Guerra abierta entre la Fiscalía General del Estado y la policía judicial de la Guardia Civil. Según aseguran fuentes fiscales consultadas por Artículo14, Álvaro García Ortiz les ha dado orden de estar atentos “al más mínimo error” de los investigadores del Instituto Armado en los casos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. Un extremo del que son conscientes los agentes, encargados por ejemplo del informe que afecta a Santos Cerdán, el responsable de Organización del PSOE.
La indicación del fiscal general ha levantado ampollas entre algunos miembros del ministerio fiscal. Hablan de un “apoyo desesperado” de García Ortiz al Ejecutivo socialista y recuerdan que hay un caso que le atañe a él directamente. “Está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos y deberá rebatir los informes de la UCO”, destacan las fuentes consultadas.
La orden llega en un momento crucial para el denominado caso Ábalos. Más aún, cuando el Instituto Armado tiene prácticamente listo un nuevo informe con más datos sobre los tejemanejes de la trama que implicarían a Santos Cerdán, el responsable de Organización de Ferraz, tal y como avanzó la pasada semana Artículo14.
La advertencia proviene de la cúpula de la Fiscalía, pero las fuentes consultadas en distintos escalafones de la institución creen que es el Gobierno el que está “detrás” de la campaña contra la UCO, a fin de poner en entredicho su trabajo. “Están preocupados por la cantidad de material sensible sobre el Ejecutivo que tiene en estos momentos la UCO”, arguyen siempre en privado.
En concreto, a Moncloa preocuparía el contenido del móvil de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, y los discos duros que incautó la UCO su casa con información del móvil del exministro en las que estarían parte de las conversaciones con Sánchez filtradas a el diario El Mundo.
Para los fiscales consultados por Artículo14, García Ortiz se extralimita ya que ellos ya miran “con cien ojos esas investigaciones” para que “pase solo lo que está fundado racionalmente”. De hecho, explican que es importante que jueces y fiscales hagan una tarea de “depurar el material que la Policía acopia en bruto para distinguir las probables fuentes de prueba de las meras conjeturas o intuiciones en las que a veces se apoyan los informes policiales”. Por ello, creen que esta función ya se realiza correctamente sin ninguna advertencia de la cúpula del Ministerio Público.
Las críticas a la UCO
Lo cierto es que, desde que estalló la trama, la UCO viene estando rodeada de polémica. Por un lado, las filtraciones con parte del material incautado se suceden. Hay contenido de los informes que llega a la prensa antes incluso de que llegue a los magistrados para enorme enfado del Ejecutivo. Además, han incluido información que muchas veces se exceda del contenido de la instrucción, como por ejemplo, las fotos de la boda del exministro o un terreno en Colombia que compró en 2003, muchos años antes de que llegara al ministerio.
Uno de sus errores más sonados fue malinterpretar las escrituras y confundir pesos colombianos con dólares. Atribuyeron al exministro un chalé por valor de 2,1 millones de euros cuando, en realidad, las fotografías que incluyeron pertenecían a una edificación aledaña y el terreno virgen costaba 751 euros al cambio. Confusión que les obligó a asumir el error y rectificar el informe.
El propio fiscal general se quejó sobre la actuación de los agentes de la Guardia Civil en el caso que le afecta. En concreto, habló de la desproporcionalidad de los agentes en el registro de su despacho y también de que incluyeran en sus informes comunicaciones que mantuvo durante los días de la filtración que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que, a su juicio, nada tenían que ver con la causa.
La mujer del presidente, Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez, también han denunciado en varias ocasiones el “carácter prospectivo” de las investigaciones que le afectan. Por su parte, Ábalos ha llegado incluso a pedir el cambio de policía judicial porque considera que la UCO le empezó a investigar cuando mantenía el aforamiento y el Congreso de los Diputados no había aprobado el suplicatorio, trámite esencial para poder empezar a investigar judicialmente a un diputado.