El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en uno de los procesos más delicados de la memoria democrática reciente. El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha activado formalmente el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco. Una entidad que lleva años bajo el foco público por su defensa abierta del dictador y por el uso de incentivos fiscales propios de una institución cultural.
La notificación, enviada este viernes a los responsables de la Fundación Franco, abre un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. A partir de ahí se abrirá un periodo de prueba y, finalmente, Cultura elaborará una resolución definitiva que trasladará a la Abogacía General del Estado. El último paso será la elevación del expediente a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil, que deberán decidir sobre la extinción de la entidad.
La ilegalización de la Fundación Franco entra en su fase final
El proceso contra la Fundación Franco comenzó oficialmente en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura abrió una fase preliminar para recabar documentación e informes técnicos. Con esa información, el Protectorado de Fundaciones —dependiente de Cultura— ha construido un expediente que considera “blindado” desde el punto de vista jurídico.
Fuentes del ministerio recogidas por The Objective explican que el Gobierno confía en que el caso llegue “lo antes posible” a los tribunales. Aunque el calendario judicial podría alargar el proceso hasta mediados de 2026. El Ejecutivo también ha confirmado que, una vez judicializado el caso, pedirá medidas cautelares para impedir la manipulación o destrucción del archivo histórico que custodia la Fundación Franco.
Los informes que sustentan el expediente
El Ministerio de Cultura ha solicitado informes a varios organismos clave: la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado. Todos ellos coinciden en un mismo punto: la Fundación Franco no cumple los requisitos legales para ser considerada una entidad de interés general.
El documento más relevante, elaborado por la Abogacía General del Estado, detalla dos causas principales para la extinción. En primer lugar, que la Fundación Franco no persigue fines de interés público. Y en segundo, que realiza apología del franquismo y ensalza el golpe de Estado de 1936, la dictadura y sus protagonistas.
El informe también advierte de que las actividades de la entidad pueden interpretarse como una forma de “menosprecio hacia las víctimas” del franquismo. Algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) y la Ley de Fundaciones (Ley 50/2002).
Qué dice la Fundación Franco para defenderse
En sus estatutos, la Fundación Franco sostiene que sus objetivos son “culturales, históricos y documentales”. Entre sus actividades, presume de mantener el archivo personal de Francisco Franco, una biblioteca con más de 2.000 ejemplares y un programa de conferencias y publicaciones.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura rechaza esa descripción y considera que su funcionamiento es “opaco”, sin garantías de acceso público ni criterios académicos verificables. Además, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática concluye que la Fundación Franco difunde una “visión inequívocamente positiva del franquismo”. Lo que vulnera de forma directa la normativa vigente.
La investigación también ha incluido informes elaborados por expertos como el catedrático emérito de Derecho Constitucional Javier García Fernández, que analiza la viabilidad jurídica de la extinción, y un estudio sobre la presencia mediática de la entidad y su discurso público.
Qué pasará con el archivo de la Fundación Franco
Uno de los puntos más sensibles del proceso tiene que ver con el archivo que custodia la Fundación Franco, considerado por el Gobierno como un conjunto documental de interés público. El Ejecutivo busca impedir que los materiales sean destruidos o trasladados durante el proceso judicial. Y ya ha avanzado que tomará medidas similares a las empleadas en el caso del Pazo de Meirás, donde el Estado recuperó patrimonio vinculado al dictador.
La intención de Cultura es que, en caso de extinción, el archivo pase a manos públicas o quede bajo supervisión institucional para garantizar su conservación. El ministerio insiste en que “los españoles no deben financiar una fundación que exalta una dictadura”. Especialmente, cuando recibe ventajas fiscales propias de una entidad cultural.
Un debate político y simbólico
El procedimiento para extinguir la Fundación Franco va más allá del terreno jurídico. Supone también una declaración política y simbólica en un momento en que el Gobierno pretende consolidar las políticas de memoria democrática. Desde el Ministerio de Cultura subrayan que el objetivo no es “borrar la historia”, sino “evitar que se legitimen discursos que humillan a las víctimas o justifican la violencia”.
Aun así, el propio Gobierno admite que la disolución de la Fundación Franco no acabará necesariamente con su influencia. Fuentes del ministerio reconocen a The Objective que “la entidad probablemente buscará una nueva fórmula para continuar su actividad”. Aunque sin el amparo legal y fiscal que le otorga su condición de fundación.
Si el tribunal acepta la petición del Gobierno, la extinción se convertirá en un precedente histórico, abriendo la puerta a que se revise la legalidad de otras entidades que enaltezcan regímenes totalitarios o vulneren los principios de la memoria democrática.