La pregunta es dilapidadora: “¿qué precio se le pone a una vida robada?”. Quien la formula de manera retórica es Tracy Chapman, la mejor amiga de Kathleen Folbigg, la australiana que pasó 20 años en la cárcel de manera injusta condenada erróneamente por asesinar a sus cuatro hijos. La respuesta ha llegado este viernes por parte del fiscal general del Estado, Michael Daley: dos millones de dólares australianos -poco más de un millón de euros-. Esta es la compensación económica que Nueva Gales del Sur (NSW) ha determinado y que se antoja insuficiente para la mujer exonerada en 2023.
“Estoy decepcionada, aunque no me sorprende la falta de empatía y comprensión con respecto a todo mi caso y mi situación”, reconoce Folbigg en declaraciones exclusivas a Artículo14. “No tengo fe en nuestro Gobierno ni en el sistema legal de este Estado. Mi única esperanza es que nadie más tenga que lidiar con un sistema tan inhumano. Quiero impulsar una reforma”, sostiene.
Folbigg se muestra parca en palabras. Está “muy triste y agotada”, después del anuncio y de la justificación del premier de NSW, Chris Minns, quien afirmó que la cantidad ofrecida es todo lo que el Gobierno estatal puede permitirse. “Esta es la mayor cantidad de dinero que podemos asignar a estas circunstancias y a esta situación sin restarla de otros programas importantes”, destacó. “Es el dinero de los contribuyentes de NSW y no sale de un sombrero mágico”. La cantidad ofrecida representa aproximadamente un 0,0015 por ciento del presupuesto anual del Estado, que asciende a 128.000 millones de dólares.
“Sistema misógino”
La justificación ha sido catalogada como “vergonzosa” por Chapman, quien defendió a su amiga en todo momento mientras estaba en una cárcel de máxima seguridad y era tildada como “la peor asesina en serie de Australia”. Finalmente se demostró que sus hijos no fueron asesinados y que fallecieron por unas extrañas mutaciones genéticas que fueron descubiertas por la científica española, Carola García de Vinuesa. El error judicial, iniciado por la acusación del exmarido de Folbigg, evidenció “un sistema misógino” que tardó demasiado tiempo en aceptar la realidad basada en la Ciencia.
“Es una oferta de indemnización vergonzosamente baja, sin una disculpa y sin una reforma”, destaca Chapman. “Tanto la cantidad como la forma en que se ha expuesto demuestran lo deteriorado que está el sistema”. Sostiene que hay una falta de empatía porque se reduce “una vida humana a una transacción financiera excesivamente simplificada, también una falta de responsabilidad porque se “ofrece una indemnización sin una disculpa pública completa ni un cambio sistémico y una falta de visión porque se ha medido “la justicia sólo en dólares, y no en el daño causado, la confianza rota o las vidas de Kath y todas las demás personas afectadas”, esgrime “malhumorada”.
El primer abogado de Folbigg, Brian Doyle, también se ha mostrado contrariado con la compensación. En declaraciones a ABC, ha afirmado que su mensaje para el fiscal general y el primer ministro sería: “¿Cómo se sentirían si los encerraran durante 20 años y al final sólo les dieran dos millones de dólares?”. Además, les instó a que se “pongan de acuerdo” y le “hagan una oferta adecuada”. Añade que para una persona que ha estado en la cárcel durante 20 años por delitos que no cometió, “la agonía mental es bastante fuerte”. Algo que sucedió además de perder a sus cuatro hijos. El letrado insta a Folbigg a que responda al fiscal general con un “bueno, gracias por su oferta, pero es ridícula, ¿qué tal si nos presenta una oferta adecuada?” y deja abierta la puerta a una potencial demanda al Estado, aunque, “por supuesto, eso llevaría al Tribunal Supremo y podría tardar años”, sostuvo.
Científica española clave en su exoneración
Folbigg fue condenada en 2003 por matar a sus cuatro hijos en un periodo comprendido entre 1989 y 1999. En 2023, las condenas fueron anuladas durante una Comisión Especial de Investigación encabezada por científicos que presentaron evidencias genéticas que ponían en duda la sentencia original. Nuevas pruebas médicas encabezadas por la española, García de Vinuesa, en 2018 determinaron que dos de los hijos fallecidos portaban una mutación genética poco común en el gen CALM2, capaz de provocar arritmias letales y muerte súbita infantil. Sus hallazgos, avalados por prestigiosas publicaciones científicas y una comunidad internacional de expertos, socavaron la tesis original de los fiscales, que se basaba en pruebas circunstanciales, informes psicológicos cuestionables y prejuicios. Gracias al impulso de García de Vinuesa, la evidencia científica ganó peso en el proceso judicial, lo que abrió la puerta a nuevas investigaciones, una petición de indulto firmada por más de 100 científicos y, finalmente, a la exoneración y liberación de Folbigg en 2023 tras dos décadas de encarcelamiento injusto. En 2024, solicitó una indemnización y este viernes se hizo pública.
“Las mujeres pueden ser deshumanizadas”
“Este tipo de ‘resolución’ es administrativa, no humana”, continúa Chapman. “Cumple con los requisitos. Evita la responsabilidad. Y refuerza el mensaje de que algunas vidas -especialmente las de las mujeres, las personas sin voz, las incomprendidas- pueden ser descartadas, deshumanizadas y luego mal remuneradas por el daño causado”.
Chapman es amiga íntima de Folbigg desde su juventud, y una de las figuras más persistentes y comprometidas en la lucha por demostrar su inocencia. Mientras estaba entre rejas, Chapman dedicó buena parte de su vida a cuestionar el fallo judicial, a impulsar nuevas investigaciones y a mantener viva la atención mediática sobre el caso. Refinanció su casa para costear parte de la defensa legal, contactó a científicos y abogados, su profesión se vio afectada y lideró campañas públicas en busca de justicia. Fue clave en abrir camino a las nuevas pruebas genéticas que exonerarían a su amiga. La propia Folbigg ha reconocido que sin ella, probablemente seguiría en prisión. En cuanto se anunció la compensación, Chapman se unió a una campaña que pide una revisión de la cantidad económica ofrecida.
“Es profundamente decepcionante y, francamente, refleja el sesgo sistémico que vemos tan a menudo en el trato que reciben las mujeres en nuestro sistema político y judicial aquí en Nueva Gales del Sur”, afirma.
Precedentes en varones: mayores indemnizaciones
Una petición online iniciada por el Partido Verde cataloga la compensación como “una bofetada que apesta a misoginia” y defiende que dos millones de dólares apenas cubren lo que Kathleen podría haber ganado con un salario a tiempo completo durante 20 años. “Kathleen no sólo ha perdido 20 años de salario, sino que también ha perdido a sus cuatro hijos, su hogar y su capacidad para trabajar. Ha acumulado gastos legales por luchar contra su condena injusta, ha perdido su pensión y ha sido víctima de una de las peores injusticias en la historia de este estado: el encarcelamiento inmerecido”.
Dos precedentes recientes son los de Andrew Mallard, condenado por asesinato en 1995, cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo y fue puesto en libertad en 2006. Recibió una indemnización de 3,25 millones de dólares australianos -1,8 millones de euros- en 2009. David Eastman, condenado en 1995 por el asesinato de un comisario adjunto de la Policía Federal Australiana, vio como su condena fue anulada y fue puesto en libertad en 2014. Declarado absuelto en un nuevo juicio en 2018, recibió una indemnización de siete millones de dólares australianos en 2019 -casi cuatro millones de euros-. Ambos varones recibieron una cantidad superior a Folbigg en relación al tiempo que pasaron injustamente encarcelados y la inflación.