El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a situar la identidad de género en el centro del debate político. Por seis votos a favor y tres en contra, la máxima instancia judicial del país ha avalado la decisión de Donald Trump de reinstaurar la política que obliga a que los pasaportes reflejen el sexo asignado al nacer, eliminando la opción “X” que había sido introducida durante el mandato de Joe Biden. Una medida que, según los jueces conservadores, no viola los principios de igualdad ante la ley. Pero que para las organizaciones de derechos civiles supone un retroceso profundo en el reconocimiento legal de las personas trans y no binarias.
Aunque esta decisión judicial no está directamente vinculada al temporal que atraviesa el país en términos sociales y políticos, muchos analistas la interpretan como parte de un clima general de polarización que sigue extendiéndose por Estados Unidos. Una tormenta ideológica que, lejos de disiparse, amenaza con intensificarse durante la próxima campaña electoral.
Un fallo dividido que refleja la fractura política
La resolución del Supremo llega tras una apelación urgente del Departamento de Justicia presentada a mediados de septiembre, después de que varios tribunales inferiores bloquearan la medida al considerarla “irracional y basada en prejuicios”. Sin embargo, la mayoría conservadora del alto tribunal ha determinado que la obligación de mostrar el sexo biológico en los pasaportes “no es discriminatoria”, comparándola con el hecho de incluir el país de nacimiento.
Este razonamiento ha sido criticado duramente por las magistradas liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, que calificaron el fallo como “una perversión inútil, pero dolorosa” del principio de igualdad. Jackson, autora del voto disidente, lamentó que “esta insensata evasión del resultado equitativo se haya convertido en una práctica recurrente”. Y denunció que el tribunal “mire hacia otro lado cuando se descartan selectivamente los derechos básicos”.
La política de Trump y el nuevo papel del Departamento de Estado
La decisión del Supremo permite que el Departamento de Estado, ahora bajo la dirección de Marco Rubio, aplique sin restricciones la política diseñada por Trump. Esto implica eliminar la posibilidad de seleccionar una categoría neutral o “X” en los pasaportes y obliga a todos los solicitantes a indicar el sexo asignado al nacer.
El procurador general John Sauer defendió que las resoluciones anteriores “infringían la autoridad constitucional del presidente en materia de política exterior”, ya que el pasaporte es un documento oficial de carácter internacional. Según Sauer, la medida busca uniformidad y precisión en la documentación oficial. Aunque los grupos de derechos humanos sostienen que esta interpretación “equivale a negar la existencia” de las personas transgénero y no binarias.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado que la nueva política “pone potencialmente en peligro a las personas trans, no binarias e intersexuales cada vez que usan un pasaporte”, al obligarlas a presentar una identidad que no coincide con su expresión de género. Su abogado principal recordó que este tipo de restricciones “vulneran el principio constitucional de igualdad ante la ley” y que ya habían sido suspendidas por tribunales de distrito y apelaciones antes de llegar al Supremo.
Una cadena de retrocesos para la comunidad trans en la segunda era de Donald Trump
La restitución de esta norma se suma a otras medidas impulsadas o recuperadas por la Administración Trump, como la prohibición del servicio militar para personas transgénero o la cancelación de subvenciones sanitarias vinculadas a la diversidad. En conjunto, estas políticas dibujan un panorama de regresión en los derechos de las minorías sexuales, consolidando una agenda social más restrictiva.
Para las asociaciones de defensa de derechos humanos, el fallo supone un precedente “alarmante” que puede abrir la puerta a nuevas limitaciones. En el ámbito internacional, la decisión ha sido criticada por la Unión Europea y varios organismos de Naciones Unidas, que han recordado a Estados Unidos sus compromisos internacionales en materia de igualdad y no discriminación. A pesar de ello, la Casa Blanca no ha anunciado aún si buscará mecanismos legales o diplomáticos para revertir la medida.