Sumar arremete contra sus socios de coalición por su “inmovilismo” ante la corrupción destapada con la investigación del caso Santos Cerdán. Casi tres semanas después del estallido de la causa por la que el exnúmero tres del PSOE fue enviado a prisión este lunes, la coalición de partidos de Yolanda Díaz eleva el tono y exige a los socialistas que se muevan. Reclaman decisiones, pero no contemplan hoy medidas concretas para forzarles a dar pasos.
De momento se quedan en el terreno de lo discursivo, y lamentan que el partido de Pedro Sánchez no dé muestras de querer moverse, al menos, hasta la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso, el 9 de julio. Es ahí donde exigen tener voz y voto sobre las recetas que plantee el presidente. Fuentes del PSOE se limitan a constatar que ambos socios aspiran a agotar la legislatura.
Tras reunirse con sus socios durante cerca de dos horas y media, el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido a los socialistas de que “el mayor riesgo de la legislatura” es su “inmovilismo”.
En una breve rueda de prensa desde el patio del Congreso de los Diputados, Urtasun ha criticado que el encuentro finalizase “sin avances”, y ha recriminado al PSOE que “no es consciente de la gravedad de la situación” provocada por “la presunta corrupción del señor Santos Cerdán”. “No parecen ser conscientes tampoco de la urgencia en tomar medidas”, apostilló.
Urtasun ha comparecido acompañado por media docena de dirigentes de los partidos que componen Sumar, para incidir en que “la pelota está en el tejado del PSOE”. También ha insistido en que la mitad de legislatura que resta hasta 2027 sólo tendría sentido si adoptan ya una batería de medidas contra la corrupción, además de impulsar las políticas sociales pendientes (entre ellas, los permisos).
Enrique Santiago, portavoz de IU en la Cámara Baja, describía al PSOE como “desorientado y en shock”, pero le exigía que cumpla con las medidas que reclaman, en parte ya acordadas con sus socios hace un año.
Entre las medidas específicas en materia de regeneración han incluido la creación de una agencia independiente; la prohibición de indultar a condenados por delitos de corrupción, o el veto a que las empresas corruptoras puedan acceder a contratos públicos.