La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha dictado dos resoluciones en las que, en una de ellas, cita a declarar como testigo a la vicepresidenta, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, y en otra acuerda incorporar al procedimiento la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, que comió el 29 de octubre con el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón. En este último auto, la magistrada reitera al jefe del Consell la posibilidad de comparecer voluntariamente en el procedimiento para declarar como investigado.
La incorporación de la carta abierta de Vilaplana como documental en la causa responde a una petición de la acusación popular que ejerce Podemos, si bien rechaza llamar a la periodista a declarar como testigo porque esto implicaría “un acto directo de investigación del propio president de la Generalitat”.
En esta línea, reitera al jefe del Consell lo que expuso en otro auto del pasado mes de marzo: existe la posibilidad de que declare como investigado o querellado -es aforado- pero únicamente de forma voluntaria si lo solicita. La jueza ha acordado poner el conocimiento del ‘president’ esta resolución.
Señala la participación de Mazon
En la misma, la magistrada señala que la aportación de esa carta abierta “incide en una serie de elementos que afectarían, no solo a la toma de decisiones en el Cecopi, por los investigados, sino igualmente a la participación que pudiera haber tenido en las mismas el presidente de la Generalitat Valenciana”, al hacer referencia al periodo del tiempo que pasó en el restaurante -que sitúa entre las 18:30-18:45 horas-; a las comunicaciones telefónicas que tuvo con otras personas durante su estancia en el establecimiento y al hecho de que, según la carta, “no demostrara ninguna inquietud tras las llamadas y continuara en el restaurante”.
Según la jueza, estas son cuestiones “que incidirían en la actuación” del ‘president’, sobre el que varias representaciones han pedido el ejercicio de la acción penal. Por ello, sostiene en el auto, contra el que cabe recurso, que si bien ha de unirse la carta abierta -ya pública- al procedimiento como documental, no procedería la declaración testifical de Maribel Vilaplana, como ya ha sostenido en otras resoluciones previas.
“Ha de distinguirse de manera clara entre una carta abierta y una ulterior ratificación en sede judicial de las manifestaciones que se contienen en la misma o de otras que pudiera verter como testigo. Dicha declaración se trataría de un acto directo de investigación del propio Presidente de la Generalitat Valenciana“, indica la instructora.
La magistrada reitera a Mazón “lo expuesto en auto de 10 de marzo de 2025, en cuanto a la posibilidad de la declaración como investigado o querellado, que solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cita a Susana Camarero
Por otro lado, en una providencia, la jueza ha acordado citar a declarar como testigo a la vicepresidenta, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, a petición de la acusación popular de Intersindical Valenciana y de la de Ciudadanos, después de conocerse que estuvo conectada telemáticamente al Cecopi del 29 de octubre entre las 17.00 y las 17.40 horas.
Atendiendo a la petición de esta última formación y a otras acusaciones particulares, la magistrada acuerda también citar como testigo a Ignacio Grande, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales que, según Camarero, siguió con la conexión cuando ella se desconectó para ir a un acto de entrega de premios de la CEV. La magistrada también ha citado, a petición de ACPV, que declare como testigo un comandante de la UME.
Expulsión de la causa
En un segundo auto, la instructora deniega la aclaración de otro del pasado 4 de septiembre por el que acordó la expulsión del procedimiento de una acusación particular. La jueza adoptó esta decisión al considerar que la actuación de esta parte implica un “abuso de derecho” y un “fraude procesal” por ejercer, en realidad, como defensa de uno de los dos investigados, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, al actuar en línea con su letrado.
Además, la persona representada en este caso, familiar de víctimas, había pedido en manifestaciones encarcelar a la jueza; relacionaba la DANA con “ritos satánicos” y extendía bulos sobre la cifra de fallecidos en centros comerciales.