El debate judicial de la jornada tiene nombre de mujer. El primero el de la número dos de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, que sustituirá a su jefe, Álvaro García Ortiz; el segundo, Isabel Díaz Ayuso, que copará los titulares a cuenta de la decisión que acuerde la Junta de Fiscales de Sala que se reúne esta mañana por la denuncia interpuesta por su novio, Alberto González Amador, por una presunta revelación de secretos del Ministerio Fiscal; y el tercero la fiscal de Madrid, María de la O Silva, que rompiendo la disciplina impuesta por sus superiores decidió abrirse a investigar si ha habido negligencias por parte de sus compañeros en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por dos delitos fiscales de 350.000 euros entre 2020 y 2021.
Los 36 miembros del máximo órgano fiscal tendrán que retratarse después de que su compañera María de la O Silva decidiera invocar el artículo 27 que recoge que “el fiscal que recibiere una orden o una instrucción que considere contraria a las leyes” o que “estime improcedente” lo pondrá en conocimiento de su jefe. Al tratarse del fiscal general del Estado, en este caso de su segunda porque él se ha inhibido, se resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala.
¿Sobre qué tendrán que pronunciarse? La disyuntiva está en si como defiende María de la O Silva hay que investigar la querella del novio de Ayuso contra el fiscal Julián Salto y a la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, por presuntamente haber facilitado datos a la prensa de los correos de su abogado, o por el contrario acatar el criterio del número dos del fiscal del Estado que ordenó el archivo de la denuncia al entender que no se reveló ningún secreto a la prensa. Ayer se conoció que en el documento del que se filtraron algunos términos, la pareja de Ayuso propuso aceptar ocho meses de cárcel y pagar medio millón de euros para evitar ir a juicio.
Los números juegan a favor de desestimar la denuncia según corroboran miembros del máximo órgano de los fiscales. “Hay mucho miedo a represalias”, indica un veterano en la carrera. Los últimos nombramientos han dado el control a García Ortiz y la ex ministra de Justicia, María Dolores Delgado. Hay malestar en una parte del organismo que destaca que de la veintena de ascensos que se han llevado a cabo desde 2019, dieciséis han recaído en miembros de la Unión Progresista de Fiscales, asociación que cuenta con 200 afiliados de los 2.700 fiscales, denuncian los disidentes.
A priori con los números en la mano la deliberación que arranca a las nueve de la mañana tendría que ser un paseo militar para los intereses de García Ortiz, pero puede acabar siendo una victoria pírrica. En primer lugar cabe recordar que el informe no es vinculante. Es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, quien tiene la última palabra y pese a que reciba un documento favorable a meter en el cajón la querella como ya se hizo con la del Colegio de la Abogacía, pesará de manera determinante los argumentos de los fiscales discrepantes que a su vez son los de mayor peso y veteranía.
El número de disidentes se cifra entre siete y diez. Una minoría nada silenciosa teniendo en cuenta que está desde la fiscal jefa del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, a Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, pertenecientes a la conservadora Asociación de Fiscales. También hay otros nombres con gran predicamento como Javier Zaragoza, fiscal del Supremo, Pedro Crespo del Tribunal Constitucional o el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Si finalmente los veteranos son los que avalan a María de la O Silva el juez del TSJM tendría muy complicado desestimar la querella dado que al haber duda entre fiscales de reconocido prestigio y una querella del Colegio de la Abogacía lo “mínimo” es admitir a trámite la denuncia del novio de Ayuso y practicar las testificales necesarias al margen de que acabe archivándose. En el Supremo impera este criterio dado que advierten de que no se trata de la denuncia de un partido político “a base de recortes de prensa”.
Si finalmente el juez del TSJM opta por citar a declarar a los dos ficales a los que apunta por presunta revelación de secretos la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Julián Salto y Pilar Rodríguez, para esclarecer quién les autorizó a publicar la nota con datos sensibles del abogado el caso tomaría un nuevo cariz para el fiscal general del Estado dado que si le señalasen a él directamente acabaría siendo la Sala de lo Penal del Supremo quién decidiría. Como ya ocurrió con Carles Puigdemont y la acusación de terrorismo por “Tsunami”, el choque de poderes está servido.