Los socialistas portugueses han reconocido que habrá “sorpasso”, pasarán de la segunda fuerza más votada a la tercera por detrás de la ultraderecha. Una vez que culmine el recuento de los votos en el extranjero tras las elecciones del 18 de mayo, Chega los superará, convirtiéndose en el principal partido de oposición en Portugal.
“El PS tendrá que pasar a ser el tercer mayor partido en número de diputados después de que sean escrutados los votos en las comunidades (extranjeras) en Europa y fuera de Europa”, indicó el líder de los socialistas Carlos César.
Nuevo paradigma en Portugal
El PS perdió 20 diputados, frente a los 78 que consiguió en los comicios anteriores. Ante esta situación inédita en Portugal en la que Chega será la segunda fuerza más votada, en Artículo14 preguntamos a la experta María Asensio sobre el próximo Parlamento luso. Asensio, que es profesora asociada de Ciencias Políticas y Políticas Públicas del Iscte-Instituto Universitario de Lisboa, asegura que Portugal “se enfrenta a un nuevo ciclo político en el que la gobernabilidad ya no puede darse por sentada”. Sobre la escasa presencia de diputadas lusas, que no llega al 35% en el nuevo Parlamento, la politóloga asevera que “resulta cada vez más evidente que una cuota del 33,3% ya no responde a las exigencias de una democracia que aspire a la igualdad sustantiva”. Es más, para Asensio, “el estancamiento actual es una señal clara de que ya no basta con cumplir el mínimo”.
-¿Es Portugal ingobernable? ¿Podrá Montenegro formar un gobierno fuerte o habrá nuevas elecciones el año que viene?
–Portugal no es ingobernable, pero sí se enfrenta a un nuevo ciclo político en el que la gobernabilidad ya no puede darse por sentada: debe ser construida activamente, día a día, a través de una cultura democrática de negociación, límites y responsabilidad institucional. Lo que estamos observando en el escenario actual no es una crisis de gobernabilidad estructural, sino una fase de mayor complejidad en la formación de gobiernos, derivada de una creciente fragmentación del sistema partidario y de una mayor volatilidad en el comportamiento electoral. La emergencia y consolidación de nuevas fuerzas políticas —particularmente Chega, pero también la Iniciativa Liberal y Livre— ha modificado de forma sustancial la dinámica parlamentaria. El bipartidismo tradicional entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata (PSD) ya no garantiza, por sí solo, mayorías estables. Eso obliga a las formaciones con ambiciones de gobierno a desarrollar estrategias más sofisticadas de coalición o de acuerdos parlamentarios puntuales. En este contexto, la capacidad de Luis Montenegro para formar un gobierno fuerte dependerá fundamentalmente de dos elementos. En primer lugar, de su habilidad para establecer una arquitectura parlamentaria mínimamente estable, ya sea mediante acuerdos formales con otros partidos o a través de mecanismos más informales de apoyo legislativo. En segundo lugar, de su decisión respecto a Chega: si mantener una línea de separación clara, como ha reiterado hasta ahora, o si flexibilizar esa posición para facilitar la aprobación de iniciativas clave. Esta segunda opción tendría costes políticos importantes, tanto internos como externos, y podría tener consecuencias a largo plazo para el sistema democrático portugués, en términos de legitimidad y normalización de actores extremistas. Si opta finalmente por gobernar en minoría, Montenegro deberá gestionar una legislatura marcada por la necesidad constante de negociación, concesión y construcción de consensos, lo cual puede resultar funcional, aunque precario. Sin una base mínima de estabilidad parlamentaria, el gobierno estaría expuesto a bloqueos legislativos o incluso a crisis que podrían desembocar en la convocatoria de nuevas elecciones. Sin embargo, más que una cuestión de debilidad institucional o ingobernabilidad inherente, este posible desenlace dependería sobre todo del comportamiento de los actores políticos en los próximos meses: de su capacidad para priorizar la estabilidad, mantener líneas rojas claras y responder con responsabilidad a las demandas de una ciudadanía cada vez más crítica y plural.
-El auge de la extrema derecha en Portugal y el descalabro del Partido Socialista, ¿se sentirá en el Parlamento?
-El auge de la extrema derecha y el retroceso electoral del Partido Socialista tendrán consecuencias visibles en el funcionamiento del Parlamento. La entrada con fuerza de Chega como segunda fuerza política y el debilitamiento de uno de los pilares del bipartidismo portugués no solo alteran el reparto de escaños, sino también el tono y el contenido de los debates legislativos. ¿Se notará en el Parlamento? Sin duda. La presencia reforzada de la extrema derecha introduce una presión discursiva nueva, especialmente en temas como inmigración, seguridad, justicia y políticas sociales. Aunque no tengan acceso directo al gobierno ni formen parte de mayorías legislativas estables, su peso numérico les da capacidad para condicionar la agenda pública y provocar desplazamientos retóricos de otros partidos hacia posiciones más duras.
-¿Se tendrán que hacer más leyes que los contenten?
-No necesariamente. La aprobación de leyes depende del juego de mayorías, y tanto el PSD como el PS han expresado hasta ahora una línea roja respecto a integrar a Chega en acuerdos de gobierno. Sin embargo, incluso sin pactos formales, la influencia puede ejercerse de forma indirecta: mediante el uso del Parlamento como plataforma mediática, o por la presión que su discurso ejerce sobre el electorado y, por tanto, sobre las estrategias de los partidos tradicionales.
-Como ha ocurrido en Francia y Alemania, el número de mujeres diputadas no ha supuesto un récord en estas últimas elecciones. ¿A qué se debe que no haya más políticas electas?
-Lo primero que hay que decir es que esto no es casual. Hay una combinación de factores que lo explican —estructurales, partidarios y también culturales— que siguen dificultando que las mujeres lleguen en mayor número a la Asamblea de la República.
En primer lugar, aunque Portugal cuenta desde 2006 con una ley de paridad que obliga a que ningún sexo represente menos del 33% de las candidaturas en las listas electorales, esta ley tiene limitaciones importantes. Se aplica únicamente a las listas, no a los puestos efectivamente elegibles. Es decir, los partidos pueden cumplir formalmente con la paridad situando a mujeres en posiciones bajas de las listas, sin posibilidad real de ser elegidas. Esta práctica, conocida como “paridad de fachada”, reduce el impacto transformador de la legislación. En segundo lugar, la lógica interna de los partidos sigue siendo un obstáculo. En muchos casos, las estructuras partidarias están dominadas por redes masculinas, con criterios informales de selección que favorecen a candidatos varones con más antigüedad, visibilidad o experiencia previa. Incluso en partidos con retórica de igualdad de género, la falta de voluntad política para impulsar listas cremallera (alternancia hombre-mujer) o cupos en puestos elegibles limita el avance real. Además, hay factores culturales persistentes. A pesar del progreso en igualdad formal, las mujeres siguen enfrentando mayores dificultades para conciliar la vida política con responsabilidades familiares, y existe un sesgo —a veces explícito, a veces implícito— sobre su “idoneidad” para ciertos cargos. Esto influye tanto en la autoexclusión de potenciales candidatas como en la percepción del electorado.
Las estructuras partidarias todavía están muy dominadas por hombres, y muchas veces se siguen criterios informales de selección que favorecen a los candidatos varones —por su antigüedad, su visibilidad pública o su trayectoria política previa. Incluso en partidos que hablan abiertamente de igualdad de género, pocas veces se ve un compromiso real con medidas como la alternancia obligatoria entre hombres y mujeres en las listas, o el establecimiento de cuotas en los puestos más altos.
-¿Ha servido la ley de paridad de 2006 del 33,3%? ¿Debería ser más ambiciosa?
-Sí, la ley de paridad de 2006 fue, sin duda, un paso importante. Establecer que ningún sexo puede representar menos del 33,3% en las listas de candidatos permitió avanzar en la representación de las mujeres, especialmente si tenemos en cuenta que, antes de su aprobación, el número de diputadas en el Parlamento portugués era sistemáticamente inferior al 20%. A partir de ahí, hubo una mejora progresiva. En 2011, por ejemplo, ya se llegó al 27,4%, y en 2015 al 33%, justo el umbral legal. En 2019 incluso se alcanzó un récord con casi un 39% de diputadas.
-¿Y desde entonces?
-Ahí es donde está el problema. Desde 2019 hemos visto un estancamiento e incluso una ligera caída. En 2022, la cifra fue del 33,6% y, en las elecciones más recientes de 2025, con 77 diputadas, se alcanzó solo un 34,1%. Se está cumpliendo la ley, sí, pero no se va más allá. La cuota mínima se respeta, pero no se traduce en un compromiso real con la paridad.
Esto ocurre porque muchos partidos cumplen la norma solo en lo formal. Colocan mujeres en las listas, como exige la ley, pero a menudo en posiciones no elegibles. Además, no hay incentivos para ir más allá del mínimo, ni sanciones efectivas que desincentiven este tipo de prácticas. Al final, el impacto real de la ley depende más de la voluntad política de los partidos que del marco legal en sí.
A la luz de esta evolución, es legítimo plantear que la ley debería ser revisada y fortalecida. Resulta cada vez más evidente que una cuota del 33,3% ya no responde a las exigencias de una democracia que aspire a la igualdad sustantiva. Deberíamos hablar de subir ese umbral al 40%, o incluso al 50%, como se ha hecho en otros países. Y no solo eso: habría que introducir mecanismos más exigentes, como la alternancia obligatoria en las listas (hombre-mujer), sanciones claras para quienes no cumplan, e incluso medidas de apoyo a candidaturas femeninas en zonas más difíciles o a nivel local.
Pensando en los partidos actuales, como AD o Chega, no vislumbro que la ley de paridad de 2006 se haya revelado suficiente para garantizar una representación equitativa y sostenible de las mujeres en el Parlamento portugués. La Aliança Democrática cumple la ley, pero no ha mostrado señales claras de querer ir más allá. Y Chega, directamente, rechaza las cuotas. Consideran que son imposiciones ideológicas y defienden una visión formal de igualdad sin medidas específicas. Así que, si el impulso legislativo depende de estos partidos, no parece probable que haya avances. En el mejor de los casos, nos quedamos donde estamos; en el peor, se corre el riesgo de retrocesos. Si queremos avanzar hacia una democracia verdaderamente paritaria, necesitamos más ambición política y reformas más profundas. El estancamiento actual es una señal clara de que ya no basta con cumplir el mínimo.