La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, ha conmocionado a Durango y a México entero. La adolescente ingresó a la Clínica Santa María para someterse a una cirugía de implantes mamarios autorizada por su madre, Paloma Jazmín Escobedo Quiñónez, y realizada por su padrastro, el cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo. Tras la operación, Paloma sufrió complicaciones médicas severas que incluyeron un paro cardiorrespiratorio y edema cerebral. Permaneció varios días hospitalizada, intubada y en coma inducido, hasta que finalmente perdió la vida el 20 de septiembre.
El caso se volvió aún más polémico cuando su padre, Carlos Arellano, denunció que descubrió la verdadera causa de la muerte solo durante el funeral, al notar que el cuerpo de su hija llevaba un corpiño quirúrgico y presentaba cicatrices recientes en el pecho. A partir de ese momento, exigió una necropsia y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Durango, que investiga posibles delitos de negligencia médica, omisión de cuidados y falta de consentimiento informado.
Un marco legal incompleto
De acuerdo con el artículo 272 Bis de la Ley General de Salud, las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas solo pueden llevarse a cabo en unidades médicas autorizadas y bajo la atención de profesionales con cédula de especialista y certificación vigente. Sin embargo, como advirtió el titular de la Coprised en Durango, Saúl Fernández Saracho, “no hay edad mínima para las cirugías estéticas en México, al menos de manera legislada”.
Esta ausencia normativa deja la decisión en manos de padres o tutores y de la valoración del cirujano, lo que abre un margen de discrecionalidad peligroso. Expertos en bioética y derecho sanitario señalan que el consentimiento informado en menores es especialmente problemático. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) advierte que en adolescentes existe un riesgo elevado por su “inestabilidad emocional e inmadurez, propia de esta etapa, así como crecimiento anatómico inconcluso”.
Más allá del vacío legal, la tragedia ocurre en un contexto de fuerte crecimiento del sector estético en México. Según el médico estético Andrés Rosales, “en general, la demanda de los tratamientos estéticos se ha elevado en un 30% del 2020 a la fecha”, impulsada por la exposición a las cámaras durante la pandemia y la influencia de redes sociales.
México ocupa el cuarto lugar mundial en demanda de procedimientos inyectables y se ha convertido en un destino de turismo médico gracias a costos hasta un 40% menores que en Estados Unidos. Este auge ha normalizado prácticas que antes eran vistas como excepcionales y ha multiplicado el acceso a intervenciones, legales o clandestinas, incluso entre adolescentes.
“Ley Nicole”
La muerte de Paloma Nicole pone sobre la mesa el debate sobre la presión estética sobre niñas y adolescentes. Como explicó el cirujano plástico Jorge Tejada, las cirugías reconstructivas pediátricas tienen sentido en casos de malformaciones congénitas, pero la realización de procedimientos meramente estéticos en menores resulta preocupante. “Cuando llega un paciente en busca de un procedimiento de nariz tenemos que dejar claro que tiene que terminar de desarrollarse la cara antes de hacer cualquier procedimiento estético”, señaló.
Las redes sociales y la exposición constante a ideales de belleza contribuyen a que jóvenes cada vez menores consideren “necesarias” intervenciones que conllevan riesgos graves. El caso de Paloma Nicole refleja cómo esas presiones pueden interrelacionarse con decisiones familiares y con un sistema médico insuficientemente regulado.
La indignación social ha impulsado respuestas en el ámbito legislativo. Apenas días después de la muerte de la adolescente, el diputado Gerardo Villarreal Solís presentó una iniciativa para crear un marco específico que regule las cirugías estéticas en menores. Según explicó, “debemos garantizar por encima de cualquier interés el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Ninguna intervención que ponga en riesgo su vida o su futuro puede permitirse y debe haber controles estrictos”.
La llamada “Ley Nicole” no busca prohibir de manera absoluta estos procedimientos, sino establecer requisitos adicionales como dictámenes médicos y psicológicos, consentimiento informado de ambos padres y el asentimiento expreso del menor según su madurez. Se trataría, por tanto, de un marco preventivo que equilibre el derecho a decidir con la protección de la infancia.
Mientras la investigación judicial avanza para determinar responsabilidades individuales, el debate público apunta a una conclusión más amplia: México necesita con urgencia reglas claras y efectivas que protejan a sus menores de decisiones irreversibles tomadas demasiado pronto.