La defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la investigación que dirige por la presunta malversación en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y sus actividades laborales a un eventual juicio con jurado popular. Una labor “puntual”, describe la defensa de Gómez, que era de “auxilio administrativo”.
Así consta en el recurso de apelación en el que el abogado y exministro socialista Antonio Camacho sostiene que no hay indicios de que la mujer de Pedro Sánchez participara en el nombramiento de Álvarez “ni en el pago de emolumentos”, por lo que descarta que haya cometido malversación alguna.
“Por ello, debemos concluir que tampoco concurre el segundo de los elementos que han de concurrir para incoar el procedimiento del tribunal del jurado”, sostiene para recurrir el auto en el que Peinado acordó transformar las diligencias de investigación e informar a Gómez de que en caso de que esta pieza separada vaya a juicio será juzgada por un jurado popular.
La defensa insiste en que no puede considerarse que la mujer de Pedro Sánchez, “que es una particular”, sea una “funcionaria publica a los efectos de la comisión del delito de malversación”. “Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas”, añade.
Asimismo, sostiene que tampoco puede atribuirse un delito de malversación al resto de investigados en esta pieza separada: la propia Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que fue número dos de Presidencia cuando se realizó el nombramiento de la asesora de Moncloa.
“Ninguno de los investigados respecto a los cuales se incoa la presente causa de jurado puede ser considerado como presunto autor del citado delito”, apunta el abogado de Begoña Gómez.
Asimismo, Camacho hace referencia a los 121 correos que Álvarez se intercambió con la Universidad Complutense de Madrid relacionados con la financiación para la cátedra que codirigía Gómez; un asunto que nada tiene que ver con su papel como asesora de la esposa del jefe del Ejecutivo.
“La labor puntual de Cristina era de auxilio administrativo, nunca encargarse de la misma con exclusividad”. Asimismo, defiende que dichos correos electrónicos representan “solo una mera parte mecánica de transcripción o traslado de mensajes dentro de toda la gestión administrativa realizada”.
Niega que hubiera “intención” de malversar
Por otro lado, recuerda que la malversación es “un delito doloso, lo que implica que la apreciación de una conducta meramente culposa -por grave que sea- conduciría a una sentencia absolutoria”. En este sentido, reitera que “sin dolo no hay delito” y que es “difícil argumentar” que Begoña Gómez, “al pedir como favor la inclusión de una posdata en un correo”, tuviera “la intención de malversar el patrimonio público”.
La defensa también apunta que no puede dejarse de lado que los correos intercambiados con la Complutense se producen en el ámbito de la cátedra que codirigía Gómez por la que “no cobraba cantidad alguna”.
“¿Puede estimarse que ese era un trabajo o que pidió ese favor para beneficiarse económicamente? Creemos que esa interpretación excede de los principios que presiden el Derecho Penal propio de sociedades avanzadas como la nuestra”, expone.