Durante las últimas semanas, las imágenes se repiten. Agentes armados, muchos con el rostro cubierto, irrumpen en viviendas, interceptan a personas en la calle o reducen a ciudadanos que graban una detención con su teléfono móvil. No se trata de una fuerza policial convencional. Es el ICE, la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, cuyo papel y métodos ya se cuestionan tanto fuera como dentro de Estados Unidos.
Para Sonia Andolz, experta en Relaciones Internacionales, la clave está en el propio diseño de la agencia. “ICE no es directamente una fuerza policial, sino una agencia federal integrada por funcionarios y que tiene muchas otras funciones”, explica a este periódico. Y ahí, sostiene, empieza el problema. “A nivel operativo, las personas que estamos viendo armadas no tienen una estructura policial tan estructurada como estamos acostumbrados en Europa”.
Una formación difusa y “manga ancha”
A diferencia de los cuerpos de seguridad europeos, donde el acceso exige una formación reglada en derecho constitucional, libertades públicas y uso proporcional de la fuerza, el recorrido en Estados Unidos es distinto. “En Europa hay que pasar una formación pública, saber derecho constitucional, derechos y libertades”, señala Andolz. “En el caso de EE. UU., como son distintos cuerpos, parece que la entrada a ICE es un proceso más general”.
Esa falta de homogeneidad se refleja en los perfiles de sus agentes. “Por lo que hemos ido viendo en imágenes, vienen de procedencias muy diferentes”, apunta. “Hay gente que ha sido veterana en el ejército, cuya experiencia es directamente en un conflicto armado, y se pone ahora a hacer de funcionario”.
El salto, advierte, es delicado. “Es como poner a alguien que ha estado en misiones en Afganistán, bajo las bombas, a controlar ciudadanos. Eso no deja de ser una función administrativa, civil y como mucho policial, pero en ningún caso militar”. Para la experta, ahí se concentra uno de los principales riesgos, agravado por el contexto político actual. “Y a eso se suma la manga ancha que parece que tienen para actuar”.
El monopolio de la fuerza
El debate va más allá de la inmigración. Toca uno de los pilares de cualquier sistema democrático. “Las democracias tienen una tarea imprescindible: ser muy rigurosas con el uso del monopolio de la fuerza”, subraya Andolz. “Precisamente porque se tiene esa responsabilidad enorme, tienes que ser muy respetuoso con los límites”.
En su análisis, lo ocurrido en Estados Unidos rompe con ese principio. “Esto que aquí se entiende y se nos hace impensable que pasara algo parecido, allí es difuso”, afirma. Y lo vincula directamente al actual clima político. “En el EE. UU. de Trump está claro que tienen una orden o un permiso para manga ancha”.
La consecuencia, añade, es la ausencia de controles claros. “Es imprescindible que los representantes políticos acaben exigiendo ya una rendición de cuentas y una trazabilidad de las operaciones”. Sin esa supervisión, advierte, el sistema se erosiona desde dentro.
Redadas y vigilancia
A este uso expansivo de la fuerza se suma un arsenal tecnológico cada vez más sofisticado. Investigaciones recientes han documentado cómo el ICE emplea herramientas de reconocimiento facial, rastreo de teléfonos móviles, lectores de matrículas, drones y acceso a bases de datos comerciales para localizar a personas, no solo inmigrantes, sino también manifestantes y ciudadanos estadounidenses.
“Estamos viendo cómo entran en casas y detienen a gente solo por haber escuchado un acento o tener la sospecha”, denuncia Andolz.
Cuando la línea roja se cruza
Para Andolz, “en una democracia el objetivo principal es llevar a esa persona ante un juez”, recuerda. El uso de la fuerza letal solo debería darse en circunstancias muy concretas. “El policía siempre tiene que ver claramente que hay una amenaza directa para poder actuar”.
Los casos recientes, sostiene, no encajan en ese marco. “El que vaya a sacar un teléfono no es razón suficiente”. Y pone un ejemplo concreto. “En el caso de René Good le decía ‘te perdono’. Son frases antipáticas, que te pueden hacer sentir mal, pero en ningún caso amenazas”.
Por eso su conclusión es tajante. “El uso del arma de fuego está totalmente fuera de lo que debería entrar y permitirse en una democracia”.