ofensiva en Gaza ha borrado casi todas las líneas rojas del derecho internacional-, sino a quienes, desde la seguridad de los despachos europeos, siguen sin actuar.
La base de la denuncia, nunca vista hasta ahora, ya no es qué está haciendo Israel, sino qué están haciendo el resto de países del entorno. ¿Qué responsabilidad asume un Estado que sigue enviando armas, firmando acuerdos o mirando hacia otro lado?
Una vía judicial sin precedentes
La ofensiva judicial en Bélgica ha abierto una grieta. Y por esa grieta asoma un nuevo tipo de activismo político, más técnico, más legalista, pero no menos combativo. Lena Georgeault, directora del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Villanueva, lo explica con claridad: “Las asociaciones demandantes invocan textos clave del Derecho Internacional. No se trata de un gesto simbólico: están exigiendo que se cumplan compromisos que los Estados firmaron libremente”, asegura en conversación con este periódico.
El proceso se ampara en un marco normativo potente, pero algo ingenuo. Las posibilidades de que una corte europea condene al Ejecutivo por su política exterior son limitadas. La politóloga lo admite: “Lo más probable es que su impacto político y mediático sea mucho mayor que su efecto legal inmediato”.
¿Puede ocurrir en España?
La comparación con España no es gratuita. Desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los más críticos de la UE con el gabinete de Netanyahu. Reconoció el Estado palestino, paralizó parcialmente la venta de armas y ha tensado la cuerda diplomática -y los contratos– hasta lo que permite el equilibrio europeo.
Pero una cosa es el discurso, y otra el Derecho Internacional. ¿Podría un grupo de ciudadanos llevar al Gobierno español ante los tribunales por no hacer lo suficiente?
“Lo cierto es que no recuerdo ningún precedente similar en España”, responde Georgeault. “Hay diferencias importantes entre el ordenamiento jurídico belga y el español”. Sin embargo, matiza: “España tiene una sociedad civil con capacidad de movilización. Podría movilizarse también para colocar la situación en Gaza en el centro del debate político y judicial”.
Lo que no está claro es si los tribunales estarían dispuestos a entrar en ese terreno. No por falta de normas, sino por una frontera que separa justicia de política exterior.
El peso de las palabras y el vacío de las sanciones
De momento, lo cierto es que ni la Corte Penal Internacional ni el Consejo de Seguridad de la ONU han logrado detener el castigo colectivo sobre Gaza. El derecho internacional se queda en los márgenes del conflicto. “La Corte Penal Internacional no dispone de una fuerza propia de ejecución”, recuerda Georgeault. Todo depende de la voluntad de los Estados.
“Las organizaciones internacionales pueden orientar el foco internacional, marcar el tono del debate y ejercer presión simbólica y reputacional. Pero, al final, las potencias siguen moviendo los hilos, según sus intereses y sus propios valores“, explica Georgeault, sobre la eficacia de los organismos internacionales.
“El respeto de los derechos humanos depende de si quienes dominan el orden internacional creen en ellos y están dispuestos a poner los medios para defenderlos”, asegura, en un momento en el que “la situación en Gaza y Ucrania demuestra que, hoy por hoy, no es su prioridad“, termina diciendo.