El Gobierno aprobará “en breve” en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para condonar parte de la deuda autonómica acumulada entre 2009 y 2023, una medida que podría alcanzar los 83.252 millones de euros si todas las comunidades acogidas al régimen común decidían sumarse. Según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, Andalucía y Cataluña serían las principales beneficiadas, al concentrar conjuntamente más del 43 % del volumen total a asumir por el Estado: 18.791 millones en el caso andaluz y 17.104 en el catalán.
Según indica Europa Press la iniciativa fue diseñada tras el acuerdo entre el PSOE y ERC por el que se acordó aliviar la deuda autonómica de Cataluña en el marco de las negociaciones de investidura. Posteriormente, el Gobierno decidió extender esa posibilidad al resto de comunidades del régimen común —quedando Navarra y País Vasco al margen por sus sistemas forales— en virtud de una metodología presentada por Hacienda el pasado febrero. En última instancia, serán los gobiernos regionales quienes deban solicitar formalmente su adhesión al plan.
Por detrás de Andalucía y Cataluña, figuran en el ranking de potenciales beneficiarias la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones, la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones, y Castilla-La Mancha, con 4.927 millones. También podrían ver reducida su deuda Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones) o Canarias (3.259 millones), así como Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Cantabria (809) y La Rioja (448 millones). Por el contrario, Euskadi y Navarra ya han trasladado al Ejecutivo su intención de recibir una compensación equivalente en el marco de sus propios mecanismos financieros.
La propuesta, que seguirá un trámite parlamentario ordinario tras su aprobación en Consejo de Ministros, generó un fuerte choque político en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mientras las comunidades socialistas respaldaron el diseño planteado, las autonomías gobernadas por el Partido Popular abandonaron la reunión sin llegar a votar, lo que Hacienda interpretó como una abstención “de facto”. El Gobierno sostiene que, a pesar de sus críticas públicas, muchas de esas regiones acabarán adhiriéndose cuando la norma se apruebe.
El Ministerio de María Jesús Montero diseñó un sistema de condonación en tres fases. En la primera se analizó la evolución del endeudamiento regional entre 2009–2013 y 2019–2023, obteniendo como resultado una condonación media del 19 % de la deuda total pendiente a cierre de 2023. La segunda fase planteó una compensación adicional para aquellas comunidades con un porcentaje de condonación inferior a esa media, con el fin de evitar agravios comparativos. Por último, se incluyeron dos ajustes finales para elevar el grado de equidad territorial.
En ese capítulo final, Hacienda identificó a la Comunidad Valenciana como la región con mayor condonación por habitante ajustado (2.284 euros), situándola como referencia. A continuación, se aumentó la cuantía para aquellas autonomías cuya financiación homogénea por habitante ajustado estuviera por debajo de la media entre 2010 y 2022. Además, se concedió otro ajuste para las regiones que hubiesen ejercido competencias normativas al alza en el IRPF durante ese mismo periodo: hasta un 10 % adicional para las que estuvieron por encima de la media y un 5 % para las que se situaron por debajo.
Aunque el Ejecutivo confía en lograr el respaldo parlamentario suficiente, las dudas expresadas por socios como Junts podrían complicar la aritmética. La formación catalana rechaza que una medida acordada bilateralmente para Cataluña se convierta ahora en una condonación generalizada sin contrapartidas específicas para su comunidad. Fuentes de Hacienda insisten, en cambio, en que la propuesta está pensada para reforzar la sostenibilidad de las finanzas autonómicas ante la subida de los tipos de interés y facilitar la transición hacia un nuevo modelo de financiación regional.
Una vez aprobado el anteproyecto, el texto será remitido a las Cortes Generales, donde se abrirá un periodo de debate en el Congreso y el Senado. En paralelo, cada comunidad autónoma deberá adoptar un acuerdo en su consejo de gobierno para solicitar voluntariamente al Estado que asuma parte de su endeudamiento, lo que tendrá impacto directo en sus presupuestos, su capacidad de inversión y su margen fiscal futuro.
De prosperar la propuesta, el Estado absorberá una cifra récord de deuda regional, articulando un rescate financiero con incidencia dispar por territorios pero del que Andalucía y Cataluña emergerán como principales beneficiarias.