Los tribunales marcarán el inicio del curso político quiera o no el presidente del Gobierno. Los frentes abiertos son varios y afectan directamente al presidente y a su entorno directo. El caso Cerdán podría volver a desequilibrar al Ejecutivo una vez se reactiven las investigación judiciales. El que fuera secretario de Organización del PSOE ha pasado el verano en prisión a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo en contra de su encarcelamiento.
En el tablero político hay una calma tensa a la espera de que la UCO de la Guardia Civil vaya entregando los informes pendientes que podrían apuntar a otros cargos del Gobierno. Hasta el momento todos los imputados, tanto presuntos corruptos como corruptores, han seguido la misma estrategia de negar delitos, decir que no hubo amaño de adjudicación de obra pública y apuntar a que las grabaciones de los dispositivos del móvil de Koldo García podrían estar manipuladas.
En paralelo, las instituciones se enfrentan a un acto de Apertura del año judicial histórico y tenso. Por primera vez, y en contra de buena parte del ministerio fiscal, un fiscal general del Estado imputado y al borde del procesamiento presidirá el acto junto al Rey Felipe VI. El magistrado Ángel Hurtado está pendiente de que las partes opinen sobre si en el auto de procesamiento puede suspender de sus funciones a Álvaro García Ortiz. Lo pidió una de las acusaciones populares y el resto de partes personadas tienen de plazo hasta esta semana para pronunciarse. Tras ello, Hurtado podrá redactar el auto de apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos. Por tanto, antes de que acabe el año, podríamos ver a García Ortiz en el banquillo de los acusados.
Para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, el curso comienza con una nueva citación en los juzgados de Plaza Castilla. En principio, el juez Juan Carlos Peinado la programó para el 11 de septiembre, pero su abogado ha pedido un aplazamiento porque tenía fijados otros juicios ese día.
Lo relevante es que se enfrentará por cuarta vez a un cara a cara con el juez Juan Carlos Peinado. Esta vez le quiere preguntar por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Amparándose en la última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, Peinado investiga a Gómez también por un posible delito de malversación de fondos públicos. Trata de dilucidar si la asesora fue nombrada por enchufe debido a la amistad previa de ambas y si en el ejercicio de sus tareas se excedió de sus competencias para ayudar a la mujer del presidente en sus negocios privados. Es decir, si valiéndose del sueldo público que recibía, Gómez utilizó sus servicios para su beneficio privado.
Tras esto, quedan pocas diligencias que ejecutar en las otras patas de la investigación en las que indaga Peinado. La prórroga de la instrucción termina en octubre y todo apunta, según las fuentes consultadas por Artículo14, que no habrá más ampliaciones. Así, Peinado cerrará la investigación y abrirá juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno también antes de que acabe el año.
Por otro lado, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso presentado por el abogado del David Sánchez en contra de su procesamiento. El hermano del presidente está al borde del banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. Se sospecha que cargos socialistas de la Diputación de Badajoz crearon un puesto ex profeso para él, que accedió a la plaza de forma ilícita, que después no acudió a su puesto de trabajo y que además pidió que se contratara a un amigo y ex asesor de Moncloa, Luis Calero, en un puesto cercano a él.
Por estos mismos hechos también están imputados ocho cargos de la Diputación ,el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el amigo de David Sánchez, Luis Calero.