María Jesús Montero ya tiene su carta de presentación como candidata a las elecciones andaluzas, previstas para 2026. El Consejo de Ministros del próximo martes, el primero de septiembre, aprobará el proyecto de ley que permitirá la condonación de la deuda de las comunidades autónomas -si supera los trámites necesarios-, y Andalucía es la comunidad más favorecida en este reparto.
Su presidente, Juanma Moreno, al que las encuestas auguran que se mantendrá en el cargo, rechaza recurrir a este mecanismo, como hacen el resto de presidentes autonómicos del PP. Montero lo sabe, pero en público y en privado los suyos se muestran convencidos de que el líder del Partido Popular andaluz sufrirá un importante desgaste si se sigue oponiendo a borrar 18.792 millones de euros de la deuda andaluza, para que sea la Administración General del Estado quien la asuma.
“Espero que se recapacite y estoy casi convencida de que va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma no vaya a perdonarse una deuda que provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro”, recitó el viernes desde Sevilla. Ya anunció los criterios de reparto en febrero, pero se ha reservado para este viernes el anuncio, y para el martes el pistoletazo de salida a la tramitación de esta norma.
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general andaluza es la mujer con más peso político del Ejecutivo. La mano derecha de Pedro Sánchez junto con Félix Bolaños, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Y es la primera de los cinco ministros-candidatos que se estrenará en las urnas en el próximo ciclo electoral; el termómetro de confianza del jefe del Ejecutivo. El reto es mayúsculo, y los esfuerzos destinados a esta tarea son más que considerables: “El PSOE de Andalucía lleva en precampaña desde junio, prácticamente”, admiten fuentes del partido en la región.
Andalucía, la comunidad más poblada del país, ha sido durante décadas un granero de votos fundamental para los suyos. Fuentes socialistas de primer nivel recuerdan que a Sánchez no le bastaría la mayoría en Cataluña en las próximas generales si aspira a revalidar La Moncloa, y apuestan por centrar esfuerzos en Andalucía. A su vez, en el territorio recuerdan que las pasadas elecciones autonómicas los últimos escaños se repartieron “por muy pocos votos”, y aspiran a invertir este reparto. Las encuestas, de momento, no les acompañan.
Hay quienes sugieren, incluso en sus filas, que Montero maneja demasiadas carteras, y hasta quienes apuntan a que Sánchez debería relevarla próximamente para que pueda concentrar energías en esta tarea. A la interna no está en duda su capacidad de trabajo, sino la convicción de que tiene demasiados fuegos que vigilar.
El presidente no la sacó del Gobierno cuando le encargó que tomara las riendas del PSOE andaluz, en enero. Tampoco en el Comité Federal posterior a la caída de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE que hoy duerme en Soto del Real por su presunta corrupción. La intención de la vicepresidenta es dejar el Consejo de Ministros más cerca de la cita con las urnas, y en el partido se da por hecho que el presidente respeta su criterio.
Montero, que desapareció de los medios de comunicación y los actos públicos en la primera semana de curso, compareció el viernes para anunciar que la condonación está hoy mucho más cerca de las comunidades autónomas que la soliciten. Y quiso pasar de puntillas por una de las cuestiones que más han erosionado al Ejecutivo a la interna: la financiación singular catalana, que mantiene en pie de guerra a las comunidades del PP y al presidente castellanomanchego, Emiliano García Page.
Hace un año eran media docena los barones indignados con el pacto con ERC para transferir a la Generalitat, que gobierna el PSC, el control de la fiscalidad en Cataluña. Tres de esos barones se han visto reemplazados, y uno, el extremeño Miguel Ángel Gallardo, está procesado junto con el hermano del presidente, David Sánchez. Ferraz ha logrado apagar este fuego.
El viernes, Montero volvió a negar que el mecanismo consista en “cupo catalán”, como le reprocha el PP, que aprovecha para desgastar al Gobierno. La ministra de Hacienda se ha cuidado mucho de aparecer en las fotos de las negociaciones, que sellaron simbólicamente con Salvador Illa en julio. Montero, que es quien decide políticamente sobre los criterios que han llevado a Andalucía a ser la principal beneficiada de las condonaciones, es también quien tiene la última palabra sobre fiscalidad, pero ha tratado de borrarse de estas escenas.
Tiene más difícil pasar desapercibida si el Ejecutivo, por tercer año consecutivo, se muestra incapaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sánchez y sus ministros insisten en que intentarán sacarlos adelante, aunque hasta ahora no han querido comprometer su presentación ante el Congreso si antes no tienen los apoyos atados. Por un lado, insisten en esa voluntad, y por otro el presidente ha destacado que aún cuentan con el oxígeno económico que suponen los fondos europeos Next Generation.
La ministra de Hacienda tiene un papel crucial en su elaboración, pero también en la negociación política con los grupos cuyos votos necesitan. Mientras EH Bildu anticipa ya su apoyo total, Podemos ha planteado condiciones que en el PSOE ven difícilmente asumibles, y Junts per Catalunya se anticipa otro hueso duro de roer.
María Jesús Montero, Pilar Alegría, Diana Morant, Óscar López y Víctor Ángel Torres, los ministros-candidatos del Ejecutivo.
En el PSOE asumen que un nuevo fracaso presupuestario restaría brillo a Montero como candidata. Saben que el PP no dejará de erosionarla por su pasado en las administraciones socialistas involucradas en el caso de los ERE. Ni pasará por alto que Cerdán era el número tres del partido, con la todopoderosa vicepresidenta como número dos socialista. Ella misma y el presidente delegaron en su exsecretario de Organización.
Por si tenía pocos frentes que atender, Sánchez la situó esta semana al frente de la comisión interministerial que coordinará la aplicación del plan contra la corrupción anunciado tras el caso Cerdán. El principal partido de la oposición ya ha criticado esta decisión, como censura el rol de Montero en lo que tiene que ver con la financiación singular catalana. La vicepresidenta primera está obligada a medir con cuidado cada movimiento, y el PP aprovechará cara error para minar su carrera electoral en Andalucía.