En pocos días, del 17 al 22 de noviembre, se celebrará en Ginebra la 11º Sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (FCTC), conocida como COP11. Este evento global tiene como objetivo marcar el rumbo de las políticas internacionales contra el tabaquismo y los productos de nicotina. Pero llama de forma especial la atención que uno de los protagonistas sea China, un país con enormes tasas de tabaquismo, una industria estatal del tabaco y grandes intereses económicos que podrían condicionar el debate.
El gigante asiático no solo es parte del tratado y, por tanto, tiene voz y voto en las decisiones. También es dueño de la mayor empresa tabaquera del mundo: la China National Tobacco Corporation (CNTC), que controla más del 40% del mercado global de cigarrillos, y representa una fuente clave de ingresos fiscales para el Estado chino, que cuenta con 300 millones de fumadores.
Esta vinculación entre poder público e industria del tabaco plantea serias preguntas sobre la independencia de las políticas de salud frente a los intereses comerciales. Más aún, el artículo 5.3 del FCTC —que exige proteger la formulación de políticas de control del tabaquismo frente a los intereses de la industria tabaquera— se vulnera en este contexto.
La participación de China en la COP11 plantea serias dudas sobre la integridad de las decisiones que se tomen en esta cumbre de salud pública. A pesar de ser uno de los países con mayor peso en la industria tabaquera mundial, China ha sido señalada por aplicar de forma débil las recomendaciones de la OMS: sus advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos son mínimas y los impuestos al tabaco están muy por debajo de los estándares internacionales.
El conflicto de interés es estructural: el mismo gobierno que debe regular el tabaco es propietario de la empresa estatal que lo produce y comercializa. Esta dualidad compromete la legitimidad de las negociaciones internacionales, especialmente si China utiliza su posición para frenar propuestas más estrictas, como ya ha ocurrido en sesiones anteriores.
Además, desde países como España, existe preocupación por la entrada de productos de nicotina ilícitos procedentes de China, lo que añade una dimensión de comercio ilegal y fiscalización que complica aún más el escenario. En este contexto, resulta inevitable preguntarse cómo puede garantizarse que las decisiones de una cumbre orientada a proteger la salud pública no estén condicionadas por intereses comerciales de países como China.