Beatriz Gutiérrez Müller ya es ciudadana española. La esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, alegando que es nieta de españoles. Lo es por parte de padre y también de madre.
En julio se instaló en Madrid, junto a su hijo, que empezará a estudiar Derecho este otoño en la Universidad Complutense. Lo ha hecho, según apuntan medios mexicanos, en una vivienda ubicada en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de la capital y en la que el metro cuadrado cuesta, según los últimos datos de Idealista, 6.682€.
Nada de esto sería noticia si no se tratara de la misma persona que en 2019 promovió, desde la presidencia, una carta dirigida al rey Felipe VI en la que se exigía una disculpa pública por la conquista. Gutiérrez Müller es periodista e historiadora. Y fue ella quien convenció a López Obrador de enviar aquella misiva. Lo que entonces se presentó como un gesto de dignidad nacional hoy se mira desde otro ángulo: el de quien decide instalarse en el mismo país al que antes criticó por su pasado colonial.
La carta provocó un enfriamiento diplomático que duró meses. Tanto, que el rey Felipe VI no fue invitado al acto de toma de posesión de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De hecho, la crítica al poder colonial ha sido una pieza central del relato simbólico de López Obrador, que respaldó la decisión de la ahora presidenta. “Se debe contar la historia de otra manera y dejar a un lado la prepotencia y la arrogancia”, aseguró entonces el mandatario, a sólo un par de horas de que Sheinbaum revelara la carta en la que decidió excluir a Felipe VI de la ceremonia.
El presidente mexicano insistió en que España debía pedir perdón por los abusos cometidos durante la conquista. “Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz”, dijo entonces. A su lado, en todas sus críticas, su esposa lo respaldaba. A veces como autora y otras como portavoz.
¿Primera dama o ciudadana?
Durante los seis años de mandato de AMLO (2018 – 2024), Gutiérrez Müller rechazó el término “primera dama“. Se negó a ocupar un cargo institucional, no presidió fundaciones, no acompañó a su marido en giras oficiales salvo en contadas ocasiones. “En México no hay mujeres de primera ni de segunda”, dijo. Optó por mantener su perfil académico, publicar libros, dar conferencias, y hablar -casi siempre- de literatura en vez de política. Pero cuando lo hizo, dejó huella. Su protagonismo en la ofensiva simbólica contra España fue tan notorio como su silencio posterior.
Ese silencio se ha mantenido hasta ahora. No ha hecho declaraciones públicas desde que llegó a Madrid. Pero la noticia de su nacionalización no ha pasado inadvertida. Ni en México ni en España. Menos aún la elección de residencia: La Moraleja. Una urbanización al norte de la capital, con vigilancia privada, chalés de diseño y futbolistas como vecinos. Allí se mudó, según apuntan algunas informaciones, hace unas semanas con su hijo Jesús Ernesto, que comenzaría una nueva etapa en la universidad. Según reveló el medio Tiempo, madre e hijo aterrizaron en Barajas en julio, apenas un año después de que AMLO entregara la banda presidencial.
El contraste entre discurso y realidad ha alimentado las críticas. Algunos lo ven como una traición ideológica. Otros como una simple muestra de privilegio. Gutiérrez Müller, que construyó parte de su imagen sobre el valor de la memoria histórica, ha optado por reescribir la suya. Y lo ha hecho desde dentro de Europa, con pasaporte español y código postal de lujo.
No es la única figura pública latinoamericana que ha elegido España para establecerse tras dejar el poder. Pero pocas lo han hecho con un legado tan marcado por el revisionismo histórico. La paradoja no es solo que viva en el país al que pidió cuentas, sino que lo haga como ciudadana. Y que lo haya conseguido por la vía que ofrece una ley creada sobre todo para restituir derechos a los descendientes del exilio republicano.
Gutiérrez Müller deberá jurar lealtad al Rey
Como exige la ley, para que la nacionalidad sea efectiva deberá jurar lealtad al Rey y prometer obediencia a la Constitución. Es un trámite habitual, aplicable a cualquier solicitante, pero que en este caso adquiere un peso simbólico particular, dado el contexto político que ha rodeado su relación con España en los últimos años.
Su traslado, aunque por motivos familiares y académicos, abre de nuevo el debate sobre la coherencia entre discurso y hechos que deben tener nuestros políticos. España, de momento, no ha pedido perdón.