Junts materializó la pasada semana su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez al bloquear o anunciar su boicot a todas las leyes en tramitación en el Congreso de los Diputados. Este mismo jueves tiene la oportunidad de orquestar la gran primera derrota al Gobierno en esta nueva etapa, si permite que se alargue la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).
El Ejecutivo relativiza la ruptura anunciada por Junts, aunque sabe que se enfrenta a una nueva negociación “in extremis”. “No he escuchado a Junts pronunciar un veto total”, aseguran fuentes gubernamentales, que insisten en restar hierro al golpe de los de Carles Puigdemont. Y que venden que irán negociando ley a ley con los socios. “La vida hay que surfearla”. Es la actitud con la que encaran en Moncloa una previsible derrota.
La iniciativa llega vía enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible, introducida por el PP durante su tramitación en el Senado. El principal partido de la oposición espera que sea refrendada en el Congreso gracias a Junts, vía abstención o voto a favor.
Los populares no ocultan la oportunidad que tienen por delante: ser los artífices del primer “golpe” de Junts a Sánchez. Esto es: tener más motivos para incidir en la “debilidad parlamentaria” del Gobierno y enarbolar el mantra ya ensayado en los últimos días. “Un gobierno acorralado por la Justicia y noqueado por sus socios”. Si bien, fuentes del PP consultadas por este periódico niegan que en las últimas horas hayan abierto conversaciones en el Congreso con los de Puigdemont con el objetivo de testar su apoyo a la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible.
A su juicio, si ERC y Junts, “son coherentes” deberían emitir el mismo voto que ya confirmaron en febrero, cuando ambos partidos independentistas, con su abstención, permitieron que avanzara una ley del PP para prorrogar la vida útil de las nucleares. Aún así, el PP siempre ha reconocido que existe un canal de comunicación abierto entre Miguel Tellado y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el ámbito parlamentario.
La precampaña extremeña
El debate sobre la ampliación o no de la vida útil de las nucleares llega en un momento político clave. En la antesala de las elecciones en Extremadura, donde 4.000 personas viven directa o indirectamente de la energía nuclear. De ahí que hasta el propio PSOE extremeño se haya comprometido a “interceder” ante Pedro Sánchez para evitar el cierre de las nucleares.
Sin motivación económica
Y, precisamente este martes, el Gobierno confirmó que no vetaría la enmienda del PP aprobada en La Cámara Alta. La Mesa del Congreso celebró una reunión extraordinaria a última hora para calificar las enmiendas, y para admitir los vetos del Ejecutivo a dos de ellas.
Fuentes socialistas consultadas por este diario reconocen que “no hay motivación económica” para vetar la enmienda 145, que afecta al calendario de vida útil de las centrales. El Ejecutivo tiene la potestad, según el artículo 134.6 de la Constitución para mostrar su disconformidad con aquellas iniciativas que supongan una minoración de los ingresos o un aumento del gasto.
La ampliación de la vida de las nucleares es un objetivo perseguido por el PP y reconocido también por los partidos independentistas, que defienden la importancia estratégica de la energía nuclear. De fondo, en Cataluña hay tres reactores nucleares en activo.
Así, el Gobierno se enfrenta este jueves a una votación límite en la que tratará de evitar una derrota parlamentaria. En estos momentos, los votos para que salga adelante la enmienda son muy ajustados. PP, Vox y UPN suman 171 diputados, y el bloque de investidura, otros 164: PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), Podemos (4), BNG (1), el exministro José Luis Ábalos (1) y la parlamentaria de Compromís Águeda MIcó (1). A falta de conocer el sentido de voto de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Así, los siete votos de Junts son los que decidirán el marcador.
Todo, tras una jornada con reproches cruzados entre Congreso y Senado. Fuentes de la Cámara Baja llegaron a lamentar que el oficio con las enmiendas de la Cámara Baja ha llegado en un coche del Congreso, toda vez que el Senado afirmaba no tener ninguno disponible. Y en la Cámara Alta han protestado porque el Ejecutivo tardó “una semana” en hacerles llegar la ley ya aprobada, que han tenido que devolverles en apenas 15 días.
El giro de Gallardo a mes y medio de las elecciones extremeñas
Hasta el domingo, la posición oficial del Ejecutivo sobre el ciclo de vida de las nucleares pasaba por vender que, si las tres empresas propietarias así lo requerían, estudiarían una posible prórroga de algunos de los periodos de actividad. La petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy llegó a finales de septiembre, pero no se ha aclarado aún si cumplen con la condición del Gobierno: que la prórroga no puede ir acompañada por subvenciones o alivios fiscales para una energía que no casa con el esquema defendido hasta ahora por Sánchez, que siempre ha apostado por el impulso a las renovables.
Este discurso se mantuvo tras el apagón del 28-A, aunque el presidente del Gobierno lo matizó en la entrevista del domingo en El País. “Si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta”.
Por eso sorprendió que el lunes, el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se mostrara “seguro” de que el Gobierno prorrogará la vida útil de la central de Almaraz (Navalmoral).
En febrero, tras unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Gallardo la retó a llevarse a Madrid la “basura nuclear”. “La señora Ayuso debe explicar qué interés tiene en la Central Nuclear de Almaraz, más allá de la energía que Extremadura ofrece a Madrid, pues la Central Nuclear de Almaraz ni se la quiere llevar, ni puede, lo que se lleva son los beneficios fiscales, que, si realmente viene a hacer algo a favor de Extremadura, podría ceder a esta región”, apostilló.
La división con Sumar y el enfado de los socios
Entre los aliados parlamentarios del PSOE, pero también en las filas de su socio de coalición (Sumar), apuntan a que el PSOE está calculando cada movimiento con la vista puesta en las elecciones extremeñas.
“El cierre de las centrales nucleares es un compromiso del acuerdo de Gobierno y no vamos a admitir que nadie se desmarque, mucho menos nuestro socio. El cierre de las centrales nucleares es un acuerdo del Gobierno y el PSOE tiene que cumplirlo”, advirtió la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero. “Es inadmisible que se haya introducido por la puerta de atrás una enmienda que lo que hace es convertir la Ley de movilidad sostenible en una ley que permita la prolongación de la vida de las nucleares”, apuntó Gerardo Pisarello (Comunes), del mismo grupo.
Desde sus filas afirman estar presionando al PSOE para que actúe, si bien asumen que es difícil argumentar el veto presupuestario a las enmiendas del Senado. Esperan que los socialistas voten en contra, aunque temen que Junts -ERC también está en una posición incómoda por las centrales en Cataluña- sea quien decante la balanza.
Distintos socios del Ejecutivo apuntan a que la tentación de ganar votos en la inminente cita con las urnas a todas luces va a influir en la estrategia del PSOE. Relajar ahora la presión sobre las nucleares incendiaría a sus aliados de izquierdas, pero la aritmética parlamentaria es tozuda.