La política de mano dura de Donald Trump contra los inmigrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos está teniendo como víctimas colaterales a los niños, según denuncian organizaciones no gubernamentales.
Si en su primera presidencia Trump impulsó una polémica política de separación de los menores indocumentados de sus familias para disuadir a los sin papeles de entrar en el país y empujar a los que ya estaban en él a abandonarlo, en la segunda, su agresiva campaña de deportaciones masivas está aterrorizando a muchas familias y dificultando la tutela y atención de menores, no solo extranjeros, sino también estadounidenses hijos de inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional lleva meses ejecutando cambios en sus procedimientos para facilitar la expulsión de los menores no acompañados que lograron entrar en Estados Unidos y despojarlos del derecho a la asistencia legal. También ha endurecido los requisitos para que sus familiares y allegados puedan ocuparse de ellos, dejando a muchos en un limbo peligroso y con el objetivo de aterrorizarlos, según denuncian los colectivos que los apoyan.
En ocasiones, los agentes de la temida agencia ICE, la encargada de aplicar las leyes de inmigración, “están deteniendo a inmigrantes delante de sus propios hijos”, dijo en conversación con Artículo14 Primitiva Hernández, directora de 805 Undocufund, una organización de apoyo a las minorías de California.
En uno de los casos que atiende, una mexicana fue detenida cuando acudió con su hija de diez años a una cita a la que ambas habían sido convocadas en una oficina de Inmigración. La mujer no tenía un estatus legal en Estados Unidos, pero había abierto su casa a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y enviado los documentos para probar que es una cuidadora fiable.
La madre fue transferida a un centro de detención de inmigrantes y la abuela tuvo que acudir entonces a hacerse cargo de la niña. Pero ella tampoco tiene los papeles en regla y poco después su petición de asilo fue denegada. Tendrá que dejar el país y no está claro quién se va a ocupar de la menor.
Es frecuente que sean parientes o amigos de la familia quienes se ocupen de los menores que entraron no acompañados o cuyos padres han sido expulsados, pero las nuevas directrices del gobierno están sembrando el miedo entre ellos.
Un documento interno de ICE filtrado en abril instruyó a los agentes a buscar a los menores que han sido liberados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para ubicar a sus parientes y ver si pueden ser deportados. También se colocaba específicamente en el objetivo a los cuidadores que no tenían vínculos de consanguinidad con los menores.
En ocasiones, han sido niños estadounidenses los que se han quedado sin sus padres, extranjeros deportados, según han reportado varios medios locales. Y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció que ICE deportó a tres niños de 2, 4 y 7 años de nacionalidad estadounidense a los que detuvo en Nueva Orleans y a los que no permitió acceso a la preceptiva asistencia legal.
Los menores fueron deportados en cuestión de horas junto a sus madres extranjeras sin que ninguna pudiera comunicarse con el exterior, ni mucho menos con sus abogados, lo que, según la ACLU, contraviene las propias directrices internas de ICE.
La abogada de inmigración Erin Hebert, del despacho Ware Immigration, dijo: “Deportar niños ciudadanos estadounidenses es ilegal, inconstitucional e inmoral. La velocidad, brutalidad y el modo clandestino en que estos niños fueron deportados va más allá de lo imaginable y todos los funcionarios implicados deberían rendir cuentas”.
Otra de las polémicas medidas ha sido la de suprimir casi en su totalidad los fondos de los programas destinados a proveer representación legal en los tribunales de Inmigración a los menores no acompañados. Ahora, muchos de ellos comparecen sin asistencia de ningún tipo y tienen que, sin consejo alguno, dar respuestas y tomar decisiones que pueden tener consecuencias decisivas en su futuro y afectar a sus posibilidades de evitar ser repatriados a sus países de origen, muchos castigados por la guerra, la delincuencia o la pobreza.
Abogados de inmigración cuentan que cada vez más se ven casos de niños de corta edad o adolescentes que comparecen ante los jueces sin tener idea de qué es lo que está pasando.
“Es una emergencia”
Hernández aseguró que lo que está ocurriendo “es una emergencia”. Denunció además que en el condado californiano de Santa Barbara los agentes están negando el derecho a asistencia legal a los migrantes detenidos y que “hay mujeres embarazadas en centros de detención a las que se está negando la atención prenatal”.
California está siendo uno de los frentes más calientes de la guerra del gobierno contra la inmigración ilegal y las autoridades de este estado dominado por los demócratas están tomando medidas para tratar de mitigar el impacto de la embestida federal en los más pequeños.
Los agentes de ICE se han presentado en varios colegios preguntando por menores que estudian en ellos, pero los responsables de los centros les han negado el acceso. “¿Cómo va a ser un niño de segundo de primaria de interés para las agencias de seguridad?”, se preguntó uno de ellos.
Pocas semanas después, el gobernador Gavin Newson, que se ha erigido en uno de los más prominentes detractores de Trump, firmó una ley que impide a ICE y otras agencias federales de seguridad acceder a colegios y hospitales sin una autorización judicial.
“La firma de esta ley envía un mensaje claro a las agencias de Inmigración de que las familias y estudiantes no deberían vivir en el miedo”, dijo el legislador estatal Mike Fong. Pero no está claro que la norma vaya a bastar para frenar a un presidente Trump que ha dejado claro que los extranjeros en Estados Unidos son uno de sus principales objetivos, sin importar la edad que tengan.