La jueza Nuria Ruiz Tobarra lleva un año indagando sobre la actuación de las autoridades aquel 29 de octubre. La principal incógnita a responder es por qué se envió tan tarde la alerta a la población cuando ya había cientos de muertos. La magistrada sospecha que fue una dejación de funciones del Govern de la Generalitat y, según avanza la instrucción, estrecha el cerco en torno a Carlos Mazón, el president de la Generalitat que estuvo ausente durante toda la tarde en el Cecopi.
De hecho, la última resolución de la Audiencia Provincial de Valencia dejó la puerta entreabierta a esa posible investigación, asegurando que procedería una investigación penal a Mazón para “analizar o investigar lo hecho por acción u omisión impropia” si existieran indicios de que tuvo “alguna participación eficiente en la toma de decisiones en el seno del Cecopi por quien detentaba el Mando Único”.
La alerta a la ciudadanía llegó a las 20:11 y, a juicio de la jueza de la DANA, “llegó tarde y no fue adecuada” porque se envió cuando ya se amontonaban fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes, y no contenía las indicaciones pertinentes.
Lo que se sabe a ciencia cierta es que Mazón estuvo de comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Villaplana hasta las 18:45. Es por ello que la jueza ha llamado a testificar a la periodista el próximo 3 de noviembre para que aporte a la causa aquello que pudiera saber “de lo que el president de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente” con la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, imputada en el caso.
También le preguntará por los “comentarios” que el jefe del Consell pudo hacer “a raíz de dichas conversaciones” o de “todo aquello que hubiera conocido a lo largo del tiempo que compartió con el president la tarde del 29 de octubre de 2024 sobre la reunión del Cecopi”, entre otros extremos. El objetivo es saber si Mazón retrasó de alguna forma el envío de la alerta o influyó en el contenido de la misma.
Sin embargo, la periodista Maribel Villaplana emitió una carta abierta asegurando que se mantuvo al margen en todo momento de las gestiones de Mazón: “El presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Actué, como siempre he hecho, desde la discreción y el respeto que me caracterizan”, escribió.
Otro de los focos activos de la investigación son los vídeos que se grabaron aquella tarde en el Cecopi. La jueza ha requerido a RTVE una “copia de la grabación emitida” y a la emisora local À Punt la aportación voluntaria de los vídeos y audios de esta reunión ante “la gravedad de los hechos”. Asegura que el contenido de las grabaciones podría “contradecir” las declaraciones prestadas por la exconsejera Salomé Pradas en sede judicial, que aseguró que se limitó a seguir indicaciones de los expertos.
Por último, la jueza también investiga los 37 fallecimientos de usuarios conectados al servicio de teleasistencia adjudicado por la Generalitat a una empresa privada. En el punto de mira de está la gestión de la actual vicepresidenta de la Generalitat Susana Camarero, también citada como testigo, porque en ese momento ostentaba la Consejería de Servicios Sociales, encargada de la gestión.
La jueza subrayó que “a la vista de la información disponible, no se tiene constancia de que la Vicepresidencia Primera del Consell o la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda efectuaran consultas meteorológicas a Aemet en las fechas señaladas”.
Además, requirió los pliegos del contrato del servicio que obligaban a la “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia” y exigían a la empresa un “protocolo de actuación” ante “inundaciones” o “riesgo grave”, que no se cumplió.