Para las supervivientes de Jeffrey Epstein, la última publicación masiva de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha supuesto un avance hacia la verdad, sino una nueva forma de violencia. Lo que debía ser un ejercicio de transparencia institucional se convirtió, para muchas de ellas, en una experiencia de humillación pública y retraumatización. Nombres sin ocultar, rostros visibles y decenas de fotografías de desnudos, algunas de mujeres muy jóvenes, quizá menores, quedaron disponibles durante horas, e incluso días, en una base de datos oficial del Gobierno federal.
Durante años, muchas de estas mujeres lucharon para que los archivos relacionados con Epstein vieran la luz. Lo hicieron convencidas de que solo la transparencia institucional permitiría entender la magnitud del sistema de abusos entre las elites. Las redes de poder protegieron a Epstein y, todavía hoy, las responsabilidades contra el abuso sufrido siguen pendientes. Su exigencia era compatible con la condición de proteger su identidad y su intimidad. La ley que obligó a la publicación de los archivos, la Epstein Files Transparency Act, así lo establecía de forma explícita.
Nada se cumplió
A finales de enero, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, junto con 180.000 imágenes y cerca de 2.000 vídeos. En teoría, todo el material debía haber sido cuidadosamente revisado para eliminar cualquier dato que permitiera identificar a las víctimas. La realidad fue otra. La revisión por parte del Departamento fue caótica. Periodistas de The New York Times detectaron casi 40 fotografías de desnudos sin censura, en las que podían verse claramente los rostros de mujeres jóvenes. Otras redacciones encontraron nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono e incluso datos bancarios.
Las imágenes fueron retiradas solo después de que los medios alertarán al propio Departamento de Justicia de los riesgos de vulnerar la identidad de estas mujeres
“Es difícil imaginar una forma más grave de no proteger a las víctimas”, afirmó Annie Farmer, una de las supervivientes más conocidas del caso Epstein, que fue abusada cuando tenía 16 años. Farmer describió la publicación de ese material como “extremadamente perturbador” y reconoció sentirse ingenua por haber confiado en que el Estado cumpliría con su obligación legal. Aun así, insistió en que la transparencia sigue siendo necesaria. “La verdad no es repugnante, lo es la forma en que se ha manejado”, dijo.
La traición del Departamento de Justicia a las víctimas
Esa distinción es clave para entender el estado de ánimo de las víctimas. No se arrepienten de haber exigido la publicación de los archivos. Pero se sienten traicionadas por las instituciones que prometieron hacerlo “de la manera correcta”.
Danielle Bensky, otra superviviente, relató que al revisar los documentos encontró su nombre repetido una y otra vez. “Las redacciones no tienen ningún sentido”, explicó en una entrevista televisiva. “Esto no es un juego para nosotras. Es nuestra vida”. Bensky recordó que las víctimas se reunieron con varios líderes del Congreso, incluidos responsables republicanos, y éstos les aseguraron que su privacidad sería respetada. “Nos miraron a los ojos y nos lo prometieron”, dijo. “Luego ves esto y te das cuenta de que no cumplieron”. Abogados de las víctimas informaron al juez federal que supervisa los casos de Epstein y Ghislaine Maxwell de que al menos un centenar de supervivientes habían visto “sus vidas puestas patas arriba” en cuestión de horas. Una de ellas describió la publicación como “potencialmente mortal”. Otra aseguró haber recibido amenazas de muerte tras aparecer información bancaria privada en los archivos.
Para Brittany Henderson, abogada de varias víctimas, la actuación del Departamento de Justicia fue “aberrante”. “No estamos hablando de errores puntuales”, escribió junto a su colega Brad Edwards en una carta al tribunal. “La escala, la consistencia y la persistencia de los fallos no pueden explicarse solo por incompetencia”. Ambos pidieron la retirada inmediata de los documentos con los nombres del sitio web y una intervención judicial urgente.
Son errores “técnicos o humanos”
El Departamento de Justicia ha atribuido lo ocurrido a “errores técnicos o humanos” y ha subrayado que el material problemático representa un porcentaje mínimo del total publicado. También ha asegurado que trabaja “las 24 horas” para corregir los fallos y que ha retirado miles de documentos para una nueva revisión. Pero ese argumento no convence a las víctimas. Para ellas, el daño es concreto por la exposición pública, miedo, la vergüenza y la pérdida de control sobre su propia historia.
Además, muchas señalan una desigualdad difícil de ignorar. Mientras los nombres y los rostros de las víctimas quedaban al descubierto, los de personas poderosas aparecían cuidadosamente protegidos. En uno de los documentos, una fotografía del expresidente Donald Trump figuraba con el rostro completamente censurado. En otros, nombres de figuras influyentes estaban ocultos, mientras que listas de víctimas permanecían legibles. Esa asimetría ha alimentado la sensación de que, una vez más, el sistema protege a los poderosos y sacrifica a quienes ya fueron dañadas.
Cuando el Estado no protege a las víctimas
El efecto disuasorio preocupa especialmente a las supervivientes. “Esto puede provocar que otras víctimas no se atrevan a hablar”, advirtió Bensky. “Si ven que el Estado no puede, o no quiere, protegerlas, ¿por qué iban a confiar?”. Para muchas organizaciones de defensa de víctimas, ese es el impacto más peligroso del desastre por el mensaje implícito de que al denunciar se paga un precio demasiado alto.
A pesar de todo, las víctimas no se rinden. Varias han reiterado que seguirán exigiendo la publicación completa de los documentos pendientes y una investigación real sobre las redes que permitieron a Epstein actuar durante décadas con impunidad. “Sentimos que están jugando con nosotras”, dijo Lisa Phillips, otra superviviente. “Pero no vamos a dejar de luchar”.
Esa determinación convive con el cansancio y la rabia. Para ellas, el episodio no es solo un fallo administrativo, sino una repetición del mismo patrón que marcó su experiencia con Epstein. Ellas vuelven a sentirse desprotegidas por decisiones tomadas sin su consentimiento.
La transparencia, sostienen, no puede construirse sobre la revictimización. Si el Estado quiere arrojar luz sobre uno de los mayores escándalos de abuso sexual de la historia reciente, deberá empezar por cumplir con su palabra hacia las víctimas.