María de los Ángeles Barroso, quien fuera tesorera de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, se ha visto envuelta en el escándalo tras las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desvío de fondos destinados a la atención de menores no acompañados. Según las investigaciones en curso, la ya exdirigente de Vox habría utilizado dinero público para financiarse tratamientos de estética personal, además de otros gastos particulares, mientras dirigía un centro de acogida gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.
El caso fue revelado por el diario Canarias7 y ha sido confirmado en el marco de una querella instruida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. De acuerdo con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Barroso empleó una tarjeta de la ONG para pagar un tratamiento estético valorado en 1.500 euros en el Centro Médico de Belleza Hedonai. Se trataba de un bono de seis sesiones de lifting facial integral, cargado de manera irregular a los fondos del centro. Aunque desde la fundación se adujo un “error”, la investigación no ha encontrado constancia de que el dinero fuese devuelto.
El análisis de las cuentas del centro de menores Guiniguada, dirigido entonces por Barroso, ha arrojado irregularidades. La UDEF detectó que al menos 66.486 euros procedentes de fondos de la Consejería de Derechos Sociales fueron retirados en efectivo sin justificación válida. Asimismo, hubo transferencias a cuentas personales de la directora por valor de 6.353 euros y un total de 14.750 euros cuya justificación no se acreditó. Entre los gastos figuran consumiciones en restaurantes, alquileres de vehículos, compras en grandes superficies y adquisiciones sin relación alguna con las necesidades del centro, como productos para piscinas en unas instalaciones que carecían de ellas.
Las pesquisas también revelaron reintegros de efectivo por más de 1,6 millones de euros, operaciones consideradas sospechosas por la entidad bancaria que gestionaba los fondos y que motivaron la alerta al Sepblac y a la propia Fiscalía. La magnitud de las irregularidades llevó incluso a la intervención de la Fiscalía Europea, dado que parte del dinero provenía de fondos europeos del plan Next Generation.
Más allá del uso indebido del dinero, la Fiscalía documentó graves deficiencias en las condiciones de los menores atendidos. Se denunciaron situaciones de hacinamiento, alimentación deficiente y quejas de trabajadores sociales sobre presuntos abusos, conductas vejatorias e incluso prostitución y consumo de drogas dentro de los centros gestionados por la fundación.
El caso adquirió repercusión política tras conocerse el perfil de Barroso. Militante de Vox, fue una de las voces más críticas contra la inmigración en Canarias, que calificó reiteradamente como una “invasión”. Alertaba en público sobre la supuesta llegada de “yihadistas” en pateras y arremetía contra las ONG por lo que consideraba su “buenismo” hacia los migrantes. Paradójicamente, fue acusada de haber aprovechado los fondos destinados a los menores extranjeros para beneficio personal.
Tras abandonar Vox, Barroso concurrió en las últimas elecciones municipales como número ocho en la lista de Unidos por Gran Canaria para el Ayuntamiento de la capital insular, aunque sin lograr escaño. Desde la formación, su presidente Lucas Bravo de Laguna aseguró haberse enterado del caso por la prensa y recalcó que Barroso era “una simple afiliada”.