En plaza Castilla ya hay una dinámica habitual cada vez que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, acude al juzgado de instrucción número 41. Decenas de periodistas, de agentes de la Policía Nacional, manifestantes convocados por Hazte Oír y la puerta del garaje habilitada por la jueza decana para que pueda acceder el vehículo de Gómez y velar así por la seguridad.
En las formas, lo que diferencia esta ocasión de las otras cuatro anteriores es que el juez Juan Carlos Peinado le ha citado un sábado, el día que tiene guardia y en el que cumple 71 años. En el fondo, lo que cambia esta vez es que no está citada a declarar. Simplemente, acude a los juzgados para que el juez le notifique oficial y presencialmente que ha decidido transformar su procedimiento a un juicio con jurado.
Así, en caso de sentarse en el banquillo por malversación, serán nueve ciudadanos anónimos los que decidan si incurrió en ese delito por la contratación de su amiga, Cristina Álvarez, como asesora personal en lo que respecta a su agenda oficial como mujer del presidente del Gobierno.
Los careos con Peinado
La primera vez que Gómez acudió a plaza Castilla en julio de 2024 se negó a tomar la palabra por no tener toda la información de su imputación. “No sé por qué me investiga”. Solventado el trámite administrativo, acudió por segunda vez y se acogió a su derecho a no declarar.
Fue en la tercera ocasión, en diciembre de 2024, en la que cambió su estrategia de defensa y contestó a las 35 preguntas de su abogado Antonio Camacho. Gómez negó todo tipo de irregularidades en el ejercicio de sus negocios privados. Aseguró que su actividad empresarial y su vínculo como docente en la Universidad Complutense venía de antes de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, tratando así de refutar el tráfico de influencias y la corrupción que le imputa Peinado.
También aseguró que nunca tuvo intención de lucrarse con el software que desarrollaron empresas privadas para la Cátedra que codirigía en la Universidad Complutense y que el logo lo había registrado a su nombre antes de su llegada al centro docente. Con ello quiso dejar por desmentido que hubiera incurrido en un delito de apropiación indebida o intrusismo profesional.
“Mi cliente no tiene nada que esconder. Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando”, dijo entonces su letrado.
La cuarta ocasión fue apenas hace unas semanas. Esta vez fue citada a declarar por el último delito que le imputa Peinado, el de malversación por la contratación, presuntamente, irregular de su asesora y porque dice que usó fondos públicos -el salario de su asesora- para beneficiarse en su vida privada. El juez instructor se basa en la existencia de unos correos enviados por la asesora pidiendo financiación para la Cátedra que codirigía Gómez, cosa que nada tiene que ver con su papel de esposa del presidente.
Gómez volvió solo a responder a su letrado y en una comparecencia de apenas dos minutos negó ese delito de malversación. Reconoció que Cristina Álvarez le había realizado algún “favor de amiga” y que conocía su agenda privada porque era necesario para poder gestionar su agenda oficial.
Según Gómez, Álvarez “ha cumplido perfectamente el desempeño de sus funciones”, precisando que el envío de mensajes “era puntual”, “encargos excepcionales por su relación de amistad”. “Estoy satisfecha con el ejercicio de sus funciones”, sentenció.
Precisamente, tras esta declaración, el juez Peinado tomó la decisión de transformar el procedimiento en juicio con jurado, el trámite al que se enfrenta este sábado Begoña Gómez.