Si la pieza separada que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación fuera una partida de ajedrez el tablero quedaría ahora mismo así. Por un lado, el juez Juan Carlos Peinado investiga si su asesora, Cristina Álvarez, se excedía de sus competencias también con la dirección del IE Africa Center. Por otro, las acusaciones populares dirigidas por Hazte Oír piden la testifical de Pedro Sánchez y Félix Bolaños. Y, por último, las defensas de los investigados sostienen que no hay malversación y van entregando los recursos al último auto de Peinado.
Así las cosas, el juez ahora ha pedido todos los correos cruzados entre Cristina Álvarez y el Instituto de Empresa “como organismo”. Una diligencia que pidieron las acusaciones populares hace meses. Su objetivo es comprobar si Álvarez, mientras cobraba un sueldo público de la Moncloa, se dedicaba a ayudar a gestionar el IE Africa Center que dirigió la mujer del presidente.
Cabe recordar que Peinado mantuvo unos meses imputado a su exdirector, Juan Jose Güemes, porque consideró que contrató a Gómez por el mero hecho de ser la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, Güemes defendió en su declaración que el contrato se empezó a gestar en 2017, cuando Sánchez aún no había llegado a la Moncloa, por “su experiencia laboral en marketing y su experiencia académica desde el año 2012 en la Universidad Complutense de Madrid”. Y la Audiencia Provincial acabó tumbando esta imputación por “carecer de fundamento”.
La función de Begoña Gómez durante los años que dirigió el IE África Center fue desarrollar un plan para facilitar inversiones y el desarrollo en ese continente y dirigió el centro hasta 2022. Por lo que en el ejercicio de sus funciones tuvo a su lado a Cristina Álvarez como asesora principal, de ahí que Peinado sospeche que pueda haberle ayudado extralimitándose de nuevo de sus competencias, como la UCO constató con la gestión de la Cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.
Por otro lado, las acusaciones populares salieron de la vistilla de este sábado anunciando que pedirán de nuevo la testifical de Sánchez porque consideran que tiene “un grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia de las actividades de la investigada” por “su doble condición de Jefe del Ejecutivo y esposo de la investigada Gómez”. También quieren volver a escuchar a Félix Bolaños, el ministro de Justicia, que ocupaba el cargo de Secretario General de Presidencia en el momento de contratación de Cristina Álvarez.
Cabe recordar que Peinado quiso imputar a Bolaños por ser el encargado de este nombramiento. Una imputación que el Supremo tumbó de plano. Sin embargo, mantiene imputado al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por ser el siguiente en ocupar el puesto. Y ahora las acusaciones quieren la testifical de la persona que ocupa actualmente el puesto, Judith González, porque creen que todos los superiores jerárquicos de Álvarez han permitido que siga extralimitándose de sus funciones.
En concreto, creen que “la deliberada tolerancia y la pasividad de quienes tenían el deber de control -en particular el investigado Martín Aguirre- constituyen indicios graves de malversación por comisión por omisión”.
Además, las fuentes consultadas de las acusaciones anuncian que solicitarán más diligencias para seguir indagando el grado de participación de la asesora en la vida empresarial de Gómez.
En cuanto a las defensas, mantienen sus estrategias de refutar que todo pueda considerarse malversación. De hecho, este mismo martes, José María de Pablo, abogado de Álvarez, presentó un recurso ante la Audiencia Provincial para dejar sin efecto la última decisión del juez Peinado de convertir el procedimiento en juicio con jurado. En el escrito reitera que su representada no pudo incurrir en el delito de malversación porque ya hay una resolución anterior de la propia Audiencia Provincial que advierte que, en todo caso, pudo incurrir en un tráfico de influencias.
“El funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión”, reza el fallo al que se refiere.
Tras el último informe de la UCO de la Guardia Civil que desvela el intercambio de correos durante meses entre Juan Carlos Doadrio, Vicerrector de la Complutense, y Cristina Álvarez para gestionar la cátedra que codirigía Gómez, en Moncloa sostienen que no hay delito y se amparan en que esos correos los redactó desde su cuenta personal y no desde la oficial de Presidencia. Esto es, mantienen que se tratarían de “favores de amiga”, tal y como declaró la propia Gómez en sede judicial.