La rutina de Ghislaine Maxwell en la prisión federal para mujeres de Bryan, Texas, se ha convertido en un espacio inesperado de contrastes. Allí, en un nuevo recinto de mínima vigilancia en el que las barreras físicas desaparecen, transcurre ahora la vida de la socialité británica condenada por su participación en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Su condena a 20 años de cárcel, dictada en 2021 por reclutar y preparar a menores para que fuesen explotadas por el financiero, se proyectaba como un cierre definitivo de uno de los capítulos más turbios que han marcado la política y a la élite económica estadounidense en las últimas décadas. Sin embargo, su nuevo destino ha generado preguntas que se ahogan en los pasillos del Congreso, las oficinas de abogados especializados y las asociaciones de víctimas.
Bryan, situada a unos cien kilómetros de Austin, no es una prisión que encaje con el perfil de una reclusa condenada por delitos sexuales. La política del Bureau of Prisons (BOP) es precisa: los condenados por este tipo de crímenes no deben acceder a instalaciones de mínima seguridad. Pero Maxwell está allí. En un espacio sin vallas perimetrales, con talleres de trabajo, actividades recreativas y condiciones pensadas para internas que cumplen condenas por delitos no violentos o que se encuentran próximas a su fecha de salida. Una ubicación que contrasta con la que ocupó primero, en Tallahassee, Florida, donde las restricciones eran mucho más severas y la vida carcelaria respondía a parámetros más rígidos.
Los correos electrónicos obtenidos por NBC News muestran a Maxwell describiendo su traslado como una mejora tangible. En sus mensajes asegura que el personal es atento, que no observa peleas, consumo de drogas o situaciones de desorden. Esa descripción, casi administrativa, se ha convertido en una pieza clave para quienes sospechan que disfruta de un trato de favor. Una sospecha que cobró dimensión política cuando el congresista demócrata Jamie Raskin envió una carta a la directora de la prisión, Tanisha Hall, preguntando por lo que definió como “tratamiento VIP” de Maxwell.
La carta menciona episodios que, de confirmarse, explicarían la inquietud creciente en Washington por su persona. A Maxwell le llegan comidas enviadas directamente a su habitación, tiene horarios distintos para entrenar en el gimnasio por la noche, duchas fuera del turno habitual, arreglos especiales para recibir visitas, un cachorro puesto a su disposición por un programa de entrenamiento de perros de servicio y un supuesto clima represivo contra internas que intenten hablar con la prensa. Raskin cuestionó en voz alta qué estaría ofreciendo Maxwell, o qué estaría callando, a cambio de recibir un trato que contradice las regulaciones federales. Lo hizo en su carta a Hall, pero también en otra dirigida al presidente Donald Trump, a quien preguntó sin rodeos qué información estaría aceptando silenciar la reclusa para recibir consideraciones que no se conceden a nadie más.
Este gesto político ha subido de tono al saberse que Maxwell trabaja en una solicitud de conmutación de pena dirigida a la Administración Trump. La posibilidad de que busque una intervención presidencial a su favor, reaviva el caso Epstein y proyecta sombras nuevas sobre un Gobierno que no termina de alejar las sospechas que se ciernen sobre Trump vinculadas a la figura del financiero. La Casa Blanca negó que el presidente esté considerando un perdón. Pero la negativa, en un clima tan agitado, no alcanza para difuminar las sospechas.
El equipo legal de Maxwell ha respondido con firmeza. Su abogado, David Oscar Markus, afirmó que las acusaciones alrededor del supuesto trato preferente son exageraciones y que la presencia de su cliente en una prisión más segura debería ser un objetivo deseable para cualquier persona recluida. Otros integrantes de la defensa añadieron que Maxwell no busca clemencia presidencial, lo que prepara es una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal en Nueva York, donde asegura que han surgido pruebas nuevas desde 2021. El argumento introduce un matiz judicial distinto, una vía paralela a la narrativa sobre privilegios que domina el debate público.
No obstante, más allá de lo que diga su defensa, varias voces del ámbito jurídico han expresado su desconcierto. Ex Fiscales y expertos en condiciones carcelarias coinciden en que el tipo de beneficios atribuidos a Maxwell no se ajusta al patrón habitual para una condenada por delitos sexuales. Sostienen que quienes cumplen penas por crímenes semejantes suelen ser aislados por razones de seguridad y que su presencia en un entorno tan abierto no resulta coherente con los criterios del BOP. Algunos mencionan la posibilidad de un intercambio de información o silencio ofrecido a cambio de mejoras. Otros, más escépticos, advierten que ciertos privilegios pueden estar inflados o basados en interpretaciones incompletas, pero aun así subrayan que su traslado a Bryan es en sí un hecho sin precedentes.
El BOP, en un comunicado, afirmó que investiga cualquier insinuación de favoritismo y que sanciona a los empleados que vulneran sus reglas. Una respuesta institucional que intenta contener el desgaste provocado por el escándalo, pero que no responde por qué Maxwell, de todas las reclusas del sistema federal, se encuentra en un entorno que contradice las normas, y por qué sus movimientos despiertan tanto interés en el centro del poder. El ruido político se alimenta también de la figura misma de Maxwell. Ella es la única socia de Epstein que ha enfrentado prisión. La muerte del financiero en 2019 eliminó la posibilidad de una investigación completa sobre la red que habría construido durante años y que, según múltiples testimonios, contaba con conexiones en esferas del poder económico y político. La presencia de Maxwell en Bryan, junto con la referencia a un mensaje antiguo en el que Epstein la describe como alguien en contacto frecuente con Donald Trump, abre grietas en el sistema político norteamericano.
El futuro de Maxwell dentro de la prisión es incierto. Los expertos consultados por distintas organizaciones mediáticas coinciden en que las solicitudes de conmutación rara vez llegan a buen puerto y que el proceso está saturado. También recuerdan que el Tribunal Supremo rechazó escuchar su apelación, lo que limita sus opciones. Pero el tono con el que analizan el caso no es concluyente y apuntan que, con Trump, las reglas habituales se alteran. Lo imprevisible se vuelve parte del cálculo político y Maxwell aparece como un elemento incómodo dentro de esa imprevisibilidad.
Su vida en Bryan, descrita en correos en los que la ausencia de conflictos cotidianos parece un indicador de bienestar, contrasta con la presión mediática y legislativa que la envuelve. La prisión, que debería funcionar como un espacio de cumplimiento de condena, se convierte casi en un escenario político. Su favoritismo se advierte en los medios estadounidenses que interrogan al Estado sobre la equidad de su sistema penitenciario y sobre la relación entre justicia y poder.
Ahora todo depende de la investigación del BOP con la que se busca resultados concretos. Se está cuestionando la capacidad del país para observar su propio sistema penitenciario porque no es posible que una interna condenada por tráfico sexual de menores reciba un trato distinto al resto mientras ese trato permanece sin explicación. En esa pregunta se concentra el significado político del caso. Un significado que trasciende a Maxwell y que obliga a examinar los mecanismos invisibles que a veces modelan el funcionamiento del poder. Su vida en Bryan es hoy un punto de disputa desde el que se observa la distancia entre la ley, el privilegio y la opacidad.