Juan Carlos Peinado tenía intención de no prorrogar de nuevo la instrucción contra Begoña Gómez y darla por finalizada en octubre. Por eso, preguntó a los abogados de las partes por los señalamientos que tienen fijados hasta 16 de octubre, fecha límite de la última prórroga. Sin embargo, en la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid se acumulan ocho recursos del caso aún sin resolver. Dos de ellos presentados esta semana sin fecha para deliberarse.
“Como es causa sin preso esto puede tardar entre cinco y diez meses en tramitarse”, aseguran fuentes del caso consultadas por Artículo14. Razón por la que el magistrado ve ahora más difícil procesar a Gómez este mismo otoño. “Por lógica procesal”, explican estas fuentes, Peinado debería esperar a que todos estos recursos se resuelvan para sentarla en el banquillo.
Dicho esto, con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano, “podría no hacerlo” aunque esto daría un cáliz todavía “más inusual” a su procedimiento, arguyen las fuentes consultadas.
En este marco, Begoña Gómez se enfrenta este miércoles al cuarto cara a cara con el juez. Peinado le cita a declarar por el quinto delito que le imputa: el de malversación de caudales públicos. ¿El motivo? Sospecha que su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, está recibiendo una nómina proveniente de dinero público excediéndose en el ejercicio de sus funciones y ayudando a Gómez con sus negocios privados.
Además, cree que el nombramiento de Álvarez en 2018 fue un enchufe por “la amistad previa” que mantenían antes de su llegada a la Moncloa. Hechos por los que preguntará Peinado si Gómez no se niega a declarar.
Las sospechas del juez se basan en tres correos que envió Álvarez en nombre de Gómez cuando buscaba financiación para la Cátedra que impartía en la Universidad Complutense. En uno de ellos se añadía: “PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, escribió el 8 de febrero de 2024 a Pilar Suárez-Inclán, directiva de Reale. De ahí que Peinado deduzca que pudo haber malversación.
Esta última imputación es precisamente la que ha recurrido esta semana in extremis la defensa de la mujer del presidente al considerar que ese tipo de comentarios se enmarcan en una ayuda en un momento concreto que no puede considerarse delictiva: “Fue un favor, un uso social, y considerarlo un delito es una interpretación del Código Penal alejada de la realidad”, reza el recurso elevado a la Audiencia Provincial.
Además, Peinado solicitó en una de sus últimas providencias todos los correos de la cuenta oficial del Palacio de la Moncloa de Begoña Gómez. Algo a lo que los abogados de Gómez también intentan oponerse porque “pueden guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad”.
Alegan que se solicitó mediante providencia y no mediante auto, una anomalía para este tipo de diligencias ya que afectan a derechos fundamentales como es el derecho a la intimidad y por ello han de estar bien motivadas. La diferencia radica en que, con la providencia, el juez no está obligado a justificar sus pasos y con el auto tiene que exponer por obligación la jurisprudencia en la que se basa para solicitar las diligencias.
“De la mera lectura de la resolución recurrida se infiere que, a pesar de revestir forma de providencia, la misma adopta medidas especialmente invasivas de Derechos Fundamentales […] por eso debía haber adoptado la forma de auto”, expone el abogado de Begoña Gómez.
Por su parte, la defensa de la asesora de Moncloa también impugnó la imputación por malversación. En su caso, la argumentación se basa en que un funcionario público no puede incurrir en ese delito. “Es contradictorio con la postura del Tribunal Supremo, desobedece otra vez a la Audiencia Provincial y contradice la postura previa del propio juzgado instructor”, argumenta. De hecho, la Audiencia ya dejó claro que Álvarez no habría podido cometer malversación: “El funcionario destinado ilícitamente a cubrir necesidades privadas de su superior no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión”, argumentó.
Con estos mimbres acuden ambas este miércoles a los juzgados de Plaza Castilla que volverán a recoger otra vez el dispositivo de seguridad y el despliegue de medios de las cuatro veces anteriores. Ambas presentaron los recursos con poco margen para que la Audiencia los resolviera antes de la citación. Por ello es probable que no declaren arguyendo que van a esperar al fallo de la instancia superior.