Pedro Sánchez no tiene respiro en el plano judicial. Cuando todavía se felicitaban en la Moncloa por el trance en la comisión de investigación en el Senado, un nuevo varapalo llegaba desde el Supremo por los pagos en metálico en Ferraz. “Tenemos que ir superando día a día sin ir más allá, porque es todo tremendo”, admite una fuente del Gobierno en conversación con Artículo14.
El viernes a mediodía, en la Moncloa aún se digería la jornada parlamentaria más dura de la legislatura cuando llegó la noticia: el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha pedido a la Audiencia Nacional que analice si el PSOE pudo ayudar al exministro José Luis Ábalos a blanquear dinero. Una decisión que reabre el caso Koldo y que apunta, por primera vez, al partido como posible responsable de una presunta trama de financiación irregular.
Según el auto, la remisión del informe de la UCO al juez Ismael Moreno responde a las dudas sobre los pagos en metálico efectuados desde Ferraz y su trazabilidad. El magistrado subraya que “no han quedado despejadas las incógnitas sobre quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas”. Para la Justicia, el partido deberá acreditar que todo el dinero repartido a través de la Secretaría de Organización tenía origen y destino lícito.
En el PSOE tratan de rebajar el impacto y defienden su actuación con firmeza. “La conducta del PSOE siempre ha sido de máxima colaboración con la Justicia. Así ha ocurrido siempre y así seguirá siendo”, aseguran fuentes del partido a este periódico. “Lo hemos demostrado con la aportación de la documentación al Tribunal Supremo para garantizar la máxima transparencia”, añaden. Las mismas fuentes insisten en que “todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin descuadres ni liquidaciones no anotadas”.
Pero lo cierto es que la frustración invade las filas socialistas, conscientes de que no tienen el control de la agenda judicial, que golpea casi a diario al Ejecutivo.
El lunes, el fiscal
El caso coincide con la semana más tensa para Sánchez desde su investidura. A la tormenta política por la ruptura con Junts se suma la resaca de su comparecencia en el Senado, donde se convirtió en el primer presidente del Gobierno en activo en tener que dar la cara en una comisión de investigación. “Salimos de la comparecencia de Sánchez y la semana que viene ya tenemos al fiscal”, resume otro alto cargo, consciente de la sucesión de sobresaltos.
Este lunes arranca el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Es también la primera vez en democracia que un fiscal general se sienta en el banquillo. En Moncloa asumen que la imagen será “incómoda” para el Ejecutivo, aunque insisten en separar la causa de la acción política.
Además, en los próximos días podría conocerse el llamado “informe Torres” de la UCO, que investiga la gestión del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando presidía el Gobierno de Canarias. En el entorno de Sánchez confían en que “no haya nada relevante”, pero admiten que la expectativa “no ayuda” a recuperar la iniciativa política. Dicho informe ya está en manos del juez, tal y como avanzó laSexta.
El panorama judicial se amplía con otras causas abiertas: la de la llamada “fontanera del PSOE”, en la que se investigan presuntas maniobras para influir en fiscales; el “avance” del caso Begoña Gómez; y los procedimientos contra el hermano del presidente en Extremadura.
La derivada judicial amenaza con prolongar el desgaste político del Gobierno en un momento especialmente frágil. Con Junts fuera del bloque de investidura y los Presupuestos en el aire, los socialistas asumen que cada semana será una prueba de resistencia. “El presidente está acostumbrado a gestionar bajo presión”, sostienen desde el Ejecutivo, donde reconocen estar exhaustos por el calendario en los tribunales. “Es todo tremendo”, sentencian.