La auditoría que presentó en agosto de 2024 Óscar Puente, ministro de Transportes, hizo saltar por los aires la lealtad de un José Luis Ábalos todavía libre de imputación, pero ya relegado al grupo mixto tras el estallido del caso de corrupción del que es protagonista. A partir de ese momento, anunció que actuaría como verso suelto en el Congreso de los Diputados y que no haría “seguidismo” del PSOE.
El informe de Puente no le sentó nada bien y ahora da un paso más y, directamente, se querella contra los artífices de la mismo. Estrategia que también seguirá Koldo García, según adelantan fuentes de su defensa a Artículo14. Esto es, harán frente común contra el ministro. Este lunes, este periódico desveló nuevos audios de García en los que hacía insinuaciones sobre el ministro: “Tiene una cantidad de trapicheos que no es normal”.
En concreto, en su querella, Ábalos acusa de falso testimonio a Belén Villar, actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, y a Belén Roel de Lara, “persona que elabora y firma el informe de auditoría”.
Es relevante el nombre de Villar. Fuentes del entorno de Koldo García la enmarcan en el círculo cercano del PP. De hecho, aseguran estas fuentes, es próxima a Rafael Catalá, ministro de Justicia en tiempos de Mariano Rajoy. De ahí que sospechen que ese informe pudo estar totalmente “manipulado”.
Algo que también deja claro Ábalos en su querella, dudando de la idoneidad de que fuera ella la encargada de revisar unos contratos que se realizaron cuando “ostentaba las funciones directora del gabinete de la Subsecretaría de MITMA, máximo órgano de formalización de la contratación y ejecución de los expedientes o métodos de auditoría interna”. Es decir, que ella revisó unos procesos en los que estuvo involucrada.
En la extensa querella, presentada por un abogado distinto al que representa a Ábalos en el caso en el que está imputado en el Supremo, considera que la auditoría de Puente se realizó con una “pulsión de celeridad” para ponerlo rápidamente en el conocimiento de la opinión pública y “pretender mostrar transparencia y alejamiento de los anteriores responsables del Ministerio”.
Pone además de relieve que el informe “sesgado” condujo a su imputación en el Tribunal Supremo. Y precisa que ese fue el único objetivo de la auditoría: “Solo tuvo una intención y es dotar de una pretendida objetividad el razonamiento de considerar al ministro como esencial responsable de una irregular contratación”, reza el escrito.
Critica su forma de elaboración porque cree que “se vehiculiza y orienta de forma deliberada”. Y que los testimonios recogidos de encargados del ministerio para la elaboración de la auditoría atendieron a un “intento grosero de direccionamiento en la declaración de los entrevistados”. Que, además, no fueron informados en ningún momento de que se estaba realizando dicha revisión interna de los contratos.
La querella sustenta su argumentación en declaraciones de altos cargos del ministerio ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que aseveraron que la auditoría no se hizo con los procedimientos habituales, que se manipularon las entrevistas y que se tergiversó el informe. Según las declaraciones seleccionadas para la redacción de la querella, se contrató a Soluciones de Gestión, empresa cercana al comisionista Víctor de Aldama, para la compra de material sanitario porque aportó la mejor oferta en un estado de emergencia como era la pandemia.
Además, el escrito también se sustenta en un informe del Tribunal de Cuentas “que descartó cualquier atisbo de actividad defraudadora de las arcas públicas en la gestión de estas compras”. Y critica que la auditoría obviara las orientaciones de la Comisión Europea que avalaban dicha gestión.
Ábalos ya presentó un peritaje alternativo pagado de su bolsillo ante el juez Ismael Moreno pero ahora quiere que se le repare el daño que piensa le ha ocasionado esta auditoría.